Las empresas de transporte de larga distancia alertaron sobre una deuda millonaria del Gobierno Nacional que afecta los pasajes para personas con discapacidad.
Pasajes por discapacidad: empresas denuncian una millonaria deuda del Gobierno nacional.
El Gobierno nacional eliminó los subsidios a los micros de larga distancia por los pasajes gratuitos para personas con discapacidad, argumentando que la desregulación les permite absorber ese costo. Sin embargo, desde la Cámara Empresaria de Larga Distancia denunciaron que la medida ocurre en pleno litigio judicial y con una deuda estatal acumulada que supera los $27.000 millones.
En las últimas horas, el Gobierno nacional resolvió dejar sin efecto el régimen de compensaciones económicas destinadas a las empresas de transporte automotor de pasajeros de carácter interjurisdiccional que cubría el costo parcial de los boletos gratuitos otorgados a personas con discapacidad.
La decisión administrativa deroga un conjunto de normativas vigentes desde el 2018 que regulaban el pago estatal a las cámaras del sector. Sin embargo, la respuesta del sector privado no se hizo esperar: la Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI) emitió un duro comunicado aclarando el contexto de la medida y denunciando que el Estado mantiene una deuda acumulada con las empresas que supera los $27.000 millones de pesos por los servicios ya prestados.
De acuerdo con los considerandos de la resolución oficial, el esquema de subsidios había sido diseñado en un contexto de tarifas reguladas. Las autoridades señalaron que tras la aprobación del nuevo marco regulatorio a finales de 2024 -el cual otorgó plena libertad tarifaria- las empresas cuentan con la capacidad de internalizar estos costos dentro de su propia ecuación económica. Por este motivo, el Ejecutivo consideró que la causa que justificaba el subsidio se encuentra superada.
Desde la vereda de enfrente, CELADI expuso una profunda inconsistencia jurídica. Explicaron que a partir del Decreto 883/24 el transporte de larga distancia dejó de ser considerado un "servicio público", perdiendo sus derechos y diferenciales. No obstante, mientras la autoridad nacional dejó de pagar las compensaciones, intimó a las compañías a continuar entregando de forma obligatoria más de 1,5 millones de pasajes gratuitos anuales.
Ante el reclamo de las empresas, la propia Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) había acudido a la Justicia para forzar a las compañías a seguir otorgando los beneficios. Pero los tribunales federales no avalaron la postura oficial sin condiciones: tanto el Juzgado Federal en noviembre de 2024, como la Cámara de Apelaciones en julio de 2025, resolvieron que si bien las empresas debían continuar entregando los pasajes de forma cautelar, el Estado debía seguir pagando las compensaciones.
A pesar de las sentencias, las cámaras empresarias denuncian que el Ejecutivo no realiza transferencias desde noviembre de 2024. Ante este persistente incumplimiento, el pasado 18 de mayo de 2026 el Juzgado Federal dictó una medida drástica:
Declaración de incumplimiento: el tribunal declaró formalmente en falta al Estado Nacional.
Intimación al Ministerio de Economía: aprobó una primera liquidación de la deuda por $8.753.962.143 (correspondiente al período noviembre 2024 - abril 2025) y emplazó a la cartera económica a pagar en diez días bajo apercibimiento de multas judiciales.
Pasivo total: desde CELADI aclararon que los períodos posteriores a abril de 2025 ya están siendo relevados en la misma causa y elevan el total adeudado por encima de los $27.000 millones.
Mientras que la Resolución 28/2026 subraya de forma taxativa que la medida no afecta el derecho a la gratuidad contemplado en las leyes nacionales 22.431, 26.928 y 27.674, el sector empresarial remarcó que ese es exactamente el punto en debate.
"Lo que está en discusión es si esa obligación puede recaer íntegramente sobre empresas privadas en un mercado desregulado, sin compensación alguna del Estado", señalaron desde la entidad presidida por Daniel Russo.
Las empresas concluyeron manifestando que bajo ningún concepto cuestionan el derecho de las personas con discapacidad, trasplantados y pacientes oncopediátricos, pero advirtieron que la viabilidad de un sistema que los obliga a absorber una carga pública multimillonaria sin financiamiento estatal deberá ser resuelta, en última instancia, por la Justicia de fondo.
Mauricio Badaloni, director de Andesmar se refirió al tema, y sostuvo que: "Si el sistema está desregulado y no hay contraprestación, las empresas no deberían estar obligadas". Además indicó que deberían subsidiar la Discapacidad, con aporte directo al discapacitado. Ese debería ser la decisión del Estado, es decir, con un Gobierno que cree en el Libre Mercado".