Tuvieron que constituirse como querellante, tras el deficiente trabajo del Francisco R. Talío (Jefe del Cuerpo Médico Forense y Criminalístico en ese momento), con conclusiones tan defectuosas como su labor; y tras haberse exhumado el cuerpo de Paula, a los efectos de extraer cabello para analizar; pero sobre todo al ver que se ordena la libertad por falta de mérito a Cristian E. Torres, Andrés R. Maravilla, Marcos Graín e Iván Gauna;
Se hicieron tan mal las cosas, que ni siquiera se pudo aprovechar el decomiso de un pantalón de uno de los sujetos mencionados en el caso ( un joven de apellido Maravilla), que contenía un pelo que presentaría características similares a los encontrados en la ropa de la víctima, y no se determinó adecuadamente las manchas de sangre en unas piedras recolectadas en la escena del crimen, como así también cigarrillos, sangre y pelos en la ropa de Paula.
Lo peor de todo es que recién medio año después del crimen se enviaron muestras genéticas de distintos hisopados practicados a Paula y análisis de sangre de Graín, Gauna y García, al servicio de huellas digitales y genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA y, pese a las reiteradas insistencias del juez, cuyo resultado se pudo obtener a un año del asesinato. Esas muestras (en sólo dos hisopos porque Talio dijo que eran los únicos que le quedaban en su oficina) que se enviaron, no servían para nada porque Talio rescató poco material genético del cuerpo de Paula, al que incluso se dio el lujo de lavar antes de extraer las muestras.
Esa impericia quedó expuesta en un video que obtuvo el programa Curiosos del Poder 17 años después de la autopsia, y que ningún fiscal, juez ni funcionario había visto antes, porque se mantuvo en un sobre cerrado que ni siquiera fue expuesto en los dos juicios anulados del caso.
La cuestión es que los hubo durante dos años más, un sinnúmero de inhibiciones, recusaciones, intentos de integraciones, remisiones de la causa, conflictos negativos de competencias, que dilataron enormemente el proceso y terminaron en una resolución de la S.C.J.M. que determinó cuál era el tribunal competente (fs. 2005); mientras esto ocurría, Graín se hallaba prófugo y Gauna y los hermanos Echegaray interpusieron recurso extraordinario federal, que fue contestado por la querellante particular y rechazado por la S.C.J.M.
Finalmente, Graín se presentó voluntariamente el 09/09/2009 y se ordenó la elevación a juicio de la causa en su contra.
Antes de ese juicio ocurrió algo insólito: La Secretaria a cargo de la Oficina de secuestros, solicitó autorización para donar ciertos objetos decomisados; con lo que se perdieron las prendas que constituían pruebas de relevancia para el proceso.
Eso no fue todo: se destruyeron los elementos secuestrados, entre ellos, piedras, ropa con sangre, encendedores y otros elementos probatorios fundamentales para la solución del caso.
Finalmente, en materia probatoria, la pérdida fue de tal magnitud que llegó el día en que la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA informó que la muestra de cabellos de Paula fue agotada en su totalidad.
Los juicios fueron una vergüenza, por la falta de pruebas, por el silencio de los testigos y por la incapacidad judicial para resolver un caso mal investigado por el juez Martino.
“El 08/08/2008 se llevó a cabo la segunda audiencia de debate con declaraciones aberrantes, en las que se trajo a colación lo informado por criminalística sobre el cuerpo de Paula y lo que le habrían hecho; escuchando todo se encontraba la madre y hermanos de Paula Toledo, quienes también declararon en tal ocasión. Finalizado el extenso juicio oral, se leyó el resolutivo de la segunda sentencia recaída en el juicio, la que, absolvió a Marcos Federico Graín Osorio, ello aconteció el 02/09/2011. Consta que el abogado de la querellante informó que Nuri Ribota se había descompuesto al oírla y por eso no estaba presente al haber sido trasladada para que la asistieran médicamente”, repasa ahora la sentencia de la Cámara Civil
El segundo juicio a Graín llegó a fines del 2021, con una sentencia condenatoria pero el padecimiento de Nuri y sus otros hijos al ver que los culpables siguen libres, continúa.
Ahora, el fallo civil, viene a dejar sin efecto una sentencia de un tribunal inferior en la que sólo ordenaban pagar al estado $ 6.600.000 a Nuri y 3 millones a los hermanos de Paula.
La nueva sentenia, también deja en claro que fue el Estado el que ha ocasionado por su falta de servicio, para descubrir y sancionar a todos los responsables, y la demora injustificada en la tramitación del juicio penal.
En palabras textuales, el magistrado Darío Bermejo expresó que si bien “no fue el Estado Provincial quien le puso fin de una manera aterradora a la hija y hermana de los actores, sí fue el causante de una revictimización constante de estas personas, que ya se encontraban gravemente afectadas por la atormentadora muerte de su ser amado; todo ello, al llevar a cabo una investigación deficiente, que aparejó juicios orales con sentencias absolutorias que habrían sido consecuencia del mal desempeño de los responsables de la investigación previa y que fueron declaradas nulas por la S.C.J.M. en dos oportunidades lo antes mencionado llevó a la lamentable situación de que la madre y hermanos de Paula Toledo, tuvieran que escuchar tres veces el detalle pormenorizado de las monstruosidades por las que pasó su ser querido, previo a morir y en el mismo momento de su muerte. Lo que a mi juicio y al de cualquier persona razonable, resulta por demás devastador, inconsolable y prácticamente irreversible”.
El no tener encarcelado a los culpables “por el mal accionar de los funcionarios del Estado, también genera un inmenso malestar emocional en los miembros de la familia Ribota-Toledo; quienes, como ya lo han referido, temen por la vida e integridad física de los suyos y se sienten absolutamente desamparados y desprotegidos”.
Por último, hacen una mención especial “al dolor sufrido por la madre de Paula Toledo: “Esta destrozada madre, no ha podido hasta el día de hoy, a más de diecinueve años, realizar el duelo por la muerte de su hija Paula, pues ha dedicado todo este tiempo de su vida a intentar que se haga justicia; enfrentándose cara a cara con los presuntos torturadores, abusadores y asesinos de su hija, al menos, en cada juicio oral. Batallando también contra un Estado –o más bien sus funcionarios-, que ha mostrado su lado más débil a la hora de la investigación y esclarecimiento de este traumatizante hecho”.
La sentencia va más allá, y ordena que se ponga en conocimiento de Asesoría de Gobierno y de Fiscalía de Estado, de todo lo actuado en este proceso y en la causa penal a fin de que, de corresponder, oportunamente se inicie acción de repetición en contra de los funcionarios responsables.