Los últimos casos resueltos por los magistrados del sur de la provincia de Mendoza, han alimentado la sensación de que todavía se puede creer en la justicia. Claro que, generalmente, las resoluciones no suelen satisfacer a toda la opinión pública, más en estos tiempos contaminada por el poco apreciable mundo de las redes sociales.
Sin embargo, las sentencias en la Segunda Circunscripción no se han alimentado de la vocinglería popular, sino en el derecho, lo que ha sido incluso resaltado por la Corte de Mendoza al ratificar varias de ellas en Casación y hasta resaltarlas en el compendio de fallos elaborado recientemente en el Poder Judicial de Mendoza.
Esto nos lleva a repasar en un breve resumen, los casos resueltos en los tribunales del sur mendocino, que dan cuenta no sólo de mejoras en la instrucción de las causas con los fiscales como protagonistas, sino también en fundados fallos ratificados por tribunales superiores.
Primero, vale destacar que el Ministerio Público Fiscal ha aumentado su producción, no sólo por la apertura de fiscalías especializadas, sino por la renovación de un staff que ha sabido cumplir con las exigencias del Procurador Alejandro Gullé, harto de ver “regados los pasillos de tribunales con las lágrimas de las víctimas”.
Cuando por fin ya se estaba por aplicar en el sur, el Código Procesal Penal que ya el resto de la provincia llevaba casi 15 años como modalidad de trabajo, se dio un caso de fuerte trascendencia mediática, que quedó en manos de la flamante fiscal Andrea Rossi, que interpretó inmediatamente el nuevo paradigma de Gullé de ir con todo el peso de la ley, a la hora de acusar. Se trataba nada menos que de la muerte de Genaro Fortunato, atropellado por su novia Julieta Silva.
Inicialmente se pidió perpetua por varios agravantes en lo que se consideró un hecho interpretado como doloso. Pero los jueces vieron en el cambio a última hora de la acusación, que interpretó el hecho como producto de la emoción violenta de la victimaria, el resquicio para condenar a la imputada sólo por homicidio culposo agravado por el accionar desaprensivo de Silva. Fue una señal clara de magistrados que no se dejaban llevar por los gritos de las redes sociales que mayoritariamente exigían una pena más dura.
Pero el cambio más radical que se vio en los tribunales fue la perspectiva de género a la hora de valorar pruebas indiciarias. Y así, dos espantosos y hasta ese momento impunes femicidios, finalmente fueron resueltos tras más de 15 años uno, y casi una década el otro.
La atroz paliza e inadmisible violación en masa a la jovencita Paula Toledo ocurrida en 2003, iba a quedar impune en cuanto a los autores materiales, por culpa de policías, peritos y jueces que hicieron de todo para perder pruebas en el proceso. Hasta que los jueces Néstor Murcia, Alejandro Celeste y Esteban Vázquez Soaje (civilista que completó el tribunal), entendieron que el hecho de que el joven con quien asiduamente se encontraba la víctima, Marcos Graín, la dejara esa noche del 31 de octubre de 2003, y no la cuidara, facilitó el crimen en manos de un grupo de delincuentes todavía no identificados.
Dos juicios no habían servido de nada; el primero porque contra los menores acusados, no había pruebas; el segundo porque el beneficio de la duda que había favorecido a Graín. Hasta que la Suprema Corte pidió a los nuevos magistrados que le dieran una perspectiva de género al caso, y con esa base, el tercer juicio se desarrolló con un tribunal que le terminó dando 11 años de cárcel al contar “con un análisis detallado, completo y minucioso de la totalidad del plexo probatorio rendido, mayormente indiciario”, tal como finalmente lo dijo la Corte, que encuadró doctrinariamente en la teoría “cognitivo-volitiva” el comportamiento de Graín como un “menosprecio a la consecuencia probable” al dejar a Paula a su suerte, en este caso, la violación seguida de muerte a manos de sus agresores.
En tanto, la Justicia Civil, con la pluma del sólido magistrado Darío Bermejo, dijo que las negligencias o impericias de los funcionarios públicos que permitieron la impunidad de los asesinos, debían ser pagadas por el Estado, con 18 millones a la madre y 7 a cada uno de los hermanos de Paula. Algo de reparación, y al menos una condena, comenzaron a cambiar de la Justicia en San Rafael.
