El proyecto Vicuña, en San Juan, expone los desafíos legales y logísticos de una inédita explotación de minería metalífera binacional entre Argentina y Chile.
Con una proyección de inversión de largo plazo que ronda los 18.000 millones de dólares, según comunicó la propia empresa al Presidente Javier Milei, el proyecto Vicuña se perfila como uno de los desarrollos de minería metalifera más ambiciosos de la región andina.
Concebido como un distrito integrado que unifica los yacimientos de Josemaría y Filo del Sol a ambos lados de la cordillera de los Andes, el emprendimiento impulsado por Lundin Mining y BHP trasciende ampliamente la dimensión geológica. El desafío reside en el terreno institucional: la construcción del marco legal y operativo capaz de sostener una explotación industrial binacional de gran escala entre Argentina y Chile, según confesó la propia empresa en su última asamblea de accionistas.
La iniciativa es gestionada a través de Vicuña Corp., sociedad en la que ambos grupos participan en partes iguales. Desde su concepción, el proyecto fue pensado como un distrito minero transfronterizo, lo que obliga a articular sistemas normativos, administrativos y logísticos entre los dos Estados. En ese cruce de jurisdicciones se juega buena parte de su viabilidad futura.
La magnitud del emprendimiento quedó formalmente expuesta el último 16 de febrero cuando se presentó el estudio técnico integrado (Evaluación Económica Preliminar) que delineó un desarrollo progresivo y secuencial de los activos. El plan prevé integrar de manera escalonada Josemaría y Filo del Sol, acompañando la madurez de cada yacimiento y el despliegue de infraestructura en ambos países. La cifra de inversión estimada no solo refleja la escala del recurso, sino también la complejidad logística y regulatoria inherente a una operación de estas características.
En la actualidad, las actividades en la alta montaña se desarrollan bajo un protocolo binacional circunscripto a la etapa de exploración. Este esquema se encuentra amparado por el Tratado de Integración y Complementación Minera, suscrito en 1997 con el objetivo de facilitar el desarrollo de yacimientos ubicados en zonas fronterizas o de influencia compartida. El tratado habilita, entre otros aspectos, la circulación de personal y equipos sin la exigencia de trámites aduaneros en cada cruce, un mecanismo que ha demostrado ser eficaz para las tareas exploratorias, pero que nunca se puso en práctica para explotaciones y genera más de una duda y preocupación en los proveedores argentinos.
Jack Lundin adelantó durante la presentación a los inversores que el protocolo ha funcionado adecuadamente en la fase actual del proyecto. Sin embargo, el salto hacia una explotación industrial a gran escala plantea exigencias cualitativamente distintas. La operación productiva implicará el movimiento constante de maquinarias, insumos, concentrados minerales y proveedores, además de una fuerza laboral estable que deberá operar de manera coordinada entre los dos países.
Según los reclamos de la empresa, esa transición obliga a redefinir el marco normativo vigente. El objetivo central que hoy convoca a las empresas y a las autoridades argentinas y chilenas es la elaboración y ratificación de un acuerdo formal de explotación que sustituya al actual esquema exploratorio. Este nuevo instrumento deberá otorgar previsibilidad jurídica y eficiencia operativa, estableciendo reglas claras para el tránsito transfronterizo, la logística, la provisión de servicios y la coordinación cotidiana de la faena.
En un proyecto de esta escala, la forma en que se regulen los flujos de insumos, el transporte de mineral y la interacción entre proveedores y organismos de control tendrá un impacto directo en los costos, los plazos y la competitividad del emprendimiento. Un marco binacional sólido puede convertirse en una ventaja estratégica; su ausencia, en cambio, podría derivar en fricciones, demoras y sobrecostos difíciles de absorber incluso para compañías de gran espalda financiera. Sin embargo, desde San Juan advierten que ese marco debe ser claro y garantizar la participación de proveedores locales, conocedores del riesgo que la empresa prefiera por costos y regulaciones usar gran parte de los servicios y proveedores de Chile.
Según lo expresado ante los inversores y accionistas, las socias del proyecto Lundin Mining y BHP participan activamente en el proceso de coordinación institucional que involucra a Vicuña Corp. y a las autoridades de ambos países en el ámbito de la comisión binacional prevista por el tratado. La Comisión es un espacio de negociación técnica y política donde se discuten cuestiones sensibles: desde el ordenamiento logístico general hasta la habilitación de corredores de tránsito, pasando por la regulación de proveedores y la armonización de procedimientos operativos.
La eventual concreción de un acuerdo de explotación para Vicuña podría sentar un precedente relevante para futuros desarrollos mineros en zonas de frontera. La propia compañía reconoce que la estrategia de permisos y la arquitectura regulatoria forman parte del núcleo de su plan de largo plazo. Si bien el proyecto aún dispone de tiempo antes de ingresar en su fase productiva, la complejidad del esquema binacional impone una planificación temprana.
La clave estará en la capacidad de las empresas y de los Estados para construir un ordenamiento institucional que permita el desarrollo, pero a la vez no relaje los controles y conceda beneficios a ambos países.