El Gobierno de Mendoza oficializó la adhesión al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) y la disolución del Fondo para la Transformación.
El Gobierno de Mendoza promulgó este jueves la Ley 9.718, mediante la cual la provincia adhiere al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), creado por la Ley Nacional 27.802. La norma estableció una serie de beneficios impositivos para las pequeñas y medianas empresas.
Además, dispuso la disolución del Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC), reorganizó el Instituto Provincial de Juegos y Casinos y estableció un esquema para la reubicación o desvinculación del personal alcanzado por esas reformas.
El Ejecutivo adhirió al RIMI, una herramienta creada por el Gobierno nacional para promover el desarrollo económico, incrementar las exportaciones y favorecer la creación de empleo. En Mendoza, las empresas que inviertan podrán acceder durante diez años a beneficios complementarios a los previstos por la legislación nacional, entre ellos:
Para acceder a estos beneficios, las empresas deberán contar con un certificado de cumplimiento fiscal emitido por la Administración Tributaria Mendoza, además de cumplir con los requisitos que establezca la autoridad de aplicación. F
La norma contempla el cierre del Fondo para la Transformación y el Crecimiento. El Gobierno de Mendoza tomó esta decisión al considerar que ese organismo vio reducida su disponibilidad patrimonial debido al agotamiento de los recursos extraordinarios que le dieron origen.
Las acciones que el Fondo posee en Mendoza Fiduciaria S.A. serán transferidas al Ejecutivo provincial reemplazará al organismo como fiduciaria en los fideicomisos donde actualmente participa, con la excepción de algunas alternativas previstas para el fideicomiso del Parque de Servicios e Industrias Palmira (PASIP).
Esta disolución implicará una reorganización del personal en otras áreas del Estado. El resto de los trabajadores podrá acceder al retiro voluntario. Quienes no acepten esa alternativa y no sean requeridos por otro organismo pasarán a disponibilidad por seis meses y, posteriormente, se extinguirá la relación laboral.
Otro de los puntos importantes de la ley es el otorgamiento al Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJYC) de un plazo de un año para modificar estructuras, funciones y puestos de trabajo con el objetivo de alcanzar el "equilibrio económico" y garantizar la "sostenibilidad financiera" del organismo. También se suspendió transitoriamente algunas disposiciones legales para facilitar ese proceso de reorganización.
En cuanto a los trabajadores, el Gobierno incluyó un esquema para el personal alcanzado, en el que los empleados podrán optar por un retiro voluntario con una compensación equivalente al 120% de la indemnización prevista por la normativa vigente, aceptar una reubicación en otra dependencia de la administración pública provincial o, si ninguna de esas alternativas prospera, se extinguirá el vínculo laboral con el pago de la indemnización correspondiente.
Además, quienes cesen en sus funciones podrán mantener la cobertura de la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) en las condiciones previstas por la legislación vigente.
Otro punto de ley es el cierre definitivo de los procesos de liquidación derivados de la privatización de los ex bancos (DAABO). Se trata de una limpieza de carteras de créditos con más de 30 años de antigüedad que, en su mayoría, se encuentran prescriptos o corresponden a deudores en estado de insolvencia, para reducir costos y evitar eventuales demandas judiciales contra la Provincia.
video
video
video
