La investigación comenzó tras una denuncia al 911 por el presunto secuestro de una adolescente. La Justicia Federal comprobó que la víctima fue obligada a casarse. Los detalles.
La causa terminó con una condena de 10 años de prisión para los imputados.
Foto: Gendarmería Nacional ArgentinaUna compleja investigación encabezada por la Unidad Fiscal Federal de San Juan permitió esclarecer un caso de trata de personas agravada por tratarse de una menor de edad. La causa terminó con una condena de 10 años de prisión para los imputados.
El trabajo fue ejecutado por efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "San Juan", dependiente de la Región X en la provincia de Mendoza. El personal logró reconstruir el entramado de sometimiento y explotación que padeció la víctima durante varios años.
La causa inició en abril del año pasado, luego de una denuncia anónima al sistema de emergencias 911. En ese llamado, una mujer alertó sobre el posible secuestro de una joven en el departamento sanjuanino de Caucete.
A partir de esa información, las autoridades activaron de inmediato los protocolos correspondientes y lograron interceptar el vehículo señalado. En el interior viajaba la menor junto a su hijo recién nacido y acompañada por varias personas.
Las primeras averiguaciones permitieron determinar que la adolescente había sido obligada a contraer matrimonio con el hijo de la familia investigada y posteriormente forzada a asumir la maternidad. Según estableció la investigación, la víctima fue sometida a distintos tipos de violencia y explotación.
Los investigadores comprobaron que era trasladada constantemente entre las provincias de Neuquén, Córdoba y Santa Fe, además de sufrir agresiones físicas, explotación laboral, violencia psicológica, restricciones en el acceso al sistema de salud y privación alimentaria.
Uno de los puntos más importantes de la pesquisa fue el entrecruzamiento de información realizado por los investigadores, lo que permitió reconstruir con precisión la línea temporal de los hechos y establecer el rol de cada uno de los involucrados en las distintas etapas del sometimiento.
Las tareas investigativas contaron además con el apoyo de las Unidades de Investigación de Gendarmería Nacional de Neuquén, Córdoba y Santa Fe, en un trabajo coordinado que resultó fundamental para consolidar la hipótesis de explotación.
Desde el Ministerio Público Fiscal destacaron también la articulación con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas y otros organismos institucionales, lo que permitió abordar el caso desde una perspectiva integral.
Finalmente, la solidez de las pruebas recolectadas permitió sostener la acusación ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan, que condenó a los imputados a 10 años de prisión.