De acá a fin de año, la Legislatura deberá tratar temas "fuertes" que puso en agenda el Gobierno. Más allá del Presupuesto, se debatirán otros proyectos trascendentales.
Algunos de los "grandes proyectos" ya fueron aprobados por Diputados y otros aún no se tratan.
Foto: Prensa Legislatura MendozaA la espera de la aprobación del Senado para la privatización de IMPSA y la adhesión al blanqueo de capitales dispuesto por el Gobierno Nacional; ya se preparan otros grandes temas que concentrarán la actividad en la Legislatura Mendoza hacia fin de año. Todos enviados por el gobierno de Alfredo Cornejo. Entre esos temas están el Presupuesto 2025, la disolución del EPAS (Ente Provincial de Agua y Saneamiento), la creación de Malargüe Distrito Minero Occidental y el nuevo Código de Aguas.
El proyecto del Ejecutivo que habilita a la provincia a transferir las acciones de la empresa Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima (IMPSA) cuenta con la sanción inicial lograda en Diputados, pero el debate se trabó en el Senado. El martes pasado el oficialismo no logró los 2/3 de votos para conseguir el estado parlamentario; y se espera que este martes se trate. Se descuenta que será ley. Así, Mendoza podrá transferir 454.300.000 acciones ordinarias nominativas no endosables Clase C de la empresa.
Cabe recordar que la empresa solicitó la asistencia del Gobierno Nacional a través del ex Ministerio de Desarrollo Productivo, debido a “la grave falta de capital de trabajo y el riesgo en la continuidad de sus operaciones, pago de salarios, contribuciones e impuestos, entre otros.
La asistencia requerida tuvo por finalidad permitir a la empresa asegurar la continuidad de sus operaciones, mantener la fuente de empleo para sus más de 720 empleados propios y las más de cien PYMES con las que trabaja, conservar las tecnologías desarrolladas durante su historia y contar con el capital de trabajo necesario para mantener sus operaciones. Para ello, el Gobierno Nacional solicitó que la Provincia también fuera parte de esta operatoria”.
La condición bajo la que accedió la Provincia a formar parte de esta operación fue “que el Gobierno Nacional integre la totalidad del monto comprometido, razón por la cual envió un Aporte del Tesoro Nacional.
El proyecto del ejecutivo para adherir al Régimen de Regulación de Activos vigente en la ley nacional se encuentra en la misma situación que la privatización de IMPSA. El objetivo es estimular la economía al permitir que, quienes ingresen al régimen, incrementen los niveles de inversión y la generación de empleo caso de la provincia de Mendoza.
Esta Ley invita a las provincias a adherir a este Régimen de Regularización de Activos, adoptando medidas para liberar los impuestos y tasas locales que los declarantes hayan omitido ingresar.
La "ley de leyes" debía ingresar a la Cámara de Diputados durante el mes de septiembre, pero un viaje del gobernador Alfredo Cornejo a Londres pospuso el trámite. Así, pidieron una prórroga a la Legislatura y se prevé que sea enviado el 10 de octubre.
Según dijo el propio gobernador, se le están haciendo los "últimos ajustes" luego de la presentación del presupuesto nacional que hizo el presidente Javier Milei.
Si bien no quiso anticipar muchos detalles sobre el contenido del proyecto, Cornejo destacó que la propuesta irá en la misma dirección que las otras presentadas por Cambia Mendoza en sus anteriores ocho años de gestión.
Resaltó que se bajarán las alícuotas de “algunos impuestos”, como Sellos y el Automotor, y la eliminación de ciertas tasas que denominó como “irrisorias”.
En cuanto a la deuda pública, avisó que volverá a solicitar el rollover, es decir, el refinanciamiento de créditos de periodos anteriores con nueva deuda. Se pagan los vencimientos que ocurren en el año, de forma que – en principio – se alivien las cuentas públicas, pero con un estiramiento en los plazos.
A mediados de septiembre, el gobernador Alfredo Cornejo envió un proyecto a la Legislatura para que Mendoza EPAS Ente de Agua y Saneamiento no exista más y sus funcionas sean absorbidas por el Departamento General de Irrigación (DGI).
Actualmente, según se menciona en el documento, Irrigación “interviene activamente en la asignación del recurso hídrico, tiene presencia permanente en el territorio”, y “cuenta con una estructura institucional y de profesionales idóneos”.
De esta manera, se considera que la elección del DGI como ente regulador se fundamenta en su sólida trayectoria en la gestión de recursos hídricos, su “profundo conocimiento del territorio mendocino y su capacidad técnica para abordar los desafíos del sector”. Además, la institución cuenta con una extensa red de infraestructura y personal especializado, lo que permitirá optimizar los procesos y reducir costos.
El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados pero aún no es analizado y se espera que en los próximos días vaya el ministro de Gobierno, Natalio Mema, a la Legislatura a explicarlo.
Está en etapa de anteproyecto. Este empezó a gestarse en el 2022. El objetivo inicial fue reunir más de 120 leyes dictadas desde 1884 en un único cuerpo legal, convirtiéndose en el primer proyecto normativo que tiene detrás un proceso participativo abierto a toda la comunidad.
"El desarrollo ha sido guiado desde sus inicios por recomendaciones de organismos internacionales como la CEPAL y la ONU, así como por los criterios establecidos en el Acuerdo de Escazú y las normativas nacionales y provinciales. El objetivo ha sido garantizar un proceso abierto, inclusivo y democrático", remarcan desde Irrigación.
Actualmente y hasta el 15 de octubre está abiero el periodo para que los interesados hagan su aporte. Cada aporte es analizado en un informe escrito que fundadamente su pertinencia, cómo reflejarlo en el documento final que continuará en elaboración en base a la consulta en curso. Una metodología que, para el Gobierno del agua, asegura un proceso que, además de participativo, sea "eficaz y transparente frente a la gran variedad de opiniones que cada tema puede generar".
Así, el anteproyecto continuará disponible en la plataforma https://participa.irrigacion.gov.ar/ . Allí los interesados pueden revisar el contenido y las propuestas y enviar sus aportes u opiniones.
Por eso, se espera que sea enviado a la Legislatura sobre finales de año.
La creación del MDMO es una apuesta al desarrollo de la actividad minera. El proyecto aún no ingresó pero se espera en breve ya que hace unos días se llevó a cabo la audiencia pública de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto en la que hubo 467 ciudadanos inscritos, más de cien oradores y otro centenar de espectadores en las transmisiones de streaming por Youtube y Zoom.
El distrito se ubica en el sector cordillerano y centro-sur del departamento de Malargüe. Cuenta con una superficie de casi 20.000 km2.
Los estudios presentador por el Gobierno sostienen que la región es apta para el desarrollo minero, ya que tiene un enorme potencial geológico y no existe competencia ni por el uso del suelo ni del agua con ninguna otra actividad productiva.
En la zona del distrito minero de Malargüe, hay potencialidad para explorar el cobre, uno de los minerales críticos para la transición energética.