Diputados rechazó el veto de Milei a la emergencia en discapacidad: qué dijeron y cómo votaron los mendocinos
La oposición reunió cómodamente la mayoría especial de dos tercios y le pasó la pelota al Senado. Los representantes por Mendoza votaron dividido y algunos cambiaron su voto. Los detalles.
La oposición logró rechazar el veto de Milei a la emergencia en Discapacidad
La mega sesión especial convocada para este miércoles en la Cámara de Diputados comenzó con un duro golpe para el gobierno de Javier Milei, con el rechazo del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La oposición reunió cómodamente la mayoría especial de dos tercios, con 172 votos afirmativos, mientras que los libertarios y sus aliados sumaron 73 rechazos. Hubo dos abstenciones.
Ahora deberá ser tratado por el Senado, donde la situación del oficialismo es más complicada que en la cámara baja, por lo que todo indica que la norma quedará vigente. El Gobierno había anunciado esta mañana que estaba analizando un aumento en las prestaciones, así como una judicialización en el caso de que la Ley sea ratificada definitivamente por el Congreso.
El Gobierno Nacional está considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.
Nuestra decisión es priorizar la atención de las personas con discapacidad, fortaleciendo las prestaciones médicas, terapéuticas y de apoyo. Este aumento…
La norma, que actualiza aranceles de prestaciones por inflación y crea una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo, había sido aprobada con amplio consenso político pero Casa Rosada la rechazó por su costo fiscal.
Qué dijo la única diputada mendocina que habló en el debate del veto a Milei a Discapacidad
De los diez representantes por la provincia de Mendoza, solo la peronista Liliana Paponet tomó la palabra, en un duro discurso contra el gobernador Alfredo Cornejo, quien ordenó a sus legisladores a respaldar el veto presidencial.
Exhibiendo diferentes imágenes de la carrera política del mandatario, lo acusó de "rifar sus convicciones", ya que "siempre fue oficialista", indistintamente del color político del gobierno nacional.
Lo responsabilizó por la falta de respuestas en Mendoza, denunciando que OSEP no garantiza prestaciones adecuadas para las familias con discapacidad.
En tanto que valoró como "tristísimo" que el Estado nacional "se haya convertido en el principal discriminador" al negar derechos básicos a personas con discapacidad; y defendió que la norma vetada fue producto del trabajo conjunto de familias, instituciones y prestadores.
Si bien no habló en el recinto, sí se expresó en redes sociales el exvicepresidente Julio Cobos, quien cuestionó la posición del oficialismo por presentar "una propuesta de solución a último momento, en lugar de transitar el camino del diálogo y la búsqueda de consensos en un tema tan sensible".
Como ya ocurrió en otros temas, como el presupuesto universitario, el Gobierno Nacional apela a presentar una propuesta de solución para la discapacidad a último momento, en lugar de transitar el camino del diálogo y la búsqueda de consensos en un tema tan sensible. pic.twitter.com/GToZVm4IKh
Asimismo, insistió con la necesidad de que el Ejecutivo nacional envíe el proyecto de Presupuesto a fin de evitar estas situaciones. "Equilibrio fiscal sí, pero con sensibilidad social y prioridades, y esta es una de ellas", escribió el también exgobernador.
Así votaron los diputados nacionales por Mendoza el veto a la Emergencia en Discapacidad
Lourdes Arrieta (bloque Transformación): rechazo al veto
Martín Aveiro (Unión por la Patria): rechazo al veto
Adolfo Bermejo (Unión por la Patria): rechazo al veto
Liliana Paponet (Unión por la Patria): rechazo al veto
Julio Cobos (UCR): rechazo al veto
Facundo Correa Llano (La Libertad Avanza): aval al veto
Mercedes Llano (La Libertad Avanza): aval al veto
Álvaro Martínez (La Libertad Avanza): aval al veto
Lisandro Nieri (UCR): aval al veto
Pamela Verasay (UCR): aval al veto
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En Mendoza hubo manifestaciones para rechazar el veto de Javier Milei a Discapacidad y Jubilaciones.
Foto: Cristian Lozano
¿Qué establece la ley de emergencia en discapacidad?
La norma declara la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más. Su objetivo principal es garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional en la Argentina.
En ese marco, la ley faculta al Poder Ejecutivo a adoptar medidas urgentes, tanto legislativas como administrativas, para responder a las necesidades del sector.
Entre los puntos principales, se destacan:
Financiamiento adecuado y sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad, incluyendo una nueva figura: la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social. Este beneficio podrá ser compatible con el empleo formal, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, y será gestionado por la Agencia Nacional de Discapacidad.
Compensación económica de emergencia para prestadores de servicios del sistema de atención integral, con actualizaciones de aranceles vinculadas al índice de movilidad jubilatoria. Se reconoce además la función social de estos prestadores como servicios de interés público nacional.
Régimen especial para prestadores, con condonación de deudas, refinanciación impositiva y garantías de sostenibilidad financiera para evitar cortes en las prestaciones.
Fortalecimiento del empleo protegido: se actualiza el monto del estímulo mensual previsto en la ley 26.816 y se facilita el ingreso de personas con discapacidad al Régimen Federal de Empleo Protegido. Además, los empleadores que contraten personas con discapacidad accederán a exenciones del 50% en las cargas patronales por tres años.
Reformas normativas clave, como la redefinición legal del concepto de discapacidad en base al modelo social, la actualización del Certificado Único de Discapacidad (CUD), y la reorganización de los mecanismos de auditoría médica y socioeconómica, con garantías de transparencia y accesibilidad.
Participación activa de las organizaciones representativas, a través de mecanismos institucionales de consulta con personas con discapacidad y prestadores del sistema.
Obligación de rendición de cuentas: el Poder Ejecutivo deberá informar anualmente al Congreso sobre la ejecución presupuestaria, la cantidad de beneficios otorgados, los pagos realizados y las políticas implementadas en el marco de la emergencia.