El otro suceso casi similar, fue el de Nélida Villar, jovencita malargüina que fue asesinada por su amante, Abel Vázquez, a quien se le anuló el juicio absolutorio por decisión de la Corte, que llevó a revisar, también con perspectiva de género, las pruebas indiciarias.
Allí fue clave el fiscal Javier Giaroli, que decidió tomarse a pecho el caso en carácter de querellante, y descubrir en las comunicaciones telefónicas y otros elementos (copiosamente reunidos en su momento por el ex juez de instrucción Pablo Peñasco), que le dieron un relato que convenció a los jueces Murcia, Jorge Yapur Meca y Sergio González para condenarlo a perpetua. La sentencia estuvo tan bien fundada, que la apelación a la Corte sólo derivó en una ratificación plena por parte del Tribunal Supremo.
Tampoco hubo protección a deportistas, médicos, dueños de medios de comunicación, abogados y hasta policías, a la hora de hacer justicia en el sur provincial, donde, por ejemplo, se mandó a la cárcel a rugbiers violentos y asesinos, mucho antes que la Justicia de Buenos Aires con el caso Fernando Báez Sosa en Dolores.
Por ejemplo, los ya citados Murcia y Yapur, junto al juez también de Cámara, Rodolfo Luque, en su momento le dieron 9 años de cárcel al rugbier Rodrigo Galán que tiró una botella en un boliche y mató al inadvertido joven Gastón López; y antes, otro practicante del mismo deporte, Jonathán Cruz fue responsabilizado por la muerte del Joven Diego Mendieta, que sucedió varios días después de una golpiza a la salida de un boliche sanrafaelino.
Pese a la dificultad que implica probar una mala praxis, ha habido médicos condenados; tal el caso del cirujano José Castro a 2 años de prisión en suspenso y 5 de inhabilitación, por haber actuado negligentemente en una operación donde la víctima, José Emilio Cesaretti falleció tiempo después de la intervención.
Tampoco les ha temblado el pulso a los magistrados para condenar a médicos por aborto y abandono de persona, como sucedió con los profesionales Juan Carlos Bertomeu (5 años de cárcel) y Jacinto Carballo (3 años y 8 meses).
Abogados que han realizado prácticas ilegales, también recibieron sentencias condenatorias últimamente en los tribunales sanrafaelinos: un caso fue muy comentado porque el letrado estaba endulzado con policías para estafar a las ART con falsas lesiones de uniformados; otro profesional por engañar a sus propios clientes en la compra de propiedades.
Esta semana condenaron a dos policías más porque una golpeó a otro con su arma reglamentaria para lesionarlo y sacarle plata a la ART, simulando que había recibido un piedrazo. La cámara del móvil develó la maniobra, y los oficiales César Olguín y Pablo Alzá, fueron descubiertos por el infalible fiscal Giaroli.
Este fiscal ha llegado a descubrir hasta polibandas que desarticuló y ayudó a condenar, como la que conformaban una familia de policías, encabezada por el oficial Jonathán Osorio (10 años de prisión, además de la exoneración), su padre, su mamá y un par de ladrones que robaban para ellos.
Policías en acción delictual, hubo siempre, pero en los últimos años algunos intentaron eludir incluso las sentencias en su contra, como el “Urraca” González, que mató a un adolescente con un disparo de su arma reglamentaria, mientras sus compañeros plantaban en la escena del crimen una pistola para hablar de legítima defensa, y como el juez Yapur descubrió la tramoya, le terminó dando 14 años de cárcel. Se fugó 4 años a Chile hasta que lo encontraron y ahora está purgando la pena sin ningún tipo de morigeración en los términos de detención.
El mismo juez Yapur, tiempo después, presidió el primer juicio por jurado que halló culpable a Damián Ortega, en este caso por matar a una mujer policía, Florencia Peralta.
Justamente, los juicios por jurado son la gran novedad que más acercó la Justicia a la gente; gran mérito de funcionarios como José Valerio y el subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino que trabajaron la reforma.
La jueza María Eugenia Laigle, una de las más duras del sur a la hora de condenar, también participó de juicios por jurado para mandar tras las rejas a un policía de General Alvear, en un caso que reveló la inteligencia con la que puede actuar un cuerpo de ciudadanos comunes a la hora de analizar los casos. La historia podría haber terminado en perpetua, pero el jurado popular supo distinguir acabadamente una de las figuras más difíciles del derecho, el homicidio bajo circunstancias extraordinarias de atenuación. Laigle le dio 15 años al policía Hugo Acuña.
