La Alianza de ONG Mendocinas le pide a la Cámara Baja que respalde la Emergencia en Discapacidad, vetada por el presidente Javier Milei.
En la provincia de Mendoza, son unas 90.000 las personas que padecen algún tipo de discapacidad.
Foto: Yemel Fil
La Alianza de ONG´s Mendocinas, integrada por la Asociación Mendocina de Epilepsia, Asperger Mendoza, AFALH y Creando Huellas, presentó un pedido urgente a los diputados nacionales para que acompañen con su voto el proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad, iniciativa que fue vetada por el presidente Javier Milei.
En un documento enviado a todos los integrantes de la Cámara Baja, entre ellos los diez mendocinos, las organizaciones remarcan que la emergencia es “real y no supuesta”, en contraposición a lo manifestado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según advierten, la situación de miles de personas con discapacidad en el país se agrava día a día y requiere respuestas inmediatas. En la provincia de Mendoza, son unas 90.000 las personas que padecen algún tipo de discapacidad.
Ayer un juez federal declaró inválido el veto presidencial, pero solo para casos particulares.
Entre los puntos más críticos señalados en el escrito se destacan:
Pérdida de pensiones no contributivas para quienes se encuentran en situación de pobreza, lo que implicaría también dejar de recibir atención del Programa Federal Incluir Salud.
Demoras en la asignación de nuevas pensiones, lo que impide a muchas personas acceder a un ingreso básico y a prestaciones esenciales.
Serias dificultades de niñas y niños con discapacidades para acceder a rehabilitación, educación, transporte, medicación y apoyos indispensables.
Riesgo de retrocesos en la inclusión social, ya que quienes lograron avanzar gracias a apoyos específicos podrían perderlos.
Problemas de transporte accesible debido a aranceles bajos y falta de servicios adaptados.
Posible cierre de hogares y residencias para personas sin red familiar, por atraso arancelario y falta de medicamentos.
Las ONG cuestionaron los argumentos de la ANDIS respecto a la financiación y recordaron que el proyecto prevé reasignación de partidas sin creación de nuevos impuestos. También subrayaron el atraso en los aranceles prestacionales, que dificulta la sostenibilidad del sistema, y denunciaron que los trabajadores de talleres protegidos siguen percibiendo $28.000 mensuales desde 2023, sin mejoras reales.
Asimismo, señalaron que la supuesta actualización de valores difundida por la Agencia “omite la inflación acumulada” y en los hechos no revierte la pérdida de poder adquisitivo de los prestadores.
Finalmente, las organizaciones advirtieron que no se trata de esperar soluciones a largo plazo, sino de dar respuestas concretas a una población altamente vulnerable. “Si no se las acompaña ahora, se hipotecará su futuro”, remarcaron en el documento, al tiempo que pidieron a los legisladores “contar con su apoyo a este proyecto”.
