Personas con discapacidad y prestadores de servicios se concentraron en Mendoza en línea con un reclamo a Nación. Piden la aprobación de la Ley de Emergencia.
Discapacidad en crisis: por el desfasaje salarial, en Mendoza hay incertidumbre en la prestación de servicios.
Foto: Yemel FilEste jueves, prestadores de servicios, personas con discapacidad y familiares autoconvocados se congregaron en la Legislatura de Mendoza por la crítica situación salarial del sector. Se trata de una medida de fuerza en línea con un reclamo en todo el país por el tratamiento de la Ley de Emergencia en el Congreso Nacional.
La situación de cuidadores, transportistas, personal de salud y educación que trabaja con personas con discapacidad y sus familias es crítica: desde 2024 no se actualiza su salario y, los últimos aumentos, se encuentran muy por debajo de la inflación.
Según revelaron a SITIO ANDINO los trabajadores, en septiembre y octubre tuvieron un aumento de 1%, respectivamente. En noviembre, el incremento fue en torno al 0,8% y en diciembre -el más reciente- fue de 0,5%. Con este desfase, el valor de las prestaciones de profesionales de la salud, por ejemplo, se ubica en $12.000, mientras que a transportistas el Estado Nacional les paga el kilómetro a $541, cuando el litro de nafta ronda los $1.300.
Magali Mafauad es licenciada en psicopedagogía y presta servicios a chicos con discapacidad de forma independiente. Si bien no ha dejado de trabajar con sus pacientes, contó que aún no se le depositan las terapias que realizó meses atrás, en febrero. Lo dramático es que su situación no es una excepción, sino algo que aqueja a todos sus pares.
“Esto funciona a través de un mecanismo de integración, donde el Estado es quien regula nuestros honorarios. Hay prestaciones que no han sido autorizadas y nosotras garantizamos la atención porque entendemos que están en una situación de vulnerabilidad, pero cobramos a 90 días, en el mejor de los casos”, relata a este medio. Para otros profesionales, el plazo de pago puede extenderse hasta 120 días.
"Lo que nosotros trabajamos ahora en mayo lo facturamos en junio y lo cobramos, con suerte, a fines de julio. Aún hay obras sociales que nos adeudan noviembre y diciembre. Se han presentado notas, hubo reuniones con el directorio de discapacidad, dijeron que no había plata. Así pasan los días y la situación se complica”, añade Silvia Bonansea, licenciada en Educación Especial.
Hoy, los prestadores, familiares y personas con discapacidad se autoconvocaron para presionar en la Casa de Leyes mendocina y pedir la aprobación del proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad que se tratará en la Cámara de Diputados de la Nación.
Victoria de la Zerda, mamá de una pequeña con discapacidad múltiple, resaltó la necesidad de contar con la normativa que “sería un salvavidas para el sector de discapacidad hasta el 2027”. “Este proyecto pide que se actualicen los aranceles de los prestadores que son el apoyo para que las personas con discapacidad puedan tener una buena calidad de vida”, comienza.
Como consecuencia de la desactualización del nomenclador nacional que rige el valor de los aranceles, muchos profesionales están abandonando las instituciones, Centros de Día o consultorios donde prestan servicios. “Algunos han pasado a hacer terapia a domicilio pero tampoco les alcanza y están, también, dejando a los pacientes. ”, profundiza.
Esta semana, un grupo de diputados de bloques dialoguistas y del peronismo presentó un nuevo pedido de sesión especial para la semana que viene, donde se espera abordar la la emergencia en discapacidad hasta 2027, una iniciativa para otorgar un aumento excepcional del 7,2% a jubilados y pensionados, y la reinstalación de la moratoria previsional.
El proyecto, de hecho, debía tratarse este jueves, pero fue pospuesto hasta el miércoles 4 de junio a las 12.
La aprobación de la normativa es fundamental para garantizar los derechos de las personas con discapacidad y los trabajadores del sector, quienes han sufrido una pronunciada pérdida en su poder adquisitivo mientras intentan garantizar la prestación y calidad de servicio.
“La ley busca garantizar que se cumplan de manera efectiva los derechos. Esto pasa en todo el país, no es solo Mendoza. Pedimos que se actualicen los valores y que se respeten [los pagos], porque estamos empezando junio y no hemos cobrado febrero. Es insostenible”, completa Mafauad.
La situación de los prestadores de servicios de Discapacidad es crítica a lo largo y ancho del país. Esto no es ajeno a la provincia de Mendoza, donde se registraron diferentes jornadas de reclamo y testimonios desde la región norte hasta el Valle de Uco, San Rafael, Malargüe y General Alvear.
Desde el Valle de Uco se suma un testimonio del Centro de Neurorehabilitación pediátrica “Neuroestima”, donde se reclama la declaración de emergencia con el objetivo de lograr tres puntos fundamentales: un aumento significativo del nomenclador nacional, la regularización de las pensiones y una mayor empatía en el trato hacia las personas con discapacidad.
Los centros de día que brindan atención a chicos con discapacidad en San Rafael y General Alvear atraviesan una situación presupuestaria crítica que, incluso, ha puesto en riesgo la continuidad del Centro de Día Nuevo Sol, situado en la segunda comuna.
Por otro lado, en Malargüe son pocos los centros que atienden intentando cubrir la demanda. Allí, Miguelina Appugliese, quien se desempeña en Consultorios Integrados, contó que han “perdido el cien por ciento o más de los ingresos en recursos para discapacidad”.