Una ONG relevó cuán poco se cumple la Ley de Acceso a la Información Pública en los distintos organismos del Estado provincial y Municipios. Los aspectos más flojos y los mejores rankeados.
Semanas atrás, el Gobierno nacional dictó un decreto que introdujo restricciones al acceso a la información pública (AIP), que en Argentina se rige por la Ley 27.275 sancionada en 2016. La medida fue cuestionada por organizaciones de la sociedad civil, que entienden que la nueva reglamentación alteró el espíritu de la norma y restringió ese derecho.
En Mendoza, la materia fue regulada en 2018 con la Ley 9.070, la cual obliga a los distintos organismos del Estado provincial a publicar de forma periódica la información que sea relevante para garantizar la transparencia de sus acciones, sin la necesidad de un requerimiento de la ciudadanía (transparencia activa).
A seis años de su implementación, la ONG “Fundación Nuestra Mendoza” realizó un relevamiento sobre el cumplimiento de la normativa por parte de los sujetos obligados (Gobierno, ministerios, entes descentralizados y autárquicos, Legislatura, Poder Judicial, empresas públicas, municipios, concejos deliberantes, etc.). El estudio se centra en los sitios web de cada entidad.
Los resultados del informe son, cuanto menos, alarmantes. Si bien la mayoría de los casos analizados cumplen en mayor o menor dimensión algunos aspectos de la Ley, a medida que se complejiza la información a publicar, el acatamiento cae sustancialmente. Tal es así que la entidad concluyó que persiste un “alto grado de incumplimiento” generalizado.
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La primera falla detectada por la Fundación fue que de los 77 sujetos a evaluar, siete directamente no cuentan con portal web institucional. En tanto que otros dos (Maipú y Lavalle) no están adheridos a la Ley y disponen de mecanismos propios de acceso a la información pública.
Además, controla un aspecto clave para complementar los datos disponibles: la facilidad de acceder a esos registros públicos (accesibilidad universal).
Ninguno de los ítems examinados por el relevamiento presenta un grado de cumplimiento total.
La difusión de lo concerniente a la Ley de AIP (procedimientos, plazos, información del funcionario que garantiza su cumplimiento, enlaces para efectuar pedidos de AIP y recursos de incumplimiento) es relativamente baja. Solo el 43% de los entes verificados lo publica de forma completa.
En cuanto a la inclusión de una pestaña específica referida a Transparencia Activa, es uno de los puntos con mejor rendimiento, ya que el 70% lo cumple en sus páginas web.
En el capítulo vinculado a información institucional, organizativa y de planificación el porcentaje de acatamiento a las disposiciones legales es realmente escueto. El valor promedio es del 32%.
Pero es aún menor a la hora de presentar planes (8,6%) y metas (4,3%), aspectos fundamentales para el involucramiento de la ciudadanía en los procesos de diseño y seguimiento de políticas públicas.
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Respecto a reglamentaciones y memorias de los organismos, el nivel de cumplimiento también se presenta bajo (28,2%), explicado principalmente por la falta de publicación de anteproyectos de ley en los que están involucrados o por la inexistente indicación de que no están siendo parte de ningún proceso que a ello refiera.
Menos auspicioso es el nivel de publicación de cuestiones relacionadas a presupuesto, planta de personal, contratos, licitaciones, subsidios, auditorías y declaraciones juradas. En ese universo solo el 19% está en regla con lo que dicta la Ley de AIP.
El pico se encuentra en la ejecución presupuestaria periódica (54,3%) y son prácticamente inexistentes las publicaciones sobre contratos (4,3%) y subsidios (solo uno de los sujetos evaluados presentó un esquema de beneficios otorgados y su naturaleza.
En relación a la accesibilidad universal y diseño como igualadores de oportunidades (lenguaje claro, accesibilidad para personas con discapacidad, facilidad para encontrar la información y publicación en formatos reutilizables), si bien se presentan mejoras respecto a estudios anteriores, desde Nuestra Mendoza consideran que existen muchos desafíos a atravesar en esa materia.
El informe también se detiene en particularidades que no están regladas por norma, pero que son esenciales para mejorar la experiencia al momento de acceder a registros públicos.
En general, los organismos estatales evaluados consideran como cumplidas obligaciones del capítulo de información presupuestaria y estadística al publicar la Ley de Responsabilidad Fiscal, aun cuando difieren y el espíritu de ambas normas son distintos.
La ONG, además, recomienda homogenizar el criterio respecto de qué información es la que se debe publicar para dar respuestas a lo que exige la Ley en cada punto. Asimismo, insta a los concejos deliberantes a designar a los funcionarios garantes de cumplir con el AIP, ya que la mayoría no dio este paso.
Por último, hace hincapié en optimizar la actualización de los datos publicados, ya que en muchos de los casos analizados la última información disponible data de varios años atrás, lo que convierte en ineficiente el control de actos de gobierno por parte de la población.
La Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública habilitó un formulario online que da inicio al trámite para solicitar a un organismo información pública sobre su funcionamiento, actos, cuentas o cualquier motivo de interés público -de forma gratuita y sin necesidad de justificar los motivos del pedido-, disponible en ESTE LINK.
También existe la posibilidad de realizar presentaciones en formato papel, descargando el formulario de SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA, que deberá ser impreso, completado y presentado ante el organismo al cual solicita la información.
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