Dos propiedades ubicadas en Ciudad de Mendoza, que habían sido decomisadas en una causa de trata de personas, fueron afectadas oficialmente a la Dirección General de Escuelas para el funcionamiento de su Área de Género.
El Gobierno de Mendoza oficializó la entrega de dos inmuebles decomisados a la Dirección General de Escuelas.
El Gobierno de Mendoza oficializó la entrega de dos inmuebles decomisados en una causa federal por trata de personas a la Dirección General de Escuelas (DGE), donde funcionarán oficinas vinculadas a políticas de género, diversidad y acompañamiento institucional.
La medida quedó formalizada mediante el Decreto 547, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo, y establece la afectación de dos propiedades ubicadas sobre calle José Federico Moreno, en Ciudad de Mendoza, que habían sido utilizadas como prostíbulos y fueron decomisadas tras una condena federal.
Las propiedades habían sido decomisadas en el marco de una causa tramitada ante el Tribunal Oral Federal N°1 de Mendoza, que en 2016 condenó a integrantes de una organización por infracción al artículo 145 bis del Código Penal, vinculado a la trata de personas con fines de explotación sexual. La sentencia también ordenó el decomiso de los inmuebles utilizados para el delito.
Tras el fallo judicial, la Provincia aceptó el decomiso e incorporó los inmuebles a su patrimonio mediante el Decreto 393/18. Luego, en 2019, las propiedades fueron destinadas al Ministerio de Salud y Desarrollo Social para programas de asistencia a víctimas de delitos vinculados a la explotación y violencia.
Ahora, el Gobierno decidió avanzar con una nueva afectación para que los espacios queden bajo la órbita de la DGE y sean utilizados por la Coordinación del Área de Género, creada en 2021.
Según se desprende del decreto, el objetivo es que estos inmuebles se conviertan en espacios destinados a la promoción de políticas públicas relacionadas con perspectiva de género, diversidad, integración y empoderamiento de derechos.
La Coordinación del Área de Género de la DGE tiene entre sus funciones la implementación de políticas vinculadas a la Ley Micaela, la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley de Identidad de Género, además de articular acciones con organismos públicos y organizaciones civiles.
Los inmuebles ya habían sido cedidos en comodato a la DGE en 2023 por un plazo de tres años, pero con este nuevo decreto quedan formalmente afectados al organismo educativo provincial.
En el texto oficial, el Ejecutivo provincial destacó la intención de darles a las propiedades “un fin de utilidad para la comunidad”, resignificando espacios que estuvieron asociados a delitos de explotación sexual y trata de personas.
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