El subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jalif, asistió a la Legislatura de Mendoza para defender el proyecto ante los diputados. Qué establece la norma.
El subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff, asistió este martes a la Legislatura de Mendoza para presentar ante los Diputados el proyecto de ley Antiaguantaderos, parte del paquete de normas impulsadas por el Gobierno en materia de seguridad.
La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara baja recibió al funcionario, quien dio detalles de la iniciativa que ya se aplica en la provincia, pero a través de una resolución ministerial. Lo que busca el Ministerio de Seguridad y Justicia es convertir el actual protocolo de intervención de inmuebles abandonados utilizados para actividades delictivas en una política de Estado, según expresaron desde la cartera.
"Se trata fundamentalmente de preservar la seguridad pública y ciudadana, el entorno urbano, porque hemos visto muchos inmuebles que son la plataforma donde se cometen muchos delitos. Generalmente son propiedades abandonadas, en uso o deteriorados. En esos lugares hay potencialmente un peligro, ya sea para convertise en un aguantadero, ser un espacio de escondite, comercialización de estupefacientes o de acopio", explicó Jaliff.
El procedimiento se iniciará con un pedido que puede tener origen en un informe, nota o denuncia policial, municipal, de cualquier organismo público o privado, a requerimiento judicial o a pedido de algún particular.
La intervención sobre las propiedades en ocupación, abandono o ruina, o que representen un riesgo para la seguridad pública, el orden o la convivencia social. "Si hay una ocupación permanente, el caso tiene que ir a la Justicia. La ley habla de lugares donde no es permanente la ocupación", aclaró el subsecretario.
Las acciones sobre los inmuebles incluidas en el proyecto son: tapeo; cerramiento o clausura parcial o total del inmueble; demolición parcial controlada o retiro de elementos en riesgo de colapso, cuando ello sea necesario; sellado o precinto de accesos, ventanas o aberturas hasta tanto se garantice su seguridad estructural o legal.
En la provincia ya rige la resolución del Ministerio de Seguridad que estableció un protocolo para la intervención preventiva administrativa sobre inmuebles que son utilizados para actividades ilícitas o que representan un riesgo para los vecinos. Los casos registrados corresponden a Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén y Maipú:
"El propietario tiene la facultad de ejercer todo el derecho que estime conveniente. En las 20 intervenciones que hemos realizado, todas han sido con aprobación del propietario porque preserva su inmueble que ha estado restringido en su uso y que pierde valor", señaló Jaliff.
El Gobierno de Mendoza anunció el envío de un paquete de leyes en materia de seguridad a la Legislatura. Algunas de las iniciativas ya comenzaron su tratamiento, como en los casos de las normas antiguantaderos y anticiberdelitos contra el Estado.
Mientras tanto, el Ejecutivo prepara la presentación de los siguientes proyectos: Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, Laboratorio de Identificación Balística, reforma de la Ley de Tránsito, reforma del Código Contravencional, reforma de la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario y reforma del Código Procesal Penal.
video
video