Violaciones y abusos intrafamiliares, han culminado en decenas de condenas; esperándose ahora un record de años de cárcel para el tremendo caso de un hombre y una mujer de Malargüe, que no eran pareja, pero cada uno abusaba, grababa y corrompía a sus respectivos hijos para satisfacer al otro. El hecho, investigado el mes pasado por el fiscal Giaroli, podría resolverse en los próximos días.
Justamente, el haber puesto a este fiscal a cargo de delitos de esta naturaleza, ha permitido cerrar varios casos de Grooming, delito nuevo, pero que ya tiene varios encarcelados incluso por juicio abreviado por la multiplicidad de pruebas reunidas por el funcionario.
También la creación de Fiscalías de Violencia de Género, fue otro acierto de Gullé, ya que la creciente recepción de causas, confirmadas luego con fuertes condenas. Aunque hay que reconocer que, años antes, los jueces Julio Bittar, Rodolfo Luque y Ariel Hernández, ya habían tenido perspectiva de género a la hora de mandar a la cárcel por 11 años (no los completó por alcanzar ciertos beneficios) a un bailarín de tangos Sergio Sosa, por intento de femicidio en una de las golpizas que le propinó a su novia, Laura Girala.
Asesinatos que estremecieron a la población, como el de la panadera Roxana Toledo, que le pegaron un tiro y el momento se escuchó en el llamado desesperado al 911, tuvieron fallos ejemplares casi con el máximo de las penas previstas en el Código: 24 y 19 años de cárcel les dio el tribunal de Luque, Murcia y Hernández a los hermanos Forconi.
Perpetua recibieron los que asesinaron a los Scalia, una pareja de ancianos ex panaderos, a quienes previamente torturaron los delincuentes Cristian Pajón, Ricardo Peñalbé, Fernando Olivarez y Carlos Ávila. La excelente tarea investigativa de la fiscal Rossi, completó un plexo probatorio que dio certeza al jurado popular para el veredicto de culpables a cada acusado.
Lo dicho, la misma Corte de Mendoza ha puesto en valor las sentencias de los tribunales sanrafaelinos y aparecen en la lista de fallos destacados en los últimos años. La tremenda paliza con un barrote de hierro que le propinó Lucas Talaguirre a un joven sereno de una obra. La capacidad de análisis del hecho por parte del juez Hernández, fue ratificada por el máximo tribunal provincial al rechazar la casación.
Este debate fue destacado por los Supremos de la Sala Penal, porque versó sobre el concepto de dolo objetivizado, donde lo que interesa es la entidad del peligro creado y el deber de conocerlo por parte del autor del hecho criminal.
Los magistrados superiores señalaron que la resolución se basó no en analizar “la voluntad” del atacante, sino que se podía probar el tipo subjetivo, sin la necesidad de “explorar la psiquis del sujeto, como lo hacían los causalistas naturalistas”, sino que “el dolo o la imprudencia se atribuyen en base a pruebas e indicios”. Toda una ratificación doctrinaria en la jurisprudencia de la Corte.
Sobre Bittar, hay que decir que le tocó uno de los juicios más difíciles de realizar. Todo un operativo de seguridad y plagado de abogados y nada menos que 7 acusados, que recibieron entre 9 y 5 años de “continuidad de cárcel”, ya que se trataba de internos de la penitenciaría local que habían acuchillado a otro preso: Elvio Berón.
El mismo juez, a su vez, junto a Hernández y Carlos Parma, no se dejaron llevar por las movidas mediáticas a favor del popular futbolista alvearense de nivel internacional, Luciano Cabral, y le dieron 9 años de cárcel por haber participado del asesinato de Joan Villegas.
Hoy, dos magistrados han decidido dar respuesta definitiva a la familia que más años lleva esperando justicia. El caso de la desaparición de Oscar Garavaglia está nuevamente en manos de funcionarios judiciales sanrafaelinos, el fiscal Giaroli y el Juez de Garantías que silenciosamente, para no crear falsas expectativas, pero con la decidida pretensión de que el expediente más enigmático de la justicia sureña, quede con una resolución que permita tener una idea al menos acerca de qué pasó con ese joven el 12 de enero 1979 en El Nihuil.
De lograrlo, los tribunales de la Segunda Circunscripción Judicial habrán podido coronar la idea de que tarde o temprano, en estos estrados, será justicia.
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