Diego Seoane, titular de la Subdirección de Acceso a la Información Pública, detalla la evolución de la Ley que otorga más transparencia a los actos de gobierno
En tres años de gestión, se iniciaron casi 200 sumarios a empleados públicos.
Foto: Cristian LozanoEn junio se cumplieron cuatro años de la promulgación de la Ley 9.070, que regula el acceso a la información pública en Mendoza, una herramienta que promueve la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones y de control de los actos de gobierno, aunque poco explotada por la población.
El organismo encargado de velar por el cumplimiento de la norma es la Subdirección de Acceso a la Información Pública (AIP), que además promueve acciones de control, seguimiento, asesoramiento, mediación y sanción en el caso que corresponda.
“El balance en estos cuatro años es muy positivo. En Mendoza funciona muy bien y ha sido destacada a nivel nacional, con el segundo mejor índice de transparencia del país, sólo por debajo de CABA, aunque con un presupuesto infinitamente menor y un espacio a auditar considerablemente más grande”, evaluó -en diálogo con Sitio Andino- el responsable del área, Diego Seoane.
En los últimos días, la asociación civil “Fundación Nuestra Mendoza” publicó un relevamiento que “probó” el funcionamiento del AIP en los Concejos Deliberantes de los 18 municipios. El informe evidenció que todavía hay organismos que necesitan ajustar clavijas para que el sistema de publicidad de actos de gobierno sea eficiente. Es que si bien el 89% de los cuerpos legislativos departamentales entregó la información requerida, solo el 44 por ciento lo hizo en los plazos establecidos en la Ley. Para el resto se debió apelar a recursos por incumplimiento, etapa en la que entra formalmente en el proceso la Subdirección de AIP.
Seoane destacó que todos los trámites iniciados fueron monitoreados por el área que tiene a su cargo. “Hay mucha gestión detrás de cada pedido. Si bien una vez presentado no estamos facultados a influir en los datos concedidos, sí intervenimos a la hora de orientar las entregas para que sean lo más fidedignas posibles, además de insistir que se expidan ante la demora”, especificó el funcionario.
Subrayó que la auditoría de las entidades civiles “nos ayuda mucho a la hora de llevar adelante nuestra labor”, ya que pone a prueba la aplicación de la normativa, además de su influencia directa en la opinión pública.
La Subdirección de Acceso a la Información Pública -que funciona bajo la órbita de la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública (OIAyEP)- elabora informes trimestrales y anuales con datos estadísticos sobre los procesos de AIP en la Provincia.
A medida que los organismos (públicos y privados, de los tres Poderes, descentralizados, autárquicos, mixtos y municipales) adhirieron a la Ley, los pedidos de información en Mendoza crecieron. Del 2020 al 2021 aumentaron un 415 por ciento.
El año pasado se iniciaron 1.094 trámites a través del sistema Ticket de la dependencia que comanda Diego Seoane. De esa cifra, solo 19 no fueron respondidos y 22 se encontraban dentro de los plazos legales al momento del relevamiento, que decanta en una tasa de respuesta efectiva de 96,25%. “Es altísima y está vinculada con una política de gestión permanente sobre el funcionario garante (la persona responsable de la aplicación de la Ley de AIP, designada por las autoridades de las reparticiones públicas)”, planteó el funcionario.
La Ley contempla la presentación del solicitante de un recurso de incumplimiento cuando transcurre un plazo de demora en la respuesta, o si la solicitud no fue resuelta en los términos que fue planteada. En 2021 se llegó a esta etapa en 134 ocasiones, 114 de las cuales fueron salvadas en tiempo y forma. En tanto que ocho se hallaban en plazo legal de gestión y 12 presentaron demora por ampliación del proceso de investigación.
“En un escaso porcentaje se llega a la intimación para que se entregue la información, porque en la mayoría de los casos se obtiene la entrega durante la tramitación (emplazamiento)”, reveló el titular de la Subdirección. Si continúa la falta, cabe la sanción.
Si bien una mínima cantidad de pedidos se rechazan inicialmente por estar mal fundados o por resultar incompetentes con el acceso a la información pública, en general los trámites siguen su curso normalmente. “Es una herramienta muy útil y la manera de tener transparencia en la administración pública”, concluyó Seoane.
Para simplificar el procedimiento, la OIAyEP habilitó un formulario online que da inicio al trámite para solicitar a un organismo información pública sobre su funcionamiento, actos, cuentas o cualquier motivo de interés público -de forma gratuita y sin necesidad de justificar los motivos del pedido-, disponible en ESTE LINK.
También existe la posibilidad de realizar presentaciones en formato papel, descargando el formulario de SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA, que deberá ser impreso, completado y presentado ante el organismo al cual solicita la información.