Diputados volteó el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Ahora pasa al Senado y hay expectativas.
Emergencia en Discapacidad: padres y terapeutas de Mendoza, entre la esperanza y la incetidumbre.
Foto: Cristian LozanoLa reciente decisión de la Cámara de Diputados de la Nación de rechazar el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad generó una ola de esperanza y alivio entre padres y terapeutas de la provincia de Mendoza. Sin embargo, la incertidumbre se mantiene, ya que el futuro de la ley ahora depende del voto del Senado.
Este paso, si bien es significativo, no garantiza la solución definitiva a la crisis que afecta a un sector que clama por la regularización de pagos y la garantía de servicios esenciales.
La ley, aprobada por el Congreso en julio, busca regularizar los pagos atrasados a los prestadores de salud y garantizar los servicios para esta población hasta diciembre de 2027.
La falta de un marco legal claro y la interrupción de las terapias ha afectado directamente a miles de familias, generando un profundo clima de incertidumbre en el sector.
Desde la provincia Mendoza, padres, madres y profesionales del ámbito de la salud expresan sus sensaciones y expectativas ante este escenario.
La noticia de la votación en Diputados fue recibida con una mezcla de cautela y optimismo, con la mirada puesta ahora en el Senado.
La psicóloga Paula García (Mat. 5544) destaca la importancia de la ley para garantizar los derechos y el acceso a los tratamientos. "Es un paso muy importante porque hace semanas esto se negó, y actualmente es necesario que la discapacidad sea declarada en emergencia", afirmó.
En su experiencia diaria, la profesional ve la necesidad urgente de abordar las carencias de una población que, a su juicio, "siempre resulta vulnerada". Subraya que la ley permitiría la regularización de pagos y la actualización de honorarios, estancados desde hace un año, lo que impacta directamente en la calidad de los tratamientos que reciben las personas con discapacidad.
García, además, enfatiza que el Estado tiene la obligación de proteger estos derechos y espera que el Senado continúe con esta tendencia. "Es necesario que sean escuchadas, las personas con discapacidad y sus familias", concluye.
Por su parte, Antonella Smareglia, docente de apoyo a la inclusión, califica el resultado en Diputados como "muy positivo" y "esperanzador".
"Desde noviembre de 2024 los prestadores no hemos percibido ningún tipo de aumento", explica. Esta situación, además de precarizar el trabajo, afecta la dignidad de quienes dedican su vida a esta labor. "Es mucha la exigencia y la carga horaria que uno le dedica y necesitamos que ese esfuerzo también se refleje en el sueldo, se trata de una cuestión de dignidad", sostiene.
Romina Krochik, terapeuta ocupacional (Mat. 116) confía en que la decisión de los diputados "sea un espacio de reflexión y mejora". Destaca que la discapacidad y la salud han sido siempre "ámbitos complicados" y que tanto pacientes como profesionales y familiares tienen la esperanza de un cambio.
Otra de las voces para tener en cuenta es la de Elisa Espina, mamá de una niña con autismo y titular de la organización Marea Azul.
"Esta media sanción genera esperanza, sobre todo, porque los derechos fundamentales de las personas con discapacidad deben ser respetados".
Elisa relata el duro impacto del veto presidencial, que obligó a muchas familias a suspender las terapias de sus hijos al no poder afrontar los gastos de manera particular. "Nos genera una cuota de esperanza que pueda haber un revés definitivo y se puedan ajustar los valores en el nomenclador", afirma.
Finalmente, hace un llamado a los senadores: "La discapacidad no tiene color político, atraviesa todo lo que sea una normativa. Acá se trata de hacer valer los derechos de los más vulnerables, personas que necesitan un abordaje, de lo contrario es perjudicial para su salud".