El Presupuesto 2026 congela fondos en educación y elimina garantías legales, generando alerta en universidades, docentes y estudiantes.
Mientras se ultiman los detalles de una movilización que se prevé multitudinaria en defensa del presupuesto universitario, el anuncio presidencial sobre el Presupuesto 2026, transmitido en cadena nacional, buscó instalar la idea de un incremento en áreas sensibles como educación, salud y discapacidad.
Un análisis más profundo del proyecto enviado al Congreso revela lo contrario: lejos de ampliarse, los recursos destinados a la educación se congelan en términos reales y se eliminan disposiciones legales que hasta ahora establecían garantías mínimas de financiamiento.
En un intento por neutralizar las críticas, el mandatario subrayó que habría aumentos en las partidas sociales. Pero los datos del proyecto presupuestario muestran que, en el caso de la educación, el supuesto crecimiento se reduce a la anualización de los recursos ya percibidos en 2025, sin contemplar la inflación ni la pérdida acumulada de los últimos años.
El propio marco macroeconómico proyectado por el Ejecutivo genera dudas. La estimación de un dólar a 1.423 pesos para fines de 2026 quedó rápidamente desfasada, ya que apenas 24 horas después de la cadena nacional la divisa se ubicó en 1.480. También resulta optimista la inflación estimada en 10,1% anual: de superarse, los fondos previstos perderán valor automáticamente, pulverizando cualquier supuesto incremento.
El presupuesto asigna a las universidades 4,7 billones de pesos para 2026. Aunque la cifra puede parecer abultada, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtió que se trata de un monto insuficiente: serían necesarios 7,3 billones para sostener un funcionamiento normal. En otras palabras, lo presentado no implica un aumento sino una prórroga de la situación crítica actual.
Los rectores alertaron que el proyecto “consolida la pérdida y profundiza el ajuste sobre el sistema universitario y científico”. Además, señalaron que la partida depende de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, ya que cada institución deberá presentar información a la Subsecretaría de Políticas Universitarias para recibir los recursos, con la amenaza explícita de interrumpir las transferencias en caso de incumplimiento administrativo.
Desde la Universidad de Buenos Aires se hizo hincapié en que el texto “ratifica el salario docente por debajo de la línea de pobreza y el recorte de los gastos de funcionamiento”, consolidando el deterioro de un sistema que en 2025 ya registró la menor inversión en dos décadas.
Más allá de las cifras, el punto neurálgico del debate educativo se encuentra en el artículo 30 del proyecto de presupuesto, que propone la derogación de normas centrales en materia de financiamiento. Entre ellas se encuentra el artículo 9º de la Ley de Educación Nacional, que fijaba como piso una inversión del 6% del PBI.
Aunque ese porcentaje pocas veces se cumplió —el último antecedente pleno corresponde a 2015—, la eliminación de la obligación implica un retroceso estructural: ya no habrá un parámetro legal que obligue a los gobiernos a sostener o incrementar el esfuerzo presupuestario en educación.
También se deroga la Ley de Financiamiento de Ciencia, Tecnología e Innovación, que establecía un sendero progresivo hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032. Para 2026, la meta intermedia era de 0,59%, pero el nuevo presupuesto apenas cubre un tercio de ese valor.
A ello se suma la eliminación de la cláusula de garantía que impedía reducir la asignación de un año respecto del anterior. Su supresión habilita recortes sin restricciones normativas.
Otra disposición que desaparece es el artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional, que creó el Fondo Nacional para Escuelas Técnicas. Ese fondo representaba el 0,2% de los ingresos corrientes del presupuesto nacional y estaba destinado a infraestructura, equipamiento y programas de capacitación en un sector clave para la articulación entre educación y mercado laboral.
Sin esa fuente de financiamiento, las instituciones de formación técnica quedarán libradas a la asignación general de recursos educativos, ya de por sí insuficiente.
El bloque opositor Fuerza Patria, a través de su jefe Germán Martínez, advirtió que el presupuesto elimina simultáneamente cuatro pilares: el 6% del PBI para educación, la inversión progresiva en ciencia, el Fondo Nacional para Escuelas Técnicas y la previsión de recursos para defensa.
El diagnóstico coincide con la lectura de rectores, docentes y estudiantes, que desde hace meses denuncian una “emergencia universitaria”. La Marcha Federal frente al Congreso, que se desarrollará en paralelo al debate parlamentario, buscará visibilizar la preocupación y presionar para que los legisladores modifiquen el texto enviado por el Ejecutivo.
La política presupuestaria en educación, ciencia y tecnología atraviesa un momento decisivo. Tras dos años de prórrogas y con un sistema universitario golpeado por la inflación y la falta de recursos, el proyecto 2026 no solo no plantea soluciones, sino que institucionaliza el ajuste.
Para las universidades, el financiamiento científico y las escuelas técnicas, la discusión legislativa será determinante: de aprobarse el texto oficial sin cambios, el próximo año podría consolidar un deterioro histórico en la inversión educativa en la Argentina.