Ley de emergencia en discapacidad: cómo afectará el veto presidencial a casi 90.000 mendocinos

En Argentina, se estima que alrededor del 10.2% de la población tiene algún tipo de discapacidad, lo que equivale a aproximadamente 4.6 millones de personas, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

A nivel global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que 1.300 millones de personas -es decir, 1 de cada 6 en todo el mundo- tienen algún tipo de discapacidad. Se trata de un dato histórico, que abarca a distintos grupos como los adultos mayores y otros con requerimientos de ayuda o compañía. Esta cifra también comprende a todas las personas de distintas edades, desde las recién nacidas hasta los adultos mayores, que demandan atención específica de acuerdo con su condición. Y, obviamente, están incluidas las personas con discapacidades visuales, auditivas, mentales, intelectuales, entre otras.

Por eso, si el presidente Javier Milei decide avanzar con el veto a la ley, miles de mendocinos quedarán expuestos a prestaciones cada vez más precarias y la pérdida de algunas de ellas, como vienen advirtiendo.

Situación crítica para los prestadores

La situación de cuidadores, transportistas, personal de salud y educación que trabaja con personas con discapacidad y sus familias es crítica: desde 2024 no se actualiza su salario y, los últimos aumentos, se encuentran muy por debajo de la inflación.

Según revelaron a SITIO ANDINO los trabajadores, en septiembre y octubre tuvieron un aumento de 1%, respectivamente. En noviembre, el incremento fue en torno al 0,8% y en diciembre -el más reciente- fue de 0,5%. Con este desfase, el valor de las prestaciones de profesionales de la salud, por ejemplo, se ubica en $12.000, mientras que a transportistas el Estado Nacional les paga el kilómetro a $541, cuando el litro de nafta ronda los $1.300.

Qué establece la ley que Milei quiere vetar

La semana pasada el Senado aprobó el proyecto de ley que declara la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027. La iniciativa, impulsada por sectores de la oposición y organizaciones sociales, había sido aprobada el 5 de junio en Diputados por 149 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones. Apunta a garantizar derechos y servicios esenciales para las personas con discapacidad, en un contexto de recortes y demoras en los pagos.

El Poder Ejecutivo manifestó su rechazo a la propuesta, a la que calificó de “regresiva y asistencialista”.

Es un proyecto de ley presentado por el diputado Daniel Arroyo (Unión por la Patria) y otros legisladores, que propone declarar la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. El objetivo es asegurar el cumplimiento efectivo de los derechos de las personas con discapacidad en áreas como salud, educación, trabajo y protección social.

¿Qué establece el proyecto de emergencia en discapacidad?

• Regularización de pagos y actualización de aranceles: se propone saldar las deudas con los prestadores del sistema de salud y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral. La iniciativa declara el sistema de interés público nacional.
• Reforma del sistema de pensiones no contributivas: el proyecto busca garantizar el financiamiento adecuado de las pensiones por discapacidad, revisando las condiciones de acceso y permanencia en el beneficio.
• Fortalecimiento institucional: se plantea mejorar la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y realizar auditorías para identificar y resolver problemas en la gestión de prestaciones.
• Transparencia y rendición de cuentas: el Poder Ejecutivo deberá informar públicamente sobre la ejecución presupuestaria y las políticas implementadas en el marco de la emergencia.
• Compensaciones económicas: el proyecto incluye una compensación de emergencia para prestadores y asignaciones para talleres de producción, con un impacto fiscal estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de entre el 0,22% y 0,42% del PBI.
• Actualización del Certificado Único de Discapacidad (CUD): se propone que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en articulación con el Consejo Federal de Discapacidad, establezca los lineamientos para la certificación de la discapacidad, considerando las condiciones físicas, mentales, intelectuales, sensoriales y sociales de la persona.
• Fortalecimiento de los talleres protegidos y centros de día: se asignan recursos específicos y compensaciones para garantizar su funcionamiento continuo.
• Cumplimiento del cupo laboral: reafirma la obligación del Estado de cumplir con el cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector público.