Se trata de un proyecto de ley de los diputados Difonso y Scanio, que busca alivio fiscal y créditos para productores, pymes y hogares ante la crisis financiera.
Proponen declarar la emergencia económica y social en Mendoza.
Los diputados de La Unión Mendocina Jorge Difonso y Rolando Scanio presentaron un proyecto de ley para declarar la emergencia económica y social en toda la provincia, en el marco de la crisis financiera que impacta en la producción, las pymes y los hogares.
La iniciativa apunta a otorgar herramientas al Ejecutivo para aplicar medidas de alivio fiscal y asistencia directa, en un contexto donde, según advierten los autores, la cadena de pagos en sectores clave “está muy cerca de romperse”.
En los fundamentos del proyecto, los legisladores sancarlinos describen una situación compleja en las principales actividades agrícolas de Mendoza, atravesadas por demoras en los pagos, caída de la rentabilidad y dificultades para acceder al crédito.
Uno de los casos más sensibles es el del ajo, producto clave de exportación, donde los bajos precios dejaron a productores y empacadores sin capacidad de inversión. Esto ya impacta en la calidad del cultivo, con riesgos para la competitividad internacional.
También la vitivinicultura muestra señales de alerta: estimaciones privadas indican entre 20.000 y 30.000 hectáreas fuera de producción, mientras que las ventas de insumos agrícolas cayeron entre un 30% y un 40% en algunos meses del año.
El proyecto establece que, en caso de aprobarse, el Ministerio de Producción y Economía será la autoridad de aplicación y deberá reglamentar las medidas.
Entre los principales puntos, se destacan:
Además, el texto contempla la suspensión del canon de agua al Departamento General de Irrigación y pide frenar juicios, embargos y gastos judiciales vinculados a deudas.
El proyecto también pone el foco en la situación social: informes privados advierten que hasta el 58% de los hogares endeudados lo están para cubrir gastos básicos, lo que refleja un deterioro en el poder adquisitivo.
A esto se suma que la morosidad crece en el sistema financiero y alcanza a la mayoría de los principales bancos del país, en lo que los legisladores describen como la peor racha desde la salida de la convertibilidad.
Finalmente, la iniciativa incluye un planteo al Gobierno nacional para que también suspenda cobros judiciales e impuestos nacionales, con el objetivo de ampliar el alivio financiero.
“La situación está dada para declarar la emergencia económica provincial y tomar medidas drásticas antes de que el deterioro sea mayor”, sostienen desde el bloque de LUM, que podría tomar estado parlamentario esta semana.
