El proyecto busca modernizar el régimen societario con menos intervención estatal, digitalización total y nuevas figuras vinculadas a la economía digital.
El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto para reformar la Ley General de Sociedades, una iniciativa que apunta a cambiar de raíz el funcionamiento de las empresas en Argentina, con menos intervención estatal, mayor libertad contractual y una fuerte incorporación de herramientas tecnológicas.
El anticipo lo hizo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien confirmó que la iniciativa sería girada durante la jornada. Luego, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, detalló el alcance de una reforma que definió como “profunda” y orientada a dejar atrás un esquema “rígido y anacrónico”.
Uno de los cambios centrales del proyecto es que las normas de la ley pasarán a ser supletorias, lo que implica que prevalecerá lo que definan los socios en el estatuto de cada empresa.
En esa línea, se plantea reducir al mínimo la intervención estatal en la organización interna de las sociedades, con restricciones que serán excepcionales y de interpretación limitada. Además, se busca impedir que los registros públicos dicten resoluciones que limiten lo que la ley permite.
El proyecto también apunta a eliminar requisitos que hoy dificultan la creación y funcionamiento de empresas. Entre los cambios más relevantes:
Según explicó Sturzenegger, esto permitirá que las sociedades puedan adaptarse con mayor rapidez a un contexto económico dinámico, reduciendo costos y tiempos.
Otro de los puntos destacados es que las empresas podrán resolver sus conflictos internos bajo derecho extranjero o normas de comercio internacional.
También se habilita la incorporación de cláusulas arbitrales en los estatutos, lo que permitiría evitar la Justicia tradicional y agilizar la resolución de disputas. El funcionario comparó este esquema con el de centros internacionales como Dubai.
La iniciativa contempla una transformación integral hacia la digitalización. En concreto, propone:
“El expediente en papel queda en la historia”, resumió el ministro, al destacar que estos cambios reducirán tiempos y costos operativos.
Uno de los capítulos más innovadores del proyecto es la incorporación de nuevas figuras jurídicas vinculadas a la economía digital. Entre ellas aparecen:
Ambas estructuras tendrán personalidad jurídica y responsabilidad limitada, lo que representa un cambio significativo en el derecho societario argentino.
El Gobierno vincula esta reforma con la intención de posicionar a Argentina como un polo atractivo para inversiones tecnológicas, especialmente en el campo de la inteligencia artificial.
Como referencia, Sturzenegger mencionó el caso de Irlanda, que logró captar grandes ías globales mediante un marco legal y fiscal favorable. La apuesta oficial es replicar ese modelo a nivel local.
Además, el proyecto incorpora otras herramientas como:
En síntesis, la iniciativa busca reducir costos, eliminar controles discrecionales y ampliar la libertad de los actores privados, en línea con el programa económico del Gobierno.
Ahora, el proyecto deberá iniciar su recorrido en el Congreso, donde se abrirá el debate sobre una reforma que el oficialismo considera clave para adaptar el sistema empresarial argentino a la economía del siglo XXI.