En Diputados se aprobó, por unanimidad, un pedido a la DGE a instrumentar educación vial en los últimos años de Secundaria. Cómo conecta con la baja de edad para conducir.
Diputados avanzó con un proyecto vinculado a la baja de edad para la licencia de conducir.
Mendoza ha quedado atrasada respecto a la mayoría de las provincias en cuanto a la autorización a menores de 18 años a obtener la licencia de conducir. A partir de ese escenario, varios legisladores han presentado proyectos para modificar la Ley de Tránsito (Nº 9024) y habilitar el carnet desde los 17 (o incluso los 16, con restricciones). En la sesión de Diputados de este miércoles se dio un pequeño avance, que podría anticipar un movimiento mayor en el corto plazo.
Por unanimidad, la Cámara Baja aprobó un proyecto de resolución de Gustavo Perret (Partido Justicialista) en el que se insta a la Dirección General de Escuelas (DGE) a planificar e implementar cursos obligatorios de educación vial a estudiantes de los últimos tres años de Secundaria (últimos cuatro en caso de escuelas técnicas).
Si bien la cartera conducida por Tadeo García Zalazar no está obligada a aplicar esa política, es todo un mensaje que el arco político en su conjunto haya avalado la iniciativa. Los contenidos de la nueva currícula deberían contemplar aspectos vinculados a la normativa vial vigente, la conducción responsable, la prevención de siniestros y la responsabilidad ciudadano, entre otros.
Lo cierto es que en la DGE ya venían trabajando en la temática una vez conocida la intención de un sector de la política de avanzar con la reducción de la edad para obtener la licencia. La semana pasada funcionarios del Ministerio de Educación se reunieron con la autora de uno de los proyectos de ley que busca equiparar a Mendoza con otras jurisdicciones: María Eugenia De Marchi (UCR).
Además de interiorizarse del alcance de la modificación a la Ley de Tránsito, se debatió la posibilidad de implementar la capacitación en educación vial en los colegios y la articulación con otros organismos que ello requeriría.
De este modo, el expediente aprobado hoy va en sintonía con las acciones que ya se desarrollan en el ámbito educativo provincial donde, mayoritariamente, existe consenso para la promoción de estas instancias de formación, independientemente de la sanción —o no— de una ley para habilitar la licencia para jóvenes.
La resolución que salió de la Cámara Baja, como planteó su autor durante la sesión, es un complemento de los proyectos de ley que se estudiarán en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), que contemplan el acceso de los jóvenes a la licencia para conducir motos y autos particulares.
Una de ellas pertenece al propio Perret y pretende ir más allá que la presentada por De Marchi, ya que fija en 16 años la edad para el permiso y reduce a 18 la condición para obtener la licencia profesional (hoy habilitada desde los 21).
“Resulta de vital importancia enseñar las leyes de tránsito, y las responsabilidades civiles y penales, a través de la DGE, dentro de las escuelas. En forma permanente, a nuestros jóvenes les exigimos cada vez mayores responsabilidades. De este modo también les podemos dar derechos para que puedan desempeñar sus actividades, tanto sociales como laborales”, explicó el legislador sanrafaelino en el recinto.
Lo cierto es que esos expedientes todavía no cuentan con fecha de tratamiento, aunque fuentes legislativas señalaron a Sitio Andino que podría iniciar su debate en comisión en las próximas semanas.
En principio, la licencia de conducir desde los 17 años en Mendoza tiene el visto bueno de autoridades del Ministerio de Seguridad, la DGE y de las distintas fuerzas políticas en el Parlamento provincial. En rigor, se trata solamente de una adhesión a la normativa nacional, ya vigente en gran parte del territorio argentino.
Quizás la principal resistencia llega desde la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial de Mendoza. Su director, Orlando Corvalán, había advertido a este medio que los jóvenes concentran el mayor índice de víctimas fatales en accidentes de tránsito, especialmente en el rango que va de los 15 a los 34 años.
Si bien no se mostró precisamente en contra, pidió una evaluación profunda (con intervención de áreas como salud, psicología y seguridad) de los beneficios y potenciales riesgos de una medida de estas características.
