viernes 29 jul 2022
Datos públicos

Concejos Deliberantes: ¿son transparentes para brindar información?

Un estudio reveló cómo funciona la Ley de Acceso a la Información Pública en los Concejos Deliberantes. Cuánto demoran y conclusiones del responsable del área.

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Por Facundo La Rosa 4 de julio de 2022 - 15:59

Desde mediados de 2018, Mendoza cuenta con la Ley de Acceso a la Información Pública, que posibilita a la ciudadanía a recibir datos, de forma gratuita, sobre diferentes temáticas vinculadas a los diversos estamentos estatales. La norma prevé la adhesión de los municipios, que mayormente aceptaron el convite. Bajo esa premisa, la asociación civil “Fundación Nuestra Mendoza” probó el funcionamiento del sistema de transparencia en los 18 Concejos Deliberantes de la provincia.

En un estudio denominado "El acceso a la información pública en los Concejos Deliberantes de Mendoza", la entidad que dirige el sociólogo Facundo Heras dejó en evidencia la dificultad -o al menos la falta de agilidad- para obtener reportes de gestión en los órganos legislativos comunales.

La metodología del relevamiento fue iniciar oficios individuales en cada cuerpo deliberativo, la mayoría a través del sistema “Ticket” de la Subdirección de Acceso a la Información Pública (AIP), solicitando datos vinculados a la productividad. En los casos que no fue posible suscribir a ese canal, el pedido se gestionó vía correos electrónicos publicados en los sitios web de los organismos. Los despachos fueron formalizados a inicios de 2022.

Desde que la ley entró en vigencia, 16 comunas adhirieron a su contenido. Sólo La Paz y Lavalle no cumplieron con el trámite. En el caso del departamento del norte provincial, cuenta con una ordenanza propia que regula en la materia. No obstante, fueron esas dos jurisdicciones las únicas que no brindaron respuestas al exhorto.

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En 2018, la Legislatura de Mendoza sancionó la Ley de Acceso a la Información Pública. Dieciséis Concejos Deliberantes adhirieron

En 2018, la Legislatura de Mendoza sancionó la Ley de Acceso a la Información Pública. Dieciséis Concejos Deliberantes adhirieron

Los más cumplidores y las demoras

Las experiencias con cada municipio fueron variadas. El primer plazo que establece la Ley (15 días hábiles) para responder solicitudes fue respetado por diez Concejos Deliberantes, aunque sólo tres (Godoy Cruz, Maipú y Rivadavia) brindaron la data requerida. Otros tres reclamaron una prórroga (la legislación lo contempla, siempre y cuando sea fundada) y el resto indicó que se encontraba en receso, por lo que se acogieron a los plazos establecidos por la Ley de Procedimiento Administrativo.

Transcurridos los primeros treinta días hábiles, se sumaron como “cumplidores” Malargüe, Luján de Cuyo y San Martín. Este último debió aclarar algunos de sus aportes, tras un segundo contacto de la fundación.

Vencidos los términos legales, pero dentro de los 40 días hábiles que determina la Ley de AIP previo a generar un recurso por incumplimiento, otros cinco Concejos (Tupungato, Santa Rosa, San Carlos, Junín y Guaymallén) evacuaron las peticiones, aunque el informe del cuerpo del Valle de Uco presentó inconsistencias, por lo que se reclamó una aclaración que nunca llegó.

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Datos del informe de acceso a la información pública en los Concejos Deliberantes de Mendoza

Datos del informe de acceso a la información pública en los Concejos Deliberantes de Mendoza

De este modo, la asociación civil avanzó con los recursos ante la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública (OIAyEP) sobre ocho municipios (incluidos Lavalle y La Paz, pese a que no han adherido a la Ley), ya sea por falta de respuesta o por haberlo hecho parcialmente. En el transcurso de esa etapa, la Ciudad de Mendoza, General Alvear, San Rafael y Las Heras enviaron el contenido requerido. En el último caso, la información fue incompleta.

Como último paso, la OIAyEP intimó, bajo apercibimiento de las sanciones fijadas en el decreto reglamentario de la Ley, a los tres Concejos Deliberantes adheridos cuya conducta fue ineficaz o nula (Tupungato, Las Heras y Tunuyán). En todos los casos, la respuesta se recibió satisfactoriamente tras los emplazamientos.

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Los datos que arrojó el informe de acceso a la información pública en los Concejos Deliberantes de Mendoza

Los datos que arrojó el informe de acceso a la información pública en los Concejos Deliberantes de Mendoza

El vaso medio lleno o medio vacío

En diálogo con Sitio Andino, Heras hizo hincapié en el rol del funcionario garante –la persona responsable de la aplicación de la Ley de AIP, designada por las autoridades de las reparticiones públicas-, que en el caso de los municipios mayormente cumplen funciones en el Ejecutivo. Algunos directamente no han nombrado aún al responsable.

“Cuando íbamos a buscar información a los Concejos Deliberantes existía una falta de articulación, porque el funcionario pertenecía al poder Ejecutivo, por eso planteamos que cada cuerpo legislativo nombre a un representante propio, ya que facilitaría el trabajo”, reflejó.

Además, reparó en las dilaciones y la importancia de contar con un “canal institucionalizado y un mecanismo claro respecto a cómo hacer un pedido”. Y que la subdirección de AIP “haga respetar los plazos y sancione en caso de incumplimiento”.

Diego Seoane, responsable de esa repartición, analizó el caso de “Nuestra Mendoza” y valoró –más allá de las demoras- que el 89 por ciento de los Concejos entregó la información, y sólo los dos que no han adherido no respondieron los requerimientos. “El resultado es altamente positivo”, planteó a este medio.

Reveló que las 18 gestiones fueron monitoreadas por la subdirección, que si bien no está facultada a influir en los datos concedidos, sí interviene a la hora de orientar la entrega para que “sea lo más fidedigna posible”.

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Diego Seoane, subdirector de Acceso a la Información Pública de Mendoza

Diego Seoane, subdirector de Acceso a la Información Pública de Mendoza

“Gran parte de los avances fueron producto de la intervención de nuestra área. Hay mucha gestión detrás y, al final de cuentas, se completaron todos los pedidos”, sostuvo.

Ponderó el trabajo de la asociación civil y su aporte auditor en el proceso de publicidad de los actos de gobierno. E instó a la población a interiorizarse sobre el derecho al acceso al acceso a la información pública: “Es una herramienta muy útil y representa la manera de tener transparencia en la administración pública”, sentenció Seoane.

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