El director de Seguridad Privada habló sobre la capacitación, la ley vigente y los límites de actuación de los guardias tras un hecho de agresión en Chacras.
Tras el ataque a un adolescente en Chacras de Coria, el titular de la Dirección de Seguridad Privada, Alejandro Antón, explicó los requisitos de capacitación y el marco legal que regula la actividad de los vigiladores en la provincia. Además, el funcionario remarcó la importancia de la proporcionalidad en cada intervención.
El pasado domingo, un hecho de agresión hacia un menor de edad a la salida de una fiesta en el salón Desert Eventos causó gran conmoción. En un video captado por presentes, se puede ver a un patovica reducir a un adolescente en el piso. Las imágenes suscitaron un debate sobre el accionar del agente y sobre cómo se debe actuar en estos casos.
En esta línea, el titular de la Dirección de Seguridad Privada de Mendoza (DISEP), Alejandro Antón, se refirió al episodio y precisó que, en primer lugar, tanto el guardia -que este lunes rompió el silencio- como la empresa involucrada en el hecho “están registrados y habilitados correctamente”.
No obstante, esto no garantiza que no se cometan actos indebidos. Cualquier persona que quiera desempeñarse en el área de la seguridad privada tiene que atenerse a lo dictado por la Ley 9578/2024, la cual hace fuerte hincapié en la capacitación y en la formación del personal. “Esto no quiere decir que esa persona no cometa después algún tipo de acto antijurídico”, enfatiza el funcionario en diálogo con SITIO ANDINO.
Según explicó, para obtener la credencial oficial, un postulante debe cumplir con requisitos específicos, entre ellos, tener la mayoría de edad: “Para hacer el curso hay que presentar distintas documentaciones, referida a antecedentes penales, certificado de reincidencia y estar radicado en la provincia”. Los cursos están homologados y se dictan en siete institutos de formación que trabajan con el Ministerio de Seguridad y Justicia.
En el caso concreto del accionar de los vigiladores, Antón desarrolló que la resolución de conflictos con violencia física en seguridad suelen ser “muy difíciles de resolver por diversos motivos”. Principalmente, porque todos los incidentes son situacionales y judiciables, aseguró.
El funcionario remarcó que cada hecho depende de múltiples factores: “Las circunstancias van a marcar un poco el destino: si es de día o de noche; si había diferencia numérica; el estado físico de la persona, el estado de salud, si estaba conmocionado o intoxicado”.
“Hoy -continuó-, lo que tenemos es un video de un espectador y el testimonio de las personas. Así que es difícil abrir un juicio sobre ese hecho”.
Por lo expuesto, el director de Seguridad Privada subrayó la importancia de actuar con límites claros: “El guardia, independientemente de la capacitación que tenga, va a estar sometido a la situación de ese momento. La clave es la proporcionalidad y la razonabilidad, que es lo que marca el artículo 34 del Código Penal”.
Si bien lo primordial es evitar una escalada violenta del conflicto, en ocasiones el accionar de los involucrados es imposible de predecir. “Es sumamente complejo porque son situaciones con alto contenido emocional, tanto de la parte que hace seguridad como del cliente. No hay que descartar este factor, más en chicos jóvenes que pueden estar intoxicados o excitados por la música”, añade.
Por otro lado, Antón también indicó que el uso de armas por personal de seguridad privada está regulado por la normativa 9578. “Pueden portar armas neumáticas o portar un bastón, pero para ello tienen que hacer un curso y es un proceso largo. Armas de fuego pueden llevar como quienes transportan caudales, pero se deben regir por la ley federal de armas y tienen que contar con una credencial de legislación de usuarios habilitada por la exAgencia Nacional de Materiales Controlados (RENAR)”.
En comentarios en redes sociales, internautas consultaron por qué el área de Diversión Nocturna no intervino en el hecho. Tras ser consultados por SITIO ANDINO, desde el Gobierno precisaron que la cartera tiene competencia en fiestas habilitadas para eventos especiales o clandestinas.
“[Desert Gala] no funciona como fiesta habilitada, sino que es un salón y tiene las habilitaciones correspondientes. En este caso, se trata de un cumpleaños de 15 con seguridad privada”, de una empresa que se encuentra autorizada para prestar el servicio, aclararon.
