En el gobierno de Rodolfo Suarez se avanzó en una propuesta de similares características, que no obtuvo los resultados deseados. Hoy es una entidad burocrática "fantasma".
El nuevo ente tendrá consejeros de todas las provincias que firmaron el Pacto de Mayo
Con el objetivo de trabajar en los proyectos que materialicen la implementación de los diez puntos que integran el “Pacto de Mayo ”, el Gobierno de Javier Milei creó el Consejo de Mayo, que estará integrado por representantes del Ejecutivo, de las provincias, del Congreso, sindicatos y cámaras empresariales. Hace unos años atrás, en Mendoza se avanzó en una propuesta de similares características, que no obtuvo los resultados deseados.
Corría julio de 2020. Las restricciones por la pandemia de COVID-19 eran severas y la Legislatura sesionaba desde la virtualidad. Bajo esa modalidad, y sin el apoyo de la oposición, sancionó la Ley que creó el Consejo Económico, Ambiental y Social (CEAS), uno de los proyectos anunciados por el exgobernador Rodolfo Suarez en su primer discurso frente a la asamblea legislativa.
Se trata de un órgano colegiado consultivo, que nació (o se pensó) como un espacio multisectorial público-privado, con diversidad de voces, que aportaría al debate, diseño, planificación e implementación de políticas públicas a largo plazo.
En su reglamentación, se designó a 73 consejeros de diferentes ámbitos, aunque en su composición final la cifra cerró en 86 personas. Exgobernadores, intendentes, funcionarios de Gobierno, legisladores, empresarios, sindicalistas, científicos, religiosos, representantes de organizaciones sociales, políticas y civiles coincidieron en una gran mesa de deliberación en sus primeros dos plenarios: el constitutivo y en el que se diagramó su reglamento interno.
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Con el fin de ordenar su funcionamiento, el organismo se dividió en siete comisiones, que analizarían las diferentes propuestas y elegirían los que se pondrían a votación en una asamblea general. Sin embargo, desde los primeros movimientos -como era de prever- comenzaron los chispazos entre los miembros de su heterogénea composición.
La queja generalizada giraba en torno a la escasa actividad (o directamente inactividad), al tratamiento "digitado" de proyectos, y al incumplimiento de aquella promesa de Suarez de que en su seno se debatirían proyectos de gran impacto social, esenciales para la Mendoza del futuro.
Las primeras ocho iniciativas que aprobó el CEAS y envió para su consideración carecían de relevancia institucional, y solo una -"Transparencia que Alimenta"- fue implementada por el Ejecutivo. Su naturaleza como órgano consultivo no vinculante -de por sí- le quitó protagonismo en la agenda pública y atentó contra toda buena intención que llevase impresa su concepción.
Paulatinamente, el interés de participar de sus miembros se fue desvaneciendo y el Gobierno poco actuó para evitar esa situación. En contadas ocasiones se hizo uso de su función de emitir opinión sobre proyectos, decretos o resoluciones a requerimiento de alguno de los tres Poderes.
La última actividad formal del ente colegiado data de marzo de 2023. En comisiones, el ministro de Hacienda Víctor Fayad presentó la redacción final del proyecto de reforma de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que contó con aportes del CEAS. Semanas después, el expediente fue girado a la Legislatura. Desde entonces, el tratamiento parlamentario ha sido casi nulo.
Suarez mencionó esa experiencia en su último discurso del 1° de mayo, en el cual se refirió al CEAS solo en una oportunidad más, cuando anunció "grandes inversiones" para mejorar la infraestructura en Alta Montaña, enmarcadas en una de las propuestas del Consejo: "Senderos de Gran Recorrido de Los Andes".
El registro de novedades del ente público/privado cerró en aquella alocución. Es más, la página web propia -en la que, entre otras opciones, se podían revisar los más de 100 proyectos presentados por sus consejeros- está fuera de línea desde hace meses.
Según lo establece la Ley que lo creó, el CEAS dejará de existir el 23 de septiembre de 2025. Alfredo Cornejo tiene la potestad de extender su duración por un nuevo plazo de cinco años. Una posibilidad que -a la luz del poco interés mostrado por la actual gestión- difícilmente se concrete.