El juez de la Suprema Corte se refirió a la aplicación del juicio por jurados y cómo modificó al sistema de juzgamiento. Cómo se eligen los jurados y qué cambió.
El ministro de la Corte se refirió a la importancia del juicio por jurados.
Foto: Mike Bartoluce
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, José Valerio, remarcó que el juicio por jurados representa “la máxima expresión de la soberanía popular” y sostuvo que su implementación fortalece el sistema democrático al permitir que los ciudadanos participen directamente en decisiones clave.
La definición se dio en el cuarto episodio de “Ciudadanía y República”, el ciclo de Andino Streaming que busca explicar de manera accesible el funcionamiento de la Justicia y su vínculo con la vida institucional.
Según el magistrado, este sistema no solo cumple una función judicial, sino también política en sentido republicano: traslada al pueblo la decisión sobre la resolución de casos que lo atraviesan como sociedad.
Valerio vinculó el sistema con una idea clásica de ciudadanía. Recordó que, ya desde la Antigua Grecia, se entendía que el ciudadano no solo participa votando, sino también interviniendo en decisiones públicas concretas, como juzgar a los miembros de la comunidad que integra. “Es el pueblo el que toma la decisión sobre los casos más importantes en una sociedad”, afirmó.
En ese sentido, explicó que existe una diferencia entre dos modelos: uno en el que deciden los expertos (jueces técnicos) y otro en el que decide la ciudadanía. “La esencia de la democracia es que el pueblo tome la decisión”, reforzó.
Para graficarlo, comparó el rol del jurado con otras decisiones cotidianas: aunque los especialistas asesoren, la decisión final debe quedar en manos de las personas.
Aunque el juicio por jurados está previsto en la Constitución Nacional desde 1853, su implementación fue tardía. Incluso hay jurisdicciones donde todavía no se aplica. En Mendoza comenzó a implementarse de manera efectiva en 2019 (la ley se sancionó un año antes) con el caso Petean Pocovi, el primero en resolverse bajo este sistema.
Para Valerio, esta situación no fue casual. “Siempre quien ejerce el poder busca que las decisiones no las tome el pueblo”, afirmó.
En esa línea, cuestionó uno de los argumentos históricos en contra del sistema: la supuesta falta de preparación de los ciudadanos. “Se suele decir que el pueblo no está preparado, pero muchas decisiones de expertos tampoco han dado buenos resultados”, planteó.
Frente a eso, reivindicó el concepto de “sabiduría popular” como una forma válida de construcción de decisiones colectivas.
En Mendoza, el sistema prevé la participación de 12 jurados titulares, con paridad de género, seleccionados a partir de un sorteo anual del padrón. A partir de esa base, para cada juicio se realiza una nueva selección en audiencia pública, donde las partes pueden objetar potenciales candidatos.
El objetivo central es garantizar la imparcialidad. “Lo importante no es a qué se dedica una persona, sino que no tenga sesgos”, explicó Valerio.
Por eso, se excluye a quienes puedan tener vínculos con el caso o intereses directos, y existen mecanismos de recusación para evitar cualquier tipo de condicionamiento.
El proceso tiene una dinámica distinta a la del juicio tradicional. No hay expediente que el juez conozca previamente: todo se construye en la audiencia.
El jurado escucha los alegatos de apertura, la producción de la prueba, y los alegatos finales de fiscalía y defensa. Luego, con las instrucciones del juez sobre cómo aplicar la ley, debe deliberar en forma privada. “El jurado decide en base a la prueba y a las reglas que se le explican”, explicó.
En Mendoza, además, el sistema exige unanimidad para llegar a un veredicto, tanto de culpabilidad como de no culpabilidad. En caso de no ponerse de acuerdo la totalidad de los miembros, el juicio se declara estancado. Dependerá de la fiscalía si insiste para el desarrollo de un nuevo juicio o acepta la decisión del jurado como definitiva.
La implementación del juicio por jurados no solo impacta en los ciudadanos, sino también en quienes integran el sistema judicial. Valerio puntualizó que obliga a fiscales y defensores a explicar con claridad sus casos, sin tecnicismos innecesarios.
“Ya no pueden hablarle a un juez que conoce el expediente, tienen que convencer a ciudadanos comunes”, señaló. Esto modifica incluso la forma de interrogar testigos y de presentar la prueba, con mayor claridad y orden.
También cambia la disposición en la sala: el jurado ocupa un lugar central y tiene contacto directo con quienes declaran, lo que refuerza la transparencia del proceso.
En la provincia, el sistema se implementó de manera gradual y actualmente se aplica, principalmente, en casos de homicidio y, en menor medida, robos agravados.
Para Valerio, este criterio es el adecuado. “Son los casos más importantes, donde la sociedad debe tomar la decisión”, planteó.
En ese sentido, consideró que el juicio por jurados debe reservarse para los hechos de mayor trascendencia, tal como lo plantea la Constitución.
Consultado sobre la posibilidad de extender el sistema a delitos de corrupción, Valerio se mostró a favor. “Siempre es preferible que decida un jurado antes que un juez que puede estar condicionado”, afirmó.
Y reforzó la idea central que atraviesa todo el sistema: la confianza en la ciudadanía como base de la legitimidad democrática.
“Ciudadanía y República”, de Andino Streaming, es un ciclo de contenido institucional y educativo, de periodicidad quincenal, orientado a explicar de manera clara y accesible los principales conceptos del sistema democrático, el funcionamiento de la Justicia y los derechos y deberes de los ciudadanos.
El programa busca acercar la Justicia a la ciudadanía y promover una participación informada en la vida democrática, a partir de un abordaje pedagógico de temas que suelen percibirse como lejanos o complejos.
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