La Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza aprobó este miércoles un proyecto de resolución del oficialismo para que las iniciativas presentadas por sus miembros obtengan la certificación ISO si cumplen con ciertos requisitos que apuntan a la "calidad legislativa". Cuáles son los criterios que las propuestas deberán tener para conseguir el sello.
Esto fue impulsado por la diputada Sol Salinas (PRO) y propone una modificación del Reglamento Interno de la Cámara de Diputados para incorporar estándares internacionales de gestión de calidad al proceso legislativo. Lo que impone es que la elaboración de proyectos de ley, resolución y declaración se ajusten a los lineamientos de la norma ISO 9001:2015, aunque desde el oficialismo aclararon que esto no será obligatorio para que el texto sea tratado.
Esta resolución implica que las iniciativas deberán estructurarse bajo un esquema técnico: incluir un diagnóstico claro del problema que se busca resolver, con datos verificables; establecer objetivos específicos y medibles; detallar el impacto económico, social y ambiental previsto; identificar beneficiarios directos e indirectos; y, en caso de implicar gasto público, precisar el costo estimado y la fuente de financiamiento.
"La aplicación, implementación y mantenimiento de los parámetros normativos establecidos en las normas mencionadas refuerzan la idea de que las leyes no deben ser vistas como soluciones apresuradas, sino como proyectos cuidadosamente diseñados, orientados a abordar necesidades reales, con impactos evaluados y revisiones periódicas", dice el proyecto. Además, Salinas sostuvo que esto apunta a que los diputados sean evaluados por la calidad de sus propuestas y no por la cantidad de presentaciones que realicen.
Cuáles son los requisitos para que un proyecto sea certificado
Con esta aprobación, los diputados podrán obtener la certificación de la norma ISO 9001 de sus proyectos si cumplen con cuatro parámetros:
Definición del problema: los proyectos deberán basarse en una necesidad real y comprobada. Se incluirá un diagnóstico detallado de gestión de riesgos, que identifique claramente el problema a resolver y justifique la necesidad de la ley.
Planificación de recursos y sostenibilidad: cada proyecto que implique gasto público deberá detallar los costos estimados y las fuentes de financiamiento, utilizando principios de la ISO 9001/ 2015 para la gestión de calidad.
Impacto en la población: definir claramente el grupo objetivo de la ley y medir el impacto previsto en su calidad de vida.
Revisión periódica y auditoría: implementar un sistema de auditoría continua para evaluar las leyes aprobadas y determinar si deben ser modificadas o derogadas, en línea con la norma ISO 9001.
Al respecto, Andrés Lombardi, presidente de la Cámara, expresó: "Son requisitos básicos. Hemos mejorado varias áreas de la administración con estas normas, aunque aún no obtenemos la certificación. Vamos a seguir mejorando y espero que tambien la Cámara lo haga".
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¿Esto implicará un gasto para la Legislatura de Mendoza?
El legislador radical respondió en el recinto a las consultas de la oposición -que se opuso a la propuesta- sobre cuánto costará aplicar esta resolución. Lombardi negó que se haya contratado a una consultora y dijo que ya se abonaron unos $2.200.000 a IRAM, y que resta pagar otra cuota. "En total cuesta $300.000 mensuales", añadió.
En la letra del proyecto se establece que la implementación y certificación de las normas ISO deberá financiarse con partidas ya existentes dentro del presupuesto de la Cámara de Diputados.
Los objetivos del oficialismo para certificar proyectos
La resolución aprobada este miércoles en el recinto también apunta a la capacitación de legisladores y equipos técnicos en normas ISO, con el propósito de profesionalizar la tarea parlamentaria y asegurar la correcta aplicación y sostenimiento de los estándares adoptados. Además, fija un plazo de doce meses para la adaptación de los procedimientos y prevé una aplicación progresiva para los expedientes en trámite.
Según el texto del proyecto, certificar iniciativas con estas normas garantizará "mayor calidad legislativa", estableciendo que se basen en análisis rigurosos, diagnósticos precisos y planificación clara, evitando iniciativas sin fundamentos sólidos; como también optimizar los recursos, ya que evitaría el tratamiento de propuestas inviables o que generen un gasto innecesario.