El kirchnerismo presentó en la Legislatura un proyecto para obligar al Estado a proteger los datos personales
La iniciativa busca establecer nuevas obligaciones para organismos provinciales y municipales en materia de ciberseguridad. Propone reportar filtraciones de datos en un plazo de 72 horas, crear responsables de protección de datos en cada repartición y destinar parte de las multas a asistir a las víctimas.
Senadores del bloque kirchnerista Fuerza Patria impulsan una ley para reforzar la protección de los datos personales en Mendoza.
En medio del avance de la digitalización de los servicios públicos, el bloque Fuerza Patria presentó en la Legislatura de Mendoza un proyecto de ley que busca fortalecer la protección de los datos personales en poder del Estado provincial y los municipios.
La iniciativa apunta a fijar nuevas reglas para el tratamiento de la información de los ciudadanos por parte de los organismos públicos, incorporando estándares de ciberseguridad, mecanismos de respuesta ante incidentes informáticos y mayores responsabilidades para los funcionarios.
Qué propone el proyecto
Uno de los principales ejes de la iniciativa es el principio de "privacidad desde el diseño", que obliga a que todo nuevo sistema, plataforma o desarrollo tecnológico implementado por el Estado incorpore medidas de protección de datos desde su creación y no como una instancia posterior.
Además, el proyecto establece que cada organismo provincial y municipal deberá designar, en un plazo máximo de 180 días, a un responsable interno de protección de datos personales que supervise el cumplimiento de la normativa.
Otro de los puntos centrales es la obligación de informar cualquier incidente de ciberseguridad. En caso de una filtración, vulneración o hackeo que comprometa información de los ciudadanos, el organismo afectado deberá reportarlo en un plazo máximo de 72 horas y notificar de inmediato a las personas alcanzadas.
El autor de la iniciativa, el senador provincial Lucas Ilardo, sostuvo que la protección de la información personal debe convertirse en una prioridad para el Estado.
"Los datos hoy son la mercancía del futuro; hoy el que tiene datos tiene poder. Si el Estado tiene tus datos de salud, de transporte, a dónde te movés o tus datos fiscales, ese mosaico de datos es por lo que el mundo está pagando como oro y es un derecho de los ciudadanos que tiene que ser protegido", afirmó.
El legislador agregó que la propuesta también busca garantizar una respuesta rápida frente a eventuales ataques informáticos.
"Si hay un hackeo y alguien accedió a tus datos, el Estado tiene la obligación de avisarte inmediatamente, de reparar ese daño y de garantizar que sepas exactamente qué información tuya tiene", señaló.
Los datos son la mercancía de este siglo. Tu salud, tu domicilio, tu situación fiscal, cada trámite que hiciste alguna vez: todo eso hoy circula en sistemas del Estado. El gobierno acaba de presentar una Ley de Ciberseguridad. Está bien que exista. Pero protege las máquinas, no a… pic.twitter.com/ZkVHIVAxmT
Como uno de los aspectos novedosos del proyecto, Fuerza Patria propone que el 50% de las multas que se apliquen por incumplimientos en materia de protección de datos se destine a un Fondo de Reparación.
Según la iniciativa, esos recursos financiarían asistencia jurídica gratuita para las personas afectadas por filtraciones o usos indebidos de su información personal, además de programas de educación digital para la ciudadanía.
Por su parte, el senador Félix González sostuvo que el Estado debe adecuar su funcionamiento al nuevo escenario digital.
"El Gobierno debe adaptar su estructura para poner la información al servicio de los ciudadanos, que son los verdaderos dueños de los datos. Primero está la gente y a ellos hay que darles la respuesta, no enfocarse en burocracias ni divisiones entre ministerios", expresó.
El desafío de la ciberseguridad en el Estado
La propuesta se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la seguridad informática y la protección de la información personal almacenada por organismos públicos.
De ser aprobada, la norma establecería un marco específico para el sector público mendocino con el objetivo de fortalecer la prevención de incidentes, mejorar la respuesta ante eventuales ciberataques y otorgar mayores garantías a los ciudadanos sobre el uso y resguardo de sus datos personales.