El Gobierno y el kirchnerismo reactivan negociaciones para completar la Corte Suprema en medio de tensiones internas, vacantes judiciales y desmentidas.
Anabel fernández Sagasti ¿El nombre del kirchenerismo parala Corte Suprema?
Todo indica que el Gobierno activó nuevamente, tras el paréntesis electoral, las negociaciones con el kirchnerismo para intentar completar la integración de la Corte Suprema de Justicia, un proceso que atraviesa por acuerdos frágiles, disputas internas y nuevas desmentidas públicas.
El avance de este diálogo revela tanto la necesidad institucional de cubrir las vacantes como la persistente puja por el control del Poder Judicial en un escenario político volátil.
Según trascendió en los últimos meses, ambas partes habían evaluado un mecanismo de equilibrio: un candidato propuesto por el oficialismo y otro por el peronismo, sin vetos cruzados y con figuras previamente acordadas. En ese esquema tomaron fuerza en las últimas horas dos nombres; por el lado del Gobierno, al camarista Mariano Llorens, y por el kirchnerismo, a la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien no habría enfrentado resistencias oficiales como sí ocurrió con la ex senadora santafesina María de los Ángeles Sacnun.
No obstante, en el propio oficialismo surgían dudas respecto de Llorens. Algunos sectores, incluso dentro del Gobierno, prefieren mantener su lugar actual en la Cámara Federal, tribunal clave para garantizar el equilibrio interno y la continuidad de un engranaje que define el destino de las causas de corrupción.
Mariano LLorens (Camarista) y Anabel Fernández Sagasti, los nombres que sonaron el fin de semana para las vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina
A pesar de las desmentidas y enojos de los libertarios en las redes sociales y algunos comunicadores, la realidad es inmodificable y no hay otra forma de avanzar en el nombramiento de los dos jueces de la Corte Suprema de la Nación Argentina y de las más de 330 vacantes que hoy restan cubrir en la Justicia Federal a lo largo y ancho del país, que no sea la negociación con el peronismo, el kirchnerismo y algunos gobernadores.
En ese espacio de negociación aparecen otros nombres sugeridos por referentes provinciales, como la magistrada tucumana Claudia Beatriz Sbdar, alguna jueza cordobesa o la camarista salteña Mariana Catalano. Pese a esas alternativas, el sector sigue manteniendo una instancia de consulta final con Cristina Fernández de Kirchner, quien conserva una influencia decisiva en materia judicial. Sin sus senadores es imposible llegar a los dos tercios necesarios para el nombramiento de los jueces.
Los nombres que llevan adelante las negociaciones se mantienen desde hace meses: Sebastián Amerio, viceministro de Justicia y hombre que responde a Santiago Caputo, y Juan Martín Mena, ministro bonaerense y referente de confianza del kirchnerismo.
Antes de las elecciones se midió la posibilidad de convocar a una sesión extraordinaria, para otro tema que se cuela en este debate; la posible ampliación del número de miembros de la Corte, pero el calendario y el poroteo legislativo volvieron inviable ese objetivo. Así, el debate quedó desplazado a las sesiones ordinarias de marzo, instancia en la que incluso podría intervenir Patricia Bullrich, ya como jefa del bloque oficialista con llegada directa al presidente, situación que por estos días no ocurre. El bloque oficialista en la Cámara Alta no tiene comunicación directa con el primer mandatario.
En el propio tribunal no se sorprendieron con esta reprogramación. La Corte, hoy integrada solo por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, funciona con conjueces para resolver disidencias, lo que vuelve urgente recomponer su composición.
En paralelo, el Gobierno enfrenta la necesidad de cubrir cerca de 300 vacantes judiciales, un déficit que paraliza juzgados y cámaras en distintos fueros. Aunque la mayoría de las ternas ya fue elevada por el Consejo de la Magistratura, el avance depende de acuerdos políticos en el Senado. Según fuentes oficiales, cerca del 80% de esas postulaciones ya estaría consensuado con el peronismo.
A este panorama se suman las tensiones dentro del propio Gobierno, especialmente en torno al Ministerio de Justicia. El fallido anuncio de la renuncia de Mariano Cúneo Libarona y su posterior marcha atrás habría profundizado la interna entre dos polos de poder: Karina Milei y Santiago Caputo. Cúneo Libarona mira para el costado y ultima los detalles del impulso que pretende darle a la puesta en marcha del sistema acusatorio y el debate del proyecto de nuevo Código Penal.
En medio de este escenario, el presidente Javier Milei desmintió públicamente que existiera una negociación con el peronismo para impulsar a Fernández Sagasti o a Llorens. La aclaración surgió luego de que distintos medios dieran por avanzadas las conversaciones. Desde el kirchnerismo mendocino también rechazaron esa versión, calificándola de “disparate”, pero admiten que Anabel Fernández Sagasti sí podría ir por un lugar en el Consejo de la Magistratura.
Como siempre, las desmentidas sonoras muchas veces suenan a confirmaciones.
La discusión actual tiene un antecedente reciente: el intento fallido del Gobierno de aprobar por decreto las designaciones de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo para el máximo tribunal, uno de los desaciertos más notorios de los primeros dos años de gestión.
La puja por la Corte, atravesada por intereses partidarios, urgencias institucionales y disputas de poder, volverá a ocupar un lugar central en la agenda legislativa de 2026. Su desenlace dependerá de una arquitectura política todavía inestable y de la capacidad del Gobierno para articular acuerdos en un Senado que, a pesar de buen desempeño electoral, seguirá con una importante fragmentación.
Los nombres seguirán sonando y apareciendo sobre la mesa, pero hay que recordar aquella máxima de los Concilios que también sirve para la política: “El que entra como Papa sale como Cardenal”.
