La CGT anticipó que irá a la Justicia si se aprueba la reforma laboral, pero no hará paro
La conducción sindical da por hecho que el oficialismo reunirá los votos necesarios. Convocaron además a una movilización a Tribunales y descartaron una nueva huelga general.
La central obrera tiene preparada su estrategia para enfrentar la reforma laboral.
La conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) anticipó que presentará una acción judicial si el Congreso aprueba el viernes la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, una posibilidad que en la central obrera dan prácticamente como un hecho.
La definición surgió tras una reunión de la mesa chica de la CGT, realizada este miércoles, en la que además se resolvió convocar a una movilización el próximo lunes hacia los tribunales de Plaza Lavalle.
“La decisión ha sido sustentar el análisis legal que se viene haciendo y la presentación judicial respecto de lo que creemos inconstitucional dentro de este proyecto de ley”, afirmó Jorge Sola, uno de los secretarios generales de la central sindical, al finalizar el encuentro.
El Senado tratará —y seguramente apruebe— el viernes la reforma laboral.
NA
La vía judicial como principal estrategia contra la reforma laboral
En la CGT sostienen que varios puntos de la reforma vulneran principios constitucionales vinculados a los derechos laborales. Los equipos jurídicos de la central analizan desde hace semanas el texto para preparar una eventual presentación judicial.
Entre los argumentos que evalúan plantear figura la posible afectación del principio de protección del trabajador establecido en el artículo 14 bis de la Constitución, además de la supuesta regresividad de derechos sociales.
OCTAVIO ARGÜELLO: “EL GOBIERNO QUIERE UN TRABAJADOR ENTREGADO Y ESCLAVIZADO”
El cosecretario General de la CGT @octavio3df rechazó la Reforma Laboral del Gobierno y destacó la contundente adhesión de las y los trabajadores al paro general del 19 de febrero.
“Tiene varios puntos que afectan derechos individuales y colectivos, que alteran la representación gremial y también los derechos individuales”, sostuvo Sola.
El dirigente también señaló que la conducción sindical mantuvo reuniones con gobernadores, diputados y senadores para intentar frenar el avance del proyecto, aunque reconoció que esos esfuerzos no alcanzaron. “Nos queda llevar la petición al Poder Judicial para que vea la inconstitucionalidad de la ley”, remarcó.
Sin nuevo paro general contra la reforma laboral
Pese a las presiones de sectores sindicales más duros, la CGT decidió no convocar a un nuevo paro general. En la central consideran que una huelga en la antesala de la votación tendría poco impacto en el resultado legislativo y podría implicar un alto costo político.
La evaluación interna es que el último paro ya cumplió el objetivo de enviar una señal política, por lo que la estrategia ahora se concentrará en la judicialización del proyecto si finalmente es sancionado.
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Foto: Cristian Lozano
Sola también cuestionó la situación económica y anticipó que las negociaciones salariales que comenzarán en marzo estarán atravesadas por el conflicto con el Gobierno.
“Desde mayo del año pasado se ha duplicado la inflación”, señaló el dirigente, quien aseguró que en las próximas paritarias habrá “espacio de negociación y de lucha”.
La CGT volverá a movilizarse al Congreso
Mientras la conducción de la CGT descarta un paro nacional, sectores sindicales más combativos avanzarán con medidas de protesta propias.
Entre ellos se encuentra el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que anunció una movilización al Congreso el viernes, día en que el Senado tratará la reforma laboral.
La protesta no incluirá una huelga general, aunque algunos gremios podrían adoptar medidas particulares, como ya adelantó la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
En paralelo, dentro del sindicalismo también anticipan que si la ley es aprobada buscarán responsabilizar políticamente a los senadores que acompañen el proyecto, especialmente a aquellos vinculados al peronismo.
Según plantean en la central obrera, la reforma implicaría un retroceso en materia de derechos laborales, un escenario que —advierten— seguirá generando conflictos sindicales incluso después de la eventual sanción de la norma.