El oficialismo aceptó sumar instancias de participación antes del dictamen. La decisión reordenó el cronograma y postergó la firma en comisión. Cómo sigue el expediente.
El proyecto del oficialismo se trató en comisiones y se postergó su envío al recinto.
El debate por la modificación de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados se demorará más de lo previsto tras un acuerdo para realizar audiencias públicas los días 25 y 26 de marzo. La decisión fue celebrada por bloques opositores, que venían reclamando mayor participación y cuestionaban un posible tratamiento exprés del proyecto con media sanción del Senado.
En un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales, el oficialismo aceptó extender el cronograma e incorporar propuestas de distintos bloques. La intención inicial era avanzar con el dictamen la próxima semana, pero ahora se prevé firmarlo recién entre el 7 y el 8 de abril, después de Semana Santa.
El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, confirmó que la audiencia será pública, abierta e inclusiva, y se desarrollará en dos jornadas: el 25 de marzo de manera presencial y el 26 de forma remota, con el argumento de “garantizar el federalismo y evitar traslados”.
El horario previsto será de 10 a 19, con posibilidad de extensión. Los expositores contarán en principio con cinco minutos, aunque el tiempo podrá redistribuirse según la cantidad de inscriptos. También se habilitó la presentación de ponencias por escrito hasta el mismo día de la audiencia y se anunció que habrá transmisión en vivo por los canales oficiales de la Cámara.
Desde la oposición, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro celebró la decisión y sostuvo: “Lo logramos, habrá audiencia pública”. Según planteó, el oficialismo pretendía avanzar con un tratamiento exprés y la convocatoria constituye “una aplicación concreta” del Acuerdo de Escazú en materia de participación ciudadana.
Ferraro insistió en que la instancia debe tener carácter verdaderamente federal, con intervención de provincias potencialmente afectadas por las cuencas hídricas, comunidad científica y sectores productivos. Además, advirtió que están en juego “reservas estratégicas de agua” y posibles cambios en los niveles de protección ambiental vigentes.
El reclamo de ampliar el debate también fue acompañado por legisladores de Unión por la Patria y otros bloques. Se planteó que no alcanza con una audiencia acotada en tiempo y modalidad, dado que la discusión involucra aspectos ambientales, constitucionales e interjurisdiccionales.
El oficialismo rechazó trasladar el debate a distintas provincias, pero defendió el esquema mixto presencial-remoto como herramienta suficiente para garantizar la participación. “El federalismo se garantiza escuchando a todas las voces desde cualquier punto”, argumentó Mayoraz.
La iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara alta desde el 26 de febrero. El texto redefine el concepto de glaciar y ambiente periglacial y delegaría en las provincias un mayor control sobre la utilización racional de los recursos naturales en esas áreas.
Además, establece que cada jurisdicción, sobre la base de estudios técnico-científicos, registre zonas en el Inventario Nacional de Glaciares. Si una superficie no cumple funciones hídricas relevantes, podría ser excluida del inventario, lo que habilitaría la posibilidad de exploración y explotación minera e hidrocarburífera, hoy prohibidas por la legislación vigente.
Ese punto es el que concentra las mayores críticas de la oposición y organizaciones ambientales, que advierten sobre una eventual “regresión” en los estándares de protección y sobre el impacto en cuencas que abastecen a millones de personas.
Con este nuevo cronograma, el oficialismo deberá esperar al menos dos semanas más para intentar avanzar con el dictamen.
