El número ya está, lo que sigue siendo una incógnita son las condiciones del Gobierno de Estados Unidos a la Argentina, más allá de los rumores y sospechas que ya comienzan a circular en el mercado.
Estados Unidos confirma apoyo financiero a Argentina con compra de bonos y línea swap, condicionado a alineamiento estratégico y proyectos clave.
Apoyo de Estados Unidos a Argentina: el número está, las condiciones son una incógnita.
El número ya está, lo que sigue siendo una incógnita son las condiciones del Gobierno de Estados Unidos a la Argentina, más allá de los rumores y sospechas que ya comienzan a circular en el mercado.
El posteo en X del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó la disposición de su país a comprar bonos argentinos en dólares y la negociación de una línea swap por USD 20.000 millones con el Banco Central, en coordinación con el gobierno de Milei, cerrando tres días de rumores sobre la magnitud del apoyo de la gestión de Donald Trump.
El mensaje, difundido por Bessent a través de su cuenta de X, puso de relieve el compromiso norteamericano con la estabilidad financiera argentina:
“Estamos listos para comprar bonos argentinos en dólares y lo haremos según las condiciones lo exijan. Además, estamos negociando actualmente con las autoridades argentinas una línea swap de USD 20.000 millones con el Banco Central. Trabajamos en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva”.
Según explicó Bessent, las negociaciones incluyen otras herramientas: un crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria, la compra de deuda en mercados primarios y secundarios, y un mayor control sobre los beneficios fiscales para exportadores que liquiden divisas. El objetivo es contener la volatilidad del dólar, garantizar liquidez en momentos críticos y facilitar el acceso de Argentina al financiamiento internacional, en un contexto de caída del consumo interno, atraso salarial y recesión económica.
Un dato llamativo del posteo de Bessent es que parece también dictar normas de política económica, ya que habla de un final permanente a las retenciones, la compra de un bono emitido especialmente para Estados Unidos y el manejo de la política de atracción de inversiones.
La intervención inédita de Estados Unidos en la política y la vida institucional argentina se da en un escenario electoral complejo, previo a las elecciones legislativas del 26 de octubre. Bessent subrayó que Argentina dispone de herramientas para enfrentar a los especuladores, incluyendo a quienes buscan desestabilizar los mercados por motivos políticos, y destacó el interés de numerosas empresas estadounidenses en realizar inversiones directas si se mantiene un resultado electoral favorable.
El respaldo estadounidense trasciende lo meramente financiero. Washington busca consolidar un alineamiento geopolítico con la administración Milei, considerado un aliado estratégico en la región. Durante la reunión en Nueva York, Bessent detalló que el plan económico del gobierno argentino cuenta con la confianza de Trump, y que se trabajará inmediatamente después de la elección en el pago de las principales obligaciones externas.
Sin embargo, las condiciones para acceder a estos recursos no son inocuas y están lejos de lo que expresó Guillermo Francos sobre la ausencia absoluta de condicionamientos de la administración norteamericana.
Fuentes diplomáticas y económicas señalan que el desembolso estaría condicionado a un alineamiento estratégico con Estados Unidos en sectores clave, incluyendo tecnología 5G, hidroeléctricas, minería de minerales estratégicos —como las “tierras raras”— y energía. Incluso se mencionó la hipotética instalación de una base militar estadounidense, aunque oficialmente fue desmentida por el ministro de Defensa y candidato a diputado nacional Luis Petri.
El respaldo estadounidense se produce en un contexto de elevada presión sobre las cuentas públicas. El riesgo país argentino ronda actualmente los 1.000 puntos básicos, reflejando la percepción de los mercados sobre la capacidad de refinanciar la deuda. Desde 2020, por la reestructuración implementada por el gobierno de Alberto Fernández y Martín Guzmán, el país había evitado el pago de vencimientos de capital, reduciendo tasas y postergando compromisos, pero la coyuntura electoral vuelve a poner a prueba la sostenibilidad fiscal.
La deuda pública, medida como porcentaje del Producto Bruto Interno (PIB), muestra que, descontando la deuda intraestatal, se ubica por debajo de medio PIB, un nivel manejable históricamente. La sostenibilidad dependerá de la continuidad de un superávit fiscal, la evolución del crecimiento económico y la tasa de interés. La estrategia del gobierno de Milei ha sido alcanzar superávit a través de un ajuste de magnitud considerable, recayendo sobre jubilados, salud, investigación y obra pública, y afectando las transferencias hacia las provincias.
La política de bandas cambiarias y el control del tipo de cambio han dificultado la acumulación de reservas internacionales, dejando al Banco Central con recursos limitados para enfrentar futuros vencimientos, que podrían superar los USD 34.000 millones hasta el fin del mandato. En este marco, la intervención estadounidense puede ser interpretada como un seguro frente a la presión de los mercados, aunque condicionado a objetivos geopolíticos estratégicos de Washington.
Entre los proyectos bajo revisión se encuentran la central nuclear Atucha III, el Radiotelescopio Chino-Argentino en San Juan, represas hidroeléctricas en Santa Cruz, y la explotación de litio, cobre y tierras raras en la Cordillera de los Andes. Estados Unidos exige desplazar a China de estos sectores, argumentando razones de seguridad y control estratégico. La hipótesis de máxima planteada por Washington incluye control tecnológico, energético y hasta militar, aunque se espera que las negociaciones ajusten estas demandas a la factibilidad local.
El acuerdo no solo implica un respaldo financiero, sino también una redefinición de la inserción internacional de Argentina, pareciendo más una intervención directa en la economía y, de manera implícita, en el proceso político electoral.