El Presupuesto que envió el Gobierno nacional al Parlamento y que presentó el presidente Javier Milei por cadena nacional se autodefine como un “blindaje fiscal” e introduce por primera vez una regla que obliga a mantener el equilibrio financiero.
El Presupuesto 2026 de Javier Milei promete equilibrio fiscal con proyecciones optimistas, fuertes recortes sociales y un debate político complejo.
Presupuesto 2026: más ajuste para provincias, educación y ciencia bajo el "blindaje fiscal" de Milei.
El Presupuesto que envió el Gobierno nacional al Parlamento y que presentó el presidente Javier Milei por cadena nacional se autodefine como un “blindaje fiscal” e introduce por primera vez una regla que obliga a mantener el equilibrio financiero.
Bajo esta premisa, el Ejecutivo busca transmitir a los acreedores internacionales una señal de disciplina y compromiso con el pago de las obligaciones. Sin embargo, detrás de ese marco de austeridad, el proyecto plantea proyecciones económicas de difícil cumplimiento y recortes sensibles en áreas sociales clave. Estas son las primeras conclusiones del informe del Centro de Política Económica Argentina (CEPA) horas después de que el proyecto entrara a la Cámara de Diputados.
Para el CEPA, el corazón del presupuesto es la prohibición expresa de aprobar cuentas deficitarias. En caso de que caigan los ingresos o aumenten los gastos, la Jefatura de Gabinete deberá recortar partidas para sostener el superávit. El mecanismo prioriza los gastos no obligatorios, lo que en la práctica coloca en primera línea de ajuste a las áreas de educación, salud, programas sociales y obra pública, a pesar de las palabras y nuevos modos presidenciales.
El informe del centro de estudios destaca que el esquema recuerda a normas de disciplina fiscal adoptadas en otros momentos de la historia argentina, aunque con una diferencia central: establece sanciones de nulidad absoluta para las normas que violen sus preceptos. La medida es defendida como un paso hacia la “seriedad fiscal”, pero también genera cuestionamientos acerca de su constitucionalidad y del margen de acción del Congreso, justamente el ámbito que deberá aprobar este presupuesto.
Más allá del marco normativo, el CEPA coincide con otros análisis que señalan que el proyecto descansa sobre supuestos macroeconómicos altamente optimistas. El Gobierno estima un crecimiento del 5,4% para 2025 y del 5% para 2026, tasas superiores a las previstas por consultoras privadas y el propio Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que ubica la expansión para 2025 en torno al 4,4% y la realidad que seguramente marcará un crecimiento mucho más pobre al cierre del año.
La inflación proyectada también resulta llamativa. Según el texto, el índice de precios alcanzaría 24,5% en 2025 –lo que implica un ritmo mensual de apenas 1% en el último cuatrimestre del año– y se reduciría a 10,1% en 2026. La previsión contrasta con las expectativas de los analistas, que ubican la inflación en casi 30% anual, y el REM del Banco Central, que la ubica en los 20 puntos.
El apartado cambiario refuerza las dudas: el dólar oficial se proyecta en 1.325 pesos para diciembre de 2025 y 1.423 pesos para fines de 2026, valores por debajo de la cotización actual, que ayer rompió el techo de la banda cambiaria y motivó que el Central tuviera que vender 53 millones de dólares. Se trataría de una apreciación real de la moneda local, lo que difícilmente resulte compatible con la dinámica inflacionaria, advierte el estudio.
Otro de los puntos críticos del Presupuesto es la previsión de un déficit comercial de 5.751 millones de dólares en 2026, que se ampliaría hasta superar los 16.000 millones de dólares en el trienio 2026-2028.
El Gobierno apuesta a que el crecimiento vendrá de la mano de exportaciones récord, superiores a los 112.000 millones de dólares en 2026, una meta sin antecedentes en la historia argentina reciente. Pero, incluso si esas proyecciones se cumplieran, las importaciones crecerían todavía más, generando un saldo negativo que obliga a preguntarse por el modo de financiamiento. La ausencia de una regla similar a la fiscal en materia externa deja abierta la incógnita sobre cómo se obtendrán las divisas necesarias.
Para el CEPA, el impacto distributivo del Presupuesto 2026 resulta evidente en las transferencias a las provincias. Los recursos de origen nacional destinados a los distritos suman 73,9 billones de pesos, lo que implica una caída real de más del 36% respecto a 2025. El ajuste se profundiza con la virtual eliminación de programas de asistencia financiera y cooperación técnica, recortados en más del 90% respecto a años previos.
En paralelo, el proyecto recorta conquistas históricas en Educación . El artículo 30 elimina la garantía del 6% del PBI para educación, prevista en la Ley de Educación Nacional, así como la inversión progresiva en ciencia y tecnología hasta 1% del PBI. También desaparece el Fondo Nacional de Escuelas Técnicas y se reduce la inversión en defensa.
El CONICET sufrirá una caída del 5,4% interanual, acumulando un ajuste cercano al 40% desde 2023. Las becas estudiantiles retroceden otro 4%, con un recorte acumulado del 76% en el mismo período. En el plano social, las partidas de la Agencia Nacional de Discapacidad se reducen 7,3% interanual y un 27% en comparación con 2023. Programas alimentarios como la Prestación Alimentar y los comedores comunitarios también experimentan recortes significativos.
Uno de los artículos más controvertidos es el 73, que deroga la movilidad automática de las asignaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH). Esto significa que los montos y condiciones para acceder a estas prestaciones quedarán a discreción del Poder Ejecutivo, lo que abre la puerta a congelamientos o reducciones sin intervención del Congreso, advierte el CEPA.
Este es uno de los pedidos del FMI al Gobierno al momento de firmar el acuerdo que liberó las nuevas remesas.
En materia previsional, la ANSES presenta incrementos moderados en prestaciones básicas y asignaciones, pero se reduce el complemento a las jubilaciones mínimas, lo que afecta directamente a los sectores más vulnerables.
Desde lo político, el CEPA advierte que el debate legislativo sobre el Presupuesto 2026 se anticipa complejo. El Gobierno podría incluso especular con un eventual rechazo, lo que lo habilitaría a administrar discrecionalmente con la prórroga del Presupuesto 2023, el último aprobado. En ese escenario, la Casa Rosada buscaría capitalizar políticamente la resistencia parlamentaria, presentándola como un obstáculo al ajuste y la “disciplina fiscal”.
La discusión parlamentaria, más allá de su desenlace, será un termómetro de hasta dónde está dispuesto el sistema político a convalidar esta visión de austeridad.
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