La ministra Jimena Latorre presentó este lunes la DIA de Malargüe Distrito Minero Occidental II y se refirió a la modificación de la Ley de Glaciares.
Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente, presentó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de Malargüe Distrito Minero Occidental II. Foto: Daniel Cano.
Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente, presentó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de Malargüe Distrito Minero Occidental II ante los legisladores y explicó cómo funcionará la guía de referencia para delimitar las zonas periglaciales ante la falta de un inventario nacional. Además, opinó sobre la posible modificación de la Ley de Glaciares.
En un nuevo plenario de comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales; Economía, Energía, Minería e Industrias; Ambiente y Recursos Hídricos; y Derechos y Garantías Constitucionales y Hacienda y Presupuesto; la funcionaria asistió a la Legislatura de Mendoza junto a Jerónimo Shantal, director de Minería, y Leonardo Fernández, a cargo de Gestión y Fiscalización Ambiental. También estuvo presente la vicegobernadora Hebe Casado.
Luego de presentar la DIA de PSJ Cobre Mendocino, las iniciativas de creación del Régimen de Regalías Mineras y del Fondo de Compensación Ambiental, el Gobierno brindó este lunes los detalles técnicos para la elaboración de las DIA de los 27 proyectos de exploración de Malargüe Distrito Minero Occidental II, que se suman a los 34 de la primeta etapa. La reunión transcurrió con ambientalistas concrentrados frente al anexo de Diputados. Se espera que la semana próxima se trate el despacho para que las cuatro propuestas del Ejecutivo lleguen al recinto.
Uno de los planteos de la oposición giró en torno al informe del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) que advierte que a 2600 metros de altura podrían encontrarse glaciares de escombros. Latorre señaló: "no existe hoy un inventario nacional de periglaciar, lo estamos construyendo con criterios técnicos consensuados y estrictos".
En ese sentido, la funcionaria aseguró que "se trabajó en una guía de referencia que, exactamente, les indique a los proponentes de estos distintos proyectos cómo tienen que actuar, qué información tienen que relevar, cómo tienen que comunicarla y quiénes van a ser los auditores de esa información, que además nos va a dar el beneficio de poder construir información conjunta".
Según la ministra, esto no se tratará de "perforar en zonas sensibles”, sino que “implica poder ingresar a relevar información científica que antes no se podía obtener porque no había una DIA aprobada". Esta guía será anexo de los proyectos que tienen esta recomendación y su aplicación va a permitir poder tener inventario de la zona periglaciar, explicó el Gobierno.
Sobre las declaraciones del presidente Javier Milei, quien dijo que presentará un proyecto de ley de Periglaciares ideado por el gobernador Alfredo Cornejo, Latorre afirmó: "Todas las provincias, como titulares del recurso, necesitan claridad para administrar los recursos. Hasta donde se conoce, no hay un proyecto oficial. Y menos aún ha salido de la letra de esta provincia. El Presidente ha puesto en valor el liderazgo de Cornejo en la Mesa del Cobre, más allá de que la presidencia formal esté a cargo de Orrego".
"En ese ámbito, y en el marco de las reformas estructurales que se están planteando, también se discutieron nuevas herramientas legislativas necesarias para el desarrollo de los recursos naturales. Entre ellas, una posible ley nacional de cierre de minas o una modificación del Código Minero que permita terminar con la especulación y actualizar una normativa que requiere algunos cambios, como han hecho las provincias paulatinamente dentro de sus competencias, que son de forma y no de fondo", añadió.
Malargüe Distrito Minero Occidental II se trata de 27 proyectos de exploración de cobre en el sur de la provincia. Esas iniciativas fueron definidas tras una audiencia pública y el análisis técnico de organismos provinciales, nacionales, académicos y municipales. La Declaración de Impacto Ambiental incluye "planes de manejo específicos en zonas altas y prevé un seguimiento ambiental estricto", aseguró el Ejecutivo.
Los proyectos de exploración mineras en cuestión son: Cuprum, EI Destino, Mercedes (Huanquimeleo), Mercedes (Mariano), Mercedes (14 de febrero), Mercedes (Mercedes North), Pampa, Tango, Chamamé, Alicia (A° de la Piedra), Clotilde, Elisa, Excalibur, La Victoria, Sofi, Titán, Tordillo, Lucero, Malargüito, PAS, Qatar, Villagra, Belluno, Roma y Veneto, Angélica, Malargüe West y Sierra Azul.
La DIA del proyecto PSJ Cobre Mendocino también fue presentada por el Gobierno en la Legislatura. Los funcionarios aseguraron que "no afectará el recurso hídrico" y que establecerán distintos mecanismos de control. Asimismo, dicha Declaración deberá actualizarse cada dos años.
PSJ está ubicado en Uspallata y tendrá un costo total de construcción estimado en 560 millones de dólares. Podría tener una vida útil inicial de 16 años, pero si las condiciones del mercado lo permiten, la producción podría extenderse a 27 años, bajando la ley de corte. Las cifras proyectadas para el proyecto prevén 40.000 toneladas anuales de cobre fino y 40.000 onzas de oro, con una ley del concentrado del 26% y una humidificación del 9%. Para transportar el mineral, se estima un flujo de 15 a 20 camiones diarios.
Al mismo tiempo, en comisiones se encuentra las iniciativas de creación del Régimen de Regalías Mineras y del Fondo de Compensación Ambiental. El Gobierno busca contar con una norma provincial para distribuir los ingresos que surgen de la explotación de los recursos naturales, basándose en la Ley Nacional N° 24.196 de Inversiones Mineras.
Se fija un tope del 3% sobre el valor “boca mina” como máximo para el cobro de regalías y dispone que las empresas deberán presentar declaraciones juradas trimestrales con información técnica, contable y productiva. Dicha distribución será de un 88% para Rentas Generales y un 12% para los municipios que adhieran a la ley, replicando el modelo aplicado en la política hidrocarburífera.
Además, con el Fondo de Compensación el Ejecutivo busca enfrentar posibles daños ambientales colectivos, trabajar en la remediación, saneado y reparación. Será administrado por el Ministerio de Energía y Ambiente e incluye multas, tasas y tributos relacionados, indemnizaciones judiciales, subsidios, donaciones, convenios, legados, créditos nacionales o internacionales.