Este jueves, el Senado de la Nación aprobó el proyecto de financiamiento universitario y se convirtió en ley, dado que ya contaba con la aprobación de la Cámara Baja. Una amplia mayoría respaldó la iniciativa que busca proveer de mayores recursos a las casas de altos estudios. Sin embargo, el gobierno nacional podría vetar.
La ley fue aprobada con 58 votos afirmativos, 10 negativos y 3 abstenciones, con el apoyo de Unión por al Patria, la Unión Cívica Radical (UCR), PRO y otros bloques minoritarios. El proyecto fue escrito en conjunto por las universidades nacionales, bajo la gestión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Con 58 votos afirmativos, 10 negativos y 3 abstenciones queda aprobado el proyecto sobre financiamiento de la educación universitaria y recomposición del salario docente
El CIN explicó que se trata de "un instrumento responsable que resuelve el problema sin comprometer fiscalmente al Estado". El miércoles 13 de agosto, el gobierno nacional anunció un aumento salarial para los docentes y no docentes, pero algunos sectores y sindicatos manifestaron que era escaso dado del atraso y la falta de recomposición. Este jueves, los senadores apoyaron el reclamo y votaron a mano alzada, bajo la presidencia de Victoria Villarruel.
Los representantes de Mendoza en la Cámara Alta apoyaron de forma unánime el proyecto de financiamiento universitario. Rodolfo Suarez, Anabel Fernández Sagasti y Mariana Juri dieron su aprobación.
"Hablemos de números, el presupuesto real universitario desde diciembre del 2023 a la fecha ha caído un 46,7%. En la Universidad Nacional de Cuyo ha crecido un 32% el pedido de beca y el 60% de los alumnos van a ser los primeros profesionales de su familia", expresó Fernández Sagasti.
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Una amplia mayoría dio su apoyo al financiamiento universitario.
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Los detalles de la ley que busca reforzar los recursos de las universidades
La iniciativa obliga al Poder Ejecutivo a actualizar los salarios docentes y no docentes desde el 1° de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, con un porcentaje que no podrá ser inferior a la inflación del período. Ese aumento deberá ser remunerativo y bonificable, y tendrá que hacerse efectivo al mes siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
También establece que, dentro del año en curso, deberán incorporarse al salario básico todas las sumas no remunerativas otorgadas previamente. Además, el Ejecutivo estará obligado a convocar a paritarias un mes después de que la norma sea sancionada, con reuniones cada tres meses como máximo y garantizando actualizaciones mensuales no menores a la inflación.
En cuanto a los gastos de funcionamiento, el texto dispone que deberán actualizarse al 1° de enero de 2025 según la inflación acumulada desde mayo a diciembre de 2024, y continuar con actualizaciones bimestrales durante 2025 de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Los aumentos ya otorgados este año deberán contabilizarse a cuenta.
También ordena recomponer todas las líneas de becas estudiantiles, como Progresar, Manuel Belgrano y Enfermería, tomando como base la inflación acumulada desde el 10 de diciembre de 2023. Además, prevé un incremento progresivo de los beneficiarios, en línea con la matrícula del nivel secundario y superior público.
Otro punto clave es que destina una partida especial para regularizar ingresos a la carrera de Investigador Científico, así como para garantizar el pago de becas posdoctorales y a ingresantes.
Respecto al financiamiento, la norma autoriza al Ejecutivo a usar créditos presupuestarios existentes, sin afectar ni la coparticipación federal ni los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). También podrá financiarse con incrementos de recaudación por encima de lo previsto en el presupuesto vigente o prorrogado.
Finalmente, se establece que la Auditoría General de la Nación (AGN) deberá ejercer el control externo administrativo sobre las universidades públicas. No obstante, el organismo está acéfalo por la falta de designación de sus autoridades, lo que hoy dificulta su funcionamiento.
