El Gobierno de Mendoza explicó los motivos para intentar detener el proceso iniciado en el sur. Qué deberá definir el máximo tribunal.
El Gobierno de Mendoza va a la Corte para frenar el proceso de autonomía municipal en San Rafael.
Gobierno de MendozaEl Gobierno de Mendoza brindó detalles este martes sobre la presentación realizada en la Suprema Corte de Justicia para frenar el proceso impulsado en San Rafael para lograr la autonomía municipal. Aseguraron que la comuna avanzó "de manera inconstitucional". Qué dice la demanda realizada y qué pasará con los constituyentes ya elegidos para crear su propia carta orgánica.
El pasado lunes, el oficialismo anunció que acudirá al máximo tribunal para que defina sobre el "conflicto de poderes" que representa -para el Ejecutivo- la avanzada del intendente sanrafaelino Omar Félix, quien impulsó la ordenanza que habilitó el proceso de institución de la autonomía en el departamento, que resultó en la elección de convencionales el pasado 22 de febrero.
"En la demanda advertimos que el municipio convocó y eligió una convención constituyente sin habilitación provincial, lo que implica una captación de competencias que la Constitución reserva a la Legislatura. Lo ocurrido en San Rafael constituye una usurpación de funciones y un avasallamiento de competencias provinciales que pone en riesgo el orden institucional", indicó el Gobierno en una conferencia de prensa realizada en la Casa de las Leyes, encabezada por la vicegobernadora Hebe Casado y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.
Sobre el motivo de hacer esta presentación ahora, luego de realizada la elección de los convencionales, el oficialismo explicó: "No quisimos hacerlo antes para no ensuciar el proceso electoral que ya estaba llevándose, ese proceso ya estaba listo, y para no ensuciar con politiquería barata todo el procedimiento electoral. Por lo cual dejamos que pasara el proceso y ahora hicimos la presentación respectiva en la Corte Suprema y queremos que en pleno la Corte decida qué es lo correcto que hay que hacer en Mendoza".
Para el oficialismo, la iniciativa impulsada por Félix en San Rafael "constituye una usurpación de funciones" que avanzó "sin control judicial". "El objetivo es evitar un daño institucional que podría resultar grave e irreparable y garantizar el respeto al orden constitucional y al sistema de competencias establecido para la provincia", señalaron.
El Gobierno explicó que defiende la autonomía municipal, ya que está reconocida por la Constitución Nacional, pero advirtió que "corresponde a cada provincia reglamentar su alcance y sus condiciones" y que en Mendoza "esa tarea es competencia de la Legislatura", no de los municipios "unilateralmente", es por eso que recurrió a la Suprema Corte, quien deberá decidir si el proceso impulsado en San Rafael es o no constitucional.
Entre las irregularidades en las que habría incurrido el municipio, enumeraron: la falta de publicación oficial de la ordenanza, la ausencia de mayorías agravadas y la inexistencia de mecanismos de validación ciudadana.
Con la presentación del conflicto de poderes ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, lo primero que se pidió fue la suspensión del proceso en curso, es decir, de cualquier avance de la convención constituyente municipal.
En segundo lugar, se deberá definir la cuestión de fondo. El máximo tribunal deberá resolver el conflicto de poderes planteado, o sea, determinar quién es el poder constituyente de la provincia y si San Rafael está avanzando o no sobre atribuciones que no le corresponden.
En paralelo, el Gobierno de Mendoza confirmó que el próximo miércoles enviará a la Legislatura de Mendoza un proyecto para reformar la Constitución Provincial y consagrar la autonomía municipal en los 18 departamentos, a través de una enmienda del artículo 197.
Al respecto, el Gobierno explicó que la iniciativa tendrá los siguientes ejes: reconocimiento formal de la autonomía municipal en la Constitución, habilitación para que los municipios dicten su propia carta orgánica, definición clara de competencias locales y restricción a la creación de nuevos impuestos municipales.