La Línea 102 recibió miles de llamados por situaciones de vulneración de derechos durante 2025. ¿Cómo trabajan los profesionales para reducir los riesgos?
Maltrato infantil: "Toda la sociedad es corresponsable en la protección de las infancias".
El maltrato infantil es una realidad silenciosa que afecta a miles de niños, niñas y adolescentes (NNyA) interpela a toda la sociedad. En Mendoza, los datos oficiales del Programa Provincial de Prevención del Maltrato Infantil (PPMI) revelan un alto número de consultas y casos confirmados en 2025, lo que refuerza la importancia de la detección temprana y el compromiso social.
Así lo explicó la licenciada Rosario Chahla, jefa del programa, en diálogo exclusivo con SITIO ANDINO, donde destacó que la problemática es multidimensional y está atravesada por factores sociales, culturales y familiares.
La temática vuelve a ocupar el centro de la mirada pública debido al terrible caso de Ángel, el pequeño cuya muerte en Comodoro Rivadavia se encuentra bajo investigación. Es que, esta semana, se ordenó la detención de su madre, Mariela Altamirano, y su padrastro, Michel González, por la presunción de su responsabilidad en el deceso.
En concreto, durante el año 2025 el PPMI registró una importante demanda de atención en toda la provincia. Según los datos oficiales, se otorgaron decenas de miles de turnos y hubo una importante cantidad de casos confirmados.
Respecto a las edades, Chahla precisó que las franjas con mayor cantidad de casos corresponden a niños de 5 a 9 años y de 10 a 14 años, etapas vinculadas al ámbito escolar. Esto, explicó a este medio, ocurre porque la escuela funciona como un espacio donde intervienen otros adultos que pueden detectar señales de alerta.
“En el ámbito familiar, los niños más pequeños suelen tener más dificultades para expresar lo que les ocurre, mientras que en la escuela aparecen adultos que pueden escuchar sus relatos”, indicó la profesional.
Los departamentos con mayor cantidad de casos registrados son Las Heras, Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú y Luján de Cuyo, lo que se vincula con la mayor densidad poblacional de estas zonas.
Al contrastar los datos más recientes (NdA: estos se relevan a año vencido, por ello aún no hay cifras de 2026) con los de 2022, se observa una disminución en los casos en 2025. Como expone esta nota de Sitio Andino, en ese año 8.444 NNyA ingresaron al programa. De ese porcentaje, un 73% presentaba indicadores de maltrato o abuso.
Del total de 4.601 casos confirmados, se identificaron distintos tipos de violencia, siendo las formas físicas y sexuales las más frecuentes.
Un dato alarmante es que estos hechos ocurren dentro del centro de vida del niño, es decir, en entornos familiares o con personas responsables de su crianza.
“El análisis que hacemos sobre el aumento de las cifras en los últimos años tiene que ver con que ha aumentado la visibilización de las violencias, no necesariamente los hechos concretos”, aclara Rosario Chahla.
Uno de los aspectos que posiciona a Mendoza como referente a nivel nacional es su marco legal pionero en materia de protección de las infancias. La provincia cuenta con la Ley N° 6551, sancionada en 1997, que dio origen al actual sistema de intervención y atención.
La creación de esta norma estuvo marcada por un hecho trágico ocurrido en 1996: el asesinato del niño Ayrton Brian “Yoryi” Godoy, de tres años, víctima de una brutal golpiza. El caso generó una fuerte conmoción social y fue el punto de partida para impulsar cambios estructurales en la protección de la niñez.
“El año próximo se cumplirán 30 años del funcionamiento del programa, que es pionero en su forma de trabajo y en la articulación institucional”, destacó Chahla.
Mientras otras provincias comenzaron a desarrollar políticas sistemáticas recién después de 2005, con la sanción de la Ley Nacional N° 26.061 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, Mendoza ya había iniciado acciones desde el Ministerio de Salud con planificación y abordaje interdisciplinario.
Cuando se detecta una situación de violencia, se activa un circuito institucional que incluye al sistema de protección de derechos y a la Justicia, con el objetivo de garantizar la seguridad del niño o adolescente. Actualmente, el PPMI cuenta con presencia territorial en toda la provincia, lo que permite facilitar el acceso a la atención especializada.
En total, existen equipos en 15 hospitales y en, aproximadamente, 15 centros de salud. Esta distribución territorial busca evitar traslados extensos y garantizar una respuesta rápida ante situaciones de emergencia o sospecha.
Además, el sistema provincial avanza en un proceso de transformación digital que permitió mejorar la trazabilidad de los casos. Actualmente, los registros se realizan en historias clínicas digitales, lo que facilita el seguimiento longitudinal de cada niño o adolescente. “Muchas veces el diagnóstico de violencia se construye en el tiempo. Un niño puede llegar con una lesión y meses después presentar otra o realizar un relato en otro momento”, explicó la profesional.
Antes de la digitalización, reunir esos datos podía resultar complejo y provocar diagnósticos tardíos, cuando la situación ya representaba un riesgo elevado. Con el nuevo sistema, cualquier integrante del equipo de salud puede acceder a la trayectoria clínica y activar protocolos de intervención más rápidamente.
Uno de los principales canales de acceso al sistema es la Línea 102, un servicio gratuito y anónimo orientado a niños, adolescentes y adultos que necesiten asesoramiento o denunciar situaciones de vulneración de derechos.
Los operadores que atienden la línea son profesionales especializados, como psicólogos y trabajadores sociales, con formación específica en infancia y adolescencia.
“La Línea 102 es gratuita y anónima, y está pensada especialmente para que los propios niños y adolescentes puedan comunicarse sin depender de un adulto”, subrayó Chahla.
El abordaje del maltrato infantil se realiza mediante protocolos estandarizados que se activan desde el primer momento en que un niño ingresa a una guardia o consulta médica. La primera acción siempre es garantizar la salud integral del niño o adolescente. Luego se evalúa la situación familiar y, si corresponde, se informa al sistema de protección de derechos y a la Justicia.
En casos de internación, los pacientes son derivados a hospitales con equipos especializados, mientras que en otras situaciones se realizan intervenciones ambulatorias con seguimiento continuo.
Los equipos interdisciplinarios —integrados por psicólogos, trabajadores sociales y médicos— acompañan a las familias hasta que cesa la sintomatología y el riesgo. Además, cuando se detecta un caso en un niño, también se evalúa la situación de sus hermanos, ya que suelen tratarse de problemáticas familiares compartidas.
La visibilización social cumple un papel fundamental en la prevención del maltrato infantil. Muchas veces, los niños no pueden expresar verbalmente lo que les sucede, pero manifiestan señales a través del comportamiento, el miedo o cambios emocionales.
“Muchas veces los niños no hablan directamente, pero manifiestan señales a través del cuerpo, el llanto o el miedo. Estos indicadores deben generar alertas en los adultos”, afirmó la especialista.
Un avance significativo en materia de derechos ha sido reconocer a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, lo que implica escucharlos y creer en sus relatos. En este sentido, la normativa nacional establece que toda la sociedad tiene responsabilidad en la protección de las infancias.
“Si una persona toma conocimiento de una situación de violencia, debe actuar y no mirar hacia otro lado, ya que muchas veces esto puede significar salvar una vida”, concluyó Chahla.