La sesión especial en la Cámara de Diputados es este miércoles. También tratarán la distribución de ATN y la distribución del impuesto a los combustibles.
La Cámara de Diputados tratará los vetos a las leyes de jubilaciones y discapacidad
Foto: Prensa Cámara de Diputados de la NaciónLa Cámara de Diputados de la Nación celebrará una sesión especial este miércoles impulsada por bloques opositores para tratar los vetos del Gobierno a las leyes de discapacidad y de jubilaciones, como también los proyectos impulsados por los gobernadores sobre la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la distribución del impuesto a los combustibles.
La citación a la sesión especial fue solicitada por el presidente del bloque de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, y enviada al secretario parlamentario de la Cámara de Diputados, Adrián Pagan. Para realizar esa sesión, los bloques opositores UxP, Democracia para Siempre y Encuentro Federal deberán tener asegurados los 129 legisladores para habilitar la sesión.
Uno de los puntos centrales de la deliberación del cuerpo será el veto de las leyes de Emergencia de Discapacidad y el aumento de las jubilaciones: para que la oposición pueda insistir con su sanción original deberá tener los dos tercios, mientras que el oficialismo puede ratificar esos rechazos con un solo tercio de los diputados presentes.
En el oficialismo están confiados en mantener los votos para blindar el veto a la Ley de Jubilaciones: para alcanzar su meta los legisladores de La Libertad Avanza, el PRO y sus aliados radicales y provinciales deberán alcanzar por lo menos si 76 voluntades si hubiera 229 legisladores, como sucedió el 5 de junio, dado que depende de la cantidad de diputados presentes en la sesión.
En cambio, los opositores están mas cerca de lograr los dos tercios para mantener la Ley de Emergencia en Discapacidad si se mantuviera la misma votación de la sesión del 4 de junio, ya que había 223 legisladores presentes y esa iniciativa fue aprobada por 148 contra 71 y tres abstenciones.
La sesión comenzará con la discusión sobre los vetos sobre jubilaciones y discapacidad, y luego se tratará un proyecto sobre la coparticipación de ATN, que fue sancionada por el Senado.
Sobre ese punto, así como en la coparticipación de los combustibles, el Gobierno pudo influir dentro del conglomerado de gobernadores que habían impulsado estas propuestas en el Senado, aunque no alcanzan para impedir la sanción de la ley. El proyecto sancionado en el Senado establece que la partida de ATNs para la cual se destina el 1% del PBI se distribuirá de acuerdo a la Ley de Coparticipación Federal.
Desde el Gobierno se proponen mantener el manejo de esas partidas destinadas a emergencias en manos del Poder Ejecutivo, pero solo distribuir el remanente entre las provincias luego de concluir el período fiscal.
Sobre el proyecto de combustibles, que propone reformar la distribución, se aspira repartir ese tributo de la siguiente manera: un 14,29% para el Tesoro Nacional, un 52,02% para las provincias y un 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social.
En tanto, el dictamen promovido por el Gobierno propone que el 28,9% sea para la ANSES y que el resto sea repartido entre la masa de coparticipación, que destina un 42% para las provincias; de esta manera, el fisco nacional se quedaría con aproximadamente el 30% de la recaudación.
En el temario propuesto por la oposición también se contempla un dictamen para modificar el funcionamiento de la comisión de investigadora sobre el caso Libra, el emplazamiento para discutir un proyecto sobre husos horarios, del régimen penal tributario y el veto a la ley de ayuda a Bahía Blanca.
Al respecto, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay declaró el lunes la inconstitucionalidad del veto del presidente Javier Milei a la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad que había sido sancionada por el Congreso el 10 de julio último.
En la resolución, el magistrado dispuso “hacer lugar parcialmente a la acción de amparo” interpuesta por una familia con dos hijos menores con discapacidad y alegó que “el derecho a la salud, educación y rehabilitación de niños con discapacidad debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias”.
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