Funcionarios del Gobierno de Mendoza presentaron en comisiones la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto PSJ Cobre Mendocino.
PSJ Cobre Mendocino: el Gobierno explicó cómo garantizará el cumplimiento ambiental.
El Gobierno de Mendoza presentó este lunes en comisiones los detalles técnicos de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino, con el que busca avanzar en el desarrollo de la minería en la provincia. Aseguraron que "no afectará el recurso hídrico" y que establecerán distintos mecanismos de control.
La Cámara de Diputados recibió este lunes a Jerónimo Shantal, director de Minería, y Leonardo Fernández, a cargo de Gestión y Fiscalización Ambiental. Los funcionarios asistieron al plenario de comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales; Economía, Energía, Minería e Industrias; Ambiente y Recursos Hídricos; Derechos y Garantías Constitucionales; Hacienda y Presupuesto.
Los funcionarios defendieron el proceso legal y técnico de PSJ Cobre Mendocino que llevaron a la presentación de la DIA frente a los legisladores, quienes deberán tratarla en el recinto para autorizar el proyecto en Uspallata. El oficialismo cuenta con los votos en el recinto para aprobarla, pero buscará que salga con apoyo opositor y mostrar consenso, en un debate más político que técnico.
También participó la vicegobernadora Hebe Casado. Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente, se conectó vía remota por encontrarse de viaje en los Emiratos Árabes.
Desde el Gobierno indicaron que "no afectará el recurso hídrico" y que "se han contemplado todas las variables ecológicas". Además, hicieron hincapié en que la DIA deberá actualizarse cada 2 años.
"Hemos tenido más de 10.000 presentaciones, más de 10 días de audiencia pública y más de 6.000 fojas en el informe circunstanciado, que contempla todas las presentaciones de las comunidades y las respuestas a cada una, ya sea de forma verbal en las audiencias o a través de las asambleas que trabajaron en paralelo y presentaron sus aportes en el expediente", afirmó Shantal.
El proyecto PSJ Cobre Mendocino tendrá un costo total de construcción estimado en 560 millones de dólares. Podría tener una vida útil inicial de 16 años, pero si las condiciones del mercado lo permiten, la producción podría extenderse a 27 años, bajando la ley de corte. Las cifras proyectadas para el proyecto prevén 40.000 toneladas anuales de cobre fino y 40.000 onzas de oro, con una ley del concentrado del 26% y una humidificación del 9%. Para transportar el mineral, se estima un flujo de 15 a 20 camiones diarios.
El próximo plenario de comisiones será el lunes 17, y abordarán la Declaración de Impacto Ambiental de Malargüe Distrito Minero Occidental II, que incluye 27 proyectos de exploración de cobre, que se suman a los de la etapa I.
La Declaración de Impacto Ambiental aprobada por la Autoridad Ambiental Minera que llegó a la Legislatura de Mendoza recomienda una serie de instrucciones que apuntar al control, tema que fue objeto de preguntas hacia los funcionarios, especialmente de la diputada Gabriela Lizana.
"Es una DIA con instrucciones, desarrolla indicadores que son de procesos evolutivos y de control permanente", indicó Nuria Ojeda, subsecretaria de Ambiente. Eso signfica que "en caso de no cumplimentar cualquier requisito específico -como por ejemplo, los controles de medición atmosférica- si no está dentro de los rangos, se pierde la aprobación de dicho proceso y de cualquier proyecto que se pueda hacer en adelante", explicó.
Además de contener el expediente completo, la DIA establece un esquema estructurado sobre cinco ejes
También establece un Sistema Integrado de Monitoreo y Alerta Temprana (SIMAT) con telemetría, cámaras, pesaje automatizado y trazabilidad de cargas, conectado al Centro de Control de la Policía Ambiental Minera. Se incluyen protocolos sísmicos, de crecidas, derrames, incendios y contingencias contra cualquier amenaza.
A su vez, la empresa debe implementar Programas de Integridad y Compromiso, haciéndolo extensible a toda su cadena de contratación. Como un agregado a la Declaración Jurada de Buenas Prácticas que debe ir actualizando, el proponente deberá ir presentando Informes de Sostenibilidad y un Protocolo de Vinculación Comunitaria.
Parte de la presentación de los funcionarios se centró en explicar cómo ejercerá los controles. Explicaron que será a través de distintos instrumentos como la Unidad de Gestión Ambiental (UGA–PSJ), el Fondo Socioambiental y de Compensación Ambiental y el Programa de Monitoreos Participativos. Estos deberán realizar informes de sostenibilidad y desarrollar un plan económico social en la zona.
Shantal aseguró que “no tenemos nada que envidiarle a Chile, desde el punto de vista técnico, legislativo, ambiental", y añadió: "Estamos en un nivel mucho más superior. Cuando le exigimos a PSJ que incluyera la impermeabilización de depósitos de residuos, desde Chile nos dijeron que ellos no lo exigían, igual lo exigimos acá”.
En comisiones también se encuentra en tratamiento la creación del Régimen de Regalías Mineras y del Fondo de Compensación Ambiental. El Gobierno busca contar con una norma provincial para distribuir los ingresos que surgen de la explotación de los recursos naturales, basándose en la Ley Nacional N° 24.196 de Inversiones Mineras.
Se fija un tope del 3% sobre el valor “boca mina” como máximo para el cobro de regalías y dispone que las empresas deberán presentar declaraciones juradas trimestrales con información técnica, contable y productiva. Dicha distribución será de un 88% para Rentas Generales y un 12% para los municipios que adhieran a la ley, replicando el modelo aplicado en la política hidrocarburífera.
Sobre la posibilidad de modificar ese esquema de distribución, como plantearon algunos diputados, Shantal afirmó: "Está en ellos discutir cada uno de los artículos, entre los cuales está lo de la distribución. Muchos están expresando modificarlo pero, en definitiva, dependerá de los diputados y luego de los senadores de modificar o no el proyecto".
Al ser consultado por un cambio, agregó: "El proyecto que hicimos nosotros llevó mucho tiempo de estudio y análisis, y cualquier propuesta de modificación deberíamos hacer lo propio. Para dar una respuesta sólida técnicamente, deberíamos primero hacer el análisis técnico, legal y económico de esas propuestas modificadas".
Además, parte de las regalías serán para el Fondo de Compensación, con el objetivo de enfrentar posibles daños ambientales colectivos, trabajar en la remediación, saneado y reparación. Será administrado por el Ministerio de Energía y Ambiente e incluye multas, tasas y tributos relacionados, indemnizaciones judiciales, subsidios, donaciones, convenios, legados, créditos nacionales o internacionales.
