El Senado de la Nación debate hoy la reforma a la Ley de Glaciares, que redefine el alcance del ambiente periglacial y el rol de las provincias. En qué consisten los cambios.
Qué dice la Ley de Glaciares y qué cambios propone la reforma que hoy debate el Senado.
GENTILEZALa Cámara de Senadores de la Nación tratará este jueves la modificación a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial, un proyecto que obtuvo dictamen el 18 de diciembre pasado pero cuyo tratamiento fue postergado por la prioridad que tuvieron el Presupuesto 2026 y la Ley de Modernización Laboral. Qué dice la Ley de Glaciares y qué cambios propone la reforma que propone el Gobierno Nacional.
El oficialismo llega confiado al recinto para dar el debate, aunque en las últimas horas el radicalismo puso sobre la mesa una propuesta alternativa impulsada por senadores de la UCR. El punto central de esa diferencia: el alcance de las facultades que tendrían las provincias para determinar qué áreas quedan protegidas y cuáles pueden habilitarse para actividades productivas.
En Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo expresó su respaldo a la modificación al considerar que apunta a garantizar una aplicación “más clara y efectiva” de la ley sin alterar los presupuestos mínimos de protección ambiental. Desde su entorno señalan que la redefinición de las áreas periglaciares permitiría dar mayor previsibilidad jurídica a los proyectos productivos en la cordillera, al tiempo que mantendría bajo resguardo las reservas estratégicas de agua dulce identificadas con base técnica.
La Ley 26.639 fue sancionada en 2010 y fijó un piso de protección ambiental para todo el país. Define a los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, la agricultura, la recarga de cuencas hidrográficas, la biodiversidad, la investigación científica y el turismo.
La norma protege tanto los glaciares visibles como el ambiente periglacial, es decir, aquellas áreas de alta montaña con suelos congelados o saturados de hielo que cumplen funciones de regulación hídrica y geomorfológica.
En su artículo 6, la ley prohíbe actividades que puedan alterar de modo relevante la condición natural del hielo o su valor hídrico, entre ellas:
La liberación de sustancias contaminantes o residuos;
La construcción de obras de infraestructura;
La exploración y explotación minera e hidrocarburífera;
Actividades industriales.
En cambio, se permiten investigaciones científicas, tareas de rescate y deportes no motorizados como el andinismo.
Además, la norma creó el Inventario Nacional de Glaciares, cuya elaboración y actualización está a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), dependiente del Conicet. El relevamiento debe actualizarse al menos cada cinco años.
Tanto el proyecto del Poder Ejecutivo como la iniciativa alternativa de la UCR coinciden en un punto central: redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir el desarrollo económico en determinadas áreas periglaciares que hoy están alcanzadas por la prohibición.
La diferencia radica en quién tendrá la última palabra.
El proyecto del Gobierno propone distinguir entre “formas periglaciares” que cumplen funciones de reservas estratégicas de recursos hídricos y aquellas que no necesariamente cumplen ese rol. Solo las primeras quedarían bajo protección estricta.
En ese esquema, no todo el territorio periglaciar quedaría automáticamente vedado a la actividad económica, sino únicamente aquellas formaciones cuya función hídrica sea relevante y comprobable.
La normativa actual establece una prohibición absoluta por ubicación. La reforma, en cambio, introduce el criterio de “aporte hídrico relevante” a la cuenca para determinar la protección.
El primer informe del Inventario Nacional de Glaciares se presentó en 2018 y registró 16.968 cuerpos de hielo, con una superficie cercana a los 8.484 kilómetros cuadrados. Se distribuyen a lo largo de 3.500 kilómetros de la cordillera de los Andes, en 12 provincias.
Más del 36% del territorio continental argentino se encuentra en cuencas alimentadas por el deshielo glaciar.
La actualización más reciente incorporó datos de la región Andes Desérticos y se espera la publicación de información sobre los Andes Centrales, que incluyen a Mendoza.
El proyecto del Ejecutivo transfiere a las provincias la facultad de determinar qué áreas deben protegerse por constituir reservas estratégicas de agua, biodiversidad o valor científico. También les permitiría proponer modificaciones en el Inventario Nacional de Glaciares, previo informe de evaluación ambiental.
El argumento del Gobierno para fortalecer el rol de las provincias se apoya en el artículo 124 de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma de 1994, que reconoce el dominio originario de los recursos naturales a las jurisdicciones provinciales.
La aprobación de la reforma es además un compromiso asumido por el Ejecutivo con gobernadores de provincias cordilleranas que reclaman una norma “más dinámica y menos rígida” para destrabar inversiones en minería e hidrocarburos.
Quienes respaldan la reforma sostienen que la ley vigente generó “falencias interpretativas” que derivaron en inseguridad jurídica y judicialización de proyectos. Consideran que una delimitación más precisa permitiría compatibilizar protección ambiental con desarrollo económico.
Desde esa mirada, la redefinición del ambiente periglacial permitiría evitar que zonas sin aporte hídrico comprobable queden automáticamente inhabilitadas para actividades extractivas.
En cambio, especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que reducir la protección del ambiente periglacial podría debilitar la preservación de reservas estratégicas de agua dulce.
Recuerdan que estos ecosistemas de alta montaña cumplen funciones clave en la regulación hídrica y que cualquier alteración puede impactar indirectamente en las cuencas.
También señalan que, ante la evidencia del retroceso glaciar por el cambio climático, la protección legal resulta un instrumento central para garantizar la resiliencia ambiental y productiva.
La Ley 26.639, sancionada en 2010, establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial en Argentina. Define a los glaciares como reservas estratégicas de agua dulce para el consumo humano, la agricultura y la recarga de cuencas hidrográficas. También creó el Inventario Nacional de Glaciares, a cargo del IANIGLA (dependiente del Conicet), que identifica y actualiza los cuerpos de hielo en la cordillera de los Andes.
El proyecto que hoy trata la Cámara de Senadores propone redefinir el alcance del ambiente periglacial. La iniciativa establece que solo quedarán protegidas aquellas formaciones cuya función hídrica sea “relevante y comprobable”. Además, otorga mayor protagonismo a las provincias para determinar qué áreas constituyen reservas estratégicas y aprobar estudios de impacto ambiental para actividades como minería e hidrocarburos.
La principal diferencia radica en quién tendrá la autoridad para definir las zonas protegidas. El proyecto del Poder Ejecutivo transfiere a las provincias la facultad de determinar qué áreas deben preservarse, en línea con el artículo 124 de la Constitución Nacional. En cambio, la propuesta alternativa de senadores de la UCR otorga mayor poder técnico al IANIGLA para definir el alcance del Inventario Nacional de Glaciares.
Según el Inventario Nacional de Glaciares elaborado por el IANIGLA, en Argentina existen 16.968 cuerpos de hielo que cubren una superficie de aproximadamente 8.484 kilómetros cuadrados. Estos glaciares se distribuyen a lo largo de 3.500 kilómetros de la cordillera de los Andes, incluyendo provincias como Mendoza, San Juan, Neuquén, Jujuy y Santa Cruz.
Gobernadores de provincias cordilleranas, entre ellos el de Mendoza, Alfredo Cornejo, sostienen que la reforma busca otorgar mayor previsibilidad jurídica y dinamizar inversiones en minería e hidrocarburos. Argumentan que la redefinición del ambiente periglacial permitirá compatibilizar la protección de reservas hídricas estratégicas con el desarrollo productivo bajo reglas más claras y técnicamente delimitadas.