Con ajustes y reducción de personal en ANDIS Mendoza, crecen los reclamos por demoras en el acceso a prestaciones por discapacidad.
En Aconcagua Radio, Carlos Gallo habló sobre las pensiones por discapacidad.
Foto: Yemel FilEn los últimos meses, el debate sobre las prestaciones por discapacidad en Argentina ha cobrado relevancia. Es que, desde su llegada al poder, el presidente Javier Milei ha implementado medidas de ajuste que han generado preocupaciones entre los beneficiarios y activistas del sector.
El recorte en las pensiones de seguridad social ha sido drástico, afectando a quienes dependen de estas pensiones para su subsistencia. Las prestaciones son cruciales para cientos de miles de argentinos que ven en estas ayudas un soporte fundamental en sus vidas.
Desde la asunción de Javier Milei, se ha denunciado un aumento en la burocracia y complicaciones que enfrentan las personas con discapacidad al intentar acceder o mantener sus pensiones. En Mendoza, la situación es crítica ya que se ha visto la reducción del personal en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), lo que dificulta el acceso a los servicios necesarios. Esto ha generado que no se puedan gestionar adecuadamente las solicitudes, provocando largas esperas y, en muchos casos, la frustración de los beneficiarios.
El recorte en las pensiones por discapacidad ha sido acompañado por controversias en torno a la supuesta emisión de pensiones de manera fraudulenta. Un caso que ganó notoriedad en los medios: un individuo obtuvo una pensión utilizando la radiografía de un perro, lo que alimentó críticas hacia el sistema de otorgamiento de estas pensiones. Sin embargo, la lógica detrás de identificar casos aislados para justificar eliminaciones masivas de pensiones se traduce en un ataque a aquellos que realmente necesitan estas ayudas.
El gobierno nacional ha defendido sus decisiones alegando la necesidad de auditar y revisar las pensiones otorgadas para garantizar que solo aquellos que realmente lo necesiten sean beneficiados. En este contexto, algunos funcionarios han argumentado que el ajuste es parte de una política más amplia destinada a sanear las finanzas públicas, aunque son los sectores más vulnerables quienes sufren las consecuencias de estas medidas.
La pensión por discapacidad, que actualmente se sitúa en el 70% de una jubilación mínima, es un monto crítico para quienes dependen de ella. El gobierno debería buscar formas de optimizar el sistema para garantizar la accesibilidad y el acceso equitativo a los servicios, en lugar de realizar recortes.
En un país donde la pobreza y la desigualdad son problemas persistentes, la situación de las personas con discapacidad es una manifestación clara de estos desafíos. Las medidas de ajuste aplicadas por el gobierno libertario han puesto en evidencia no solo la fragilidad del sistema de pensiones, sino también la necesidad de un debate más amplio sobre cómo se deben priorizar las políticas públicas para garantizar el bienestar de todos los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables.
Escuchá mi columna periódico los miércoles en “Hermoso Caos”, programa de Aconcagua Radio con la conducción de Pablo Pérez Delgado y Nimsi Franciscangeli.
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