El debate por la reforma laboral expone los riesgos fiscales del Fondo de Asistencia Laboral y plantea una alternativa basada en mínimos no imponibles.
La transformación del sistema del mercado de trabajo que se discute por estos días mediante la reforma laboral, que desde hoy buscará su sanción final en el Senado, más allá de las consignas discursivas, debe transformarse en un debate de fondo en la sociedad argentina.
Entre los centros de la discusión de estos días figura uno de los puntos más polémicos del proyecto, que debe retratar el Senado. El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) pretende transformarse en una especie de seguro que tendrán los empleadores para hacer frente a posibles indemnizaciones y que finalmente será una nueva fuente de desfinanciamiento del sistema jubilatorio.
El FAL (de aprobarse definitivamente) será compuesto por un tres por ciento de cada salario que el empleador deberá integrar a ese fondo, pero no significará un costo extra para estos, ya que ese mismo porcentaje se deducirá de los aportes patronales al sistema jubilatorio.
Pero además, ese fondo de miles de millones de pesos promueve otro negocio para el sistema financiero, ya que este será el que administre ese fondo para que (según el espíritu del proyecto) no pierda valor.
Un reciente análisis elaborado por la Fundación Mediterránea ha puesto la lupa sobre uno de los vértices más sensibles de la reforma: el impacto fiscal y previsional del Fondo de Asistencia Laboral revela fisuras preocupantes en su arquitectura y propone una alternativa para que realmente baje el costo del empleador.
Para la Mediterránea, el primer gran obstáculo es su costo. En un escenario macroeconómico signado por la estricta restricción presupuestaria, el costo fiscal directo del FAL se proyecta en torno al 0,5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB). Esta cifra asume un impacto neto que dependerá de la efectiva generación de empleo formal adicional para cubrirse, una premisa que el propio diseño del fondo no puede garantizar y que muchos críticos aseguran que la ley tampoco.
A esta carga para el erario público se le suma un defecto estructural: la imposición de una prima homogénea del 3%.
Según la investigadora Laura Caullo, responsable de la sección Social-Laboral de la Fundación, en la práctica esta tarifa plana amenaza con desatar severas distorsiones en el tejido productivo. Por un lado, resultará manifiestamente insuficiente para aquellas empresas que operan con alta rotación de personal, cubriendo apenas una fracción de las indemnizaciones reales. Por el otro, castigará a las firmas con planteles estables, obligándolas a generar acumulaciones de capital excesivas e innecesarias.
El esquema corre el riesgo de establecer incentivos poco claros y de sumar mayor complejidad administrativa al sistema.
Frente a este panorama, la Fundación propone una alternativa que promete mayor eficacia técnica y menor onerosidad para el Estado, y que fuera analizada y propuesta por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, y es una modificación de los mínimos no imponibles para los salarios abonados por las empresas.
La idea plantea reformular las contribuciones patronales aplicando el mínimo no imponible sobre la masa salarial total de la empresa, que aparece como un instrumento más simple, focalizado y fiscalmente más acotado, ya que reduce de manera permanente la carga en los segmentos donde la informalidad laboral es más elevada.
Las proyecciones fiscales de esta segunda vía resultan notablemente más austeras y eficientes. Según las estimaciones del organismo, la implementación de distintos escenarios de un nuevo mínimo no imponible representaría un costo anual que oscilaría apenas entre el 0,05% y el 0,23% del PIB. Aun bajo supuestos conservadores sobre la respuesta del mercado, estos costos resultan significativamente menores que los derivados de una reducción generalizada de las cargas sociales.
El rasgo más destacable de esta herramienta reside en su precisión. Al concentrar el alivio fiscal en las micro y pequeñas empresas (segmentos donde la informalidad laboral es más elevada), se reduce drásticamente el riesgo de subsidiar puestos de trabajo que ya se encontraban formalizados. Esto se traduce, de manera directa, en una mejora sustancial en la eficiencia del esfuerzo fiscal del Estado.
Elegir el instrumento adecuado para ampliar el empleo formal, garantizando el mayor impacto posible con el menor costo fiscal, debería ser el eje central de cualquier reforma, una instancia que no aparece clara en el proyecto del Gobierno nacional.
