Funcionarios asistieron a la Legislatura de Mendoza para brindar detalles del proyecto que busca proteger la infraestructura digital del Estado.
La Legislatura de Mendoza comenzó a tratar la ley de Ciberseguridad enviada por el Ejecutivo. Foto: Dani Cano.
Tras el receso invernal de la Legislatura de Mendoza, el oficialismo avanzó en el tratamiento del proyecto de Ley de Ciberseguridad. Este miércoles, funcionarios del Gobierno presentaron en el Senado la iniciativa impulsada por el Ejecutivo que crea un sistema destinado a proteger la infraestructura digital del Estado y prevenir delitos informáticos.
La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) de la Cámara alta recibió a la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus; y a los subsecretarios de Justicia, Juan Carlos Jaliff, y de Tecnología Aplicada a la Seguridad, Leandro Biskupovich, quienes dieron detalles de la propuesta que establece como política estatal la seguridad informática con obligaciones para todos los poderes del Estado y servicios públicos esenciales. Además, incorpora un plan de gestión de riesgos y habilita la colaboración de especialistas y hackers éticos para detectar vulnerabilidades.
Rus explicó que la digitalización "hace indispensable avanzar en mecanismos de protección para los sistemas e infraestructuras críticas" que la sostienen, y señaló que la iniciativa no busca impedir que ocurran ciberataques, sino dotar a la provincia de herramientas para prevenirlos, detectarlos, responder de manera coordinada y fortalecer la capacidad de recuperación frente a incidentes.
Este proyecto establece la creación de un Comité de Conducción Estratégica de Ciberseguridad, integrado por referentes informáticos de las distintas áreas del Gobierno, que deberá elaborar un diagnóstico sobre el estado de situación y diseñar el Plan Provincial de Ciberseguridad. Ese organismo trabajará junto con una autoridad de ejecución operativa especializada encargada de implementar las acciones de prevención, monitoreo y respuesta ante incidentes.
Jaliff aclaró que esta norma no constituye una ley sobre ciberdelitos, conductas que se encuentran reguladas por el Código Penal y el Código Procesal Penal, sino que su objetivo es proteger los sistemas, datos e infraestructura tecnológica del Estado. En caso de detectarse la comisión de un delito durante la aplicación de la ley, las actuaciones serán remitidas al Ministerio Público Fiscal para la investigación correspondiente, añadió.
Respecto al gasto público que esto demandará, la funcionaria afirmó: "Como está planteada la ley hoy no necesita ninguna partida presupuestaria. Cuando esté desarrollado el plan de seguridad, se sabrá si se necesita contratar algún servicio y si habrá, eventualmente, un impacto presupuestario".
La ministra advirtió que esta ley es necesaria dado que un ataque informático puede generar diferentes tipos de afectaciones, tanto al Estado como a la ciudadanía, entre ellas:
Durante el debate con los miembros de la comisión de LAC, los funcionarios destacaron que el proyecto incluye un capítulo específico para los llamados "hackers éticos" o "de sombrero blanco", a partir de un pedido realizado por especialistas que participaron de la White Hat Conference, una conferencia internacional sobre ciberseguridad que se realizó meses atrás en Mendoza.
El subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad, Leandro Biskupovich, explicó que el interés de los expertos por colaborar "no es económico, sino una cuestión de vocación", y solicitaron contar con un marco legal que les permita reportar vulnerabilidades detectadas en los sistemas estatales sin temor a sufrir consecuencias legales.
En ese sentido, comentó: "Hoy se conocen cientos de vulnerabilidades a nivel nacional y en distintas provincias, pero no tienen un resguardo normativo para reportarlas con la certeza de que el Estado no va a ir en su contra".
Biskupovich indicó que la ley crea un canal formal para informar esas fallas al Poder Ejecutivo y a los organismos que adhieran a la ley, como el Poder Judicial, el Poder Legislativo y los municipios. "Es muy interesante conocer esas vulnerabilidades de antemano, antes de que un hacker de sombrero negro las pueda explotar para dejar sin servicio un sistema o robar una base de datos", advirtió.
Esta ley, de aprobarse, creará un sistema de seguridad informática con obligaciones para todos los poderes del Estado y servicios públicos esenciales, con un plan de gestión de riesgos y la colaboración de especialistas y hackers éticos para detectar vulnerabilidades.
Para ello, se implementará un Comité de Conducción Estratégica de Ciberseguridad (CCEC), que estará encargado de elaborar y supervisar el Plan Provincial de Ciberseguridad, definir los estándares y requisitos obligatorios que deberán cumplir los organismos públicos, clasificar la criticidad de la infraestructura digital, recepcionar reportes sobre vulnerabilidades detectadas en los sistemas, entre otras funciones. Dicho plan deberá cumplir con ciertos lineamientos de ciberseguridad, tales como:
Otro de los ejes del proyecto es la incorporación de un régimen de gobierno de datos. Esto significa que todos los organismos alcanzados deberán adoptar medidas para preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad, trazabilidad, autenticidad, calidad, legalidad y uso legítimo de la información bajo su responsabilidad.
La propuesta también crea el Registro Provincial de Incidentes de Ciberseguridad, que será administrado por la Autoridad de Ejecución Operativa bajo la fiscalización técnica del CCEC, para centralizar la información sobre ataques y vulnerabilidades.
