A casi nueve años del trágico accidente en San Rafael, el máximo tribunal del país debe resolver si confirma, modifica o anula la sentencia contra cinco personas.
La querella cuestiona duramente esta decisión, al considerar que deja sin respuesta judicial a las víctimas y sus familias
Marcelo PiaserLa tragedia ocurrida en la Cuesta de los Terneros, en San Rafael, vuelve a ubicarse en el centro de la escena judicial. A casi nueve años del hecho que dejó 15 muertos y 20 heridos, será la Corte Suprema de Justicia de la Nación la encargada de tomar una decisión importante que podría marcar el cierre definitivo del caso o reactivar el proceso penal.
El expediente llegó al máximo tribunal luego de que la Cámara Federal de Casación Penal habilitara los recursos presentados por las defensas. Se trata de una instancia decisiva, ya que la Corte podrá confirmar, modificar o anular las condenas dictadas en instancias anteriores.
Según explicó el abogado querellante, Rufino Troyano, en diálogo con Noticiero Andino, el caso se divide en dos expedientes principales, ambos actualmente bajo análisis de la Corte.
Por un lado, la investigación tramitada en los tribunales federales de Morón, provincia de Buenos Aires, se originó a partir de una denuncia contra responsables de una empresa de control automotor. En esta causa, varios ingenieros y directivos fueron imputados por haber emitido la documentación que permitió la circulación del colectivo, pese a que no estaba en condiciones de operar
El Tribunal Oral Federal N.º 4 de San Martín dictó condenas contra los involucrados. El propietario de la empresa fue sentenciado a 5 años y 2 meses de prisión, mientras que otros responsables recibieron penas de entre 3 y 4 años. También fue condenada la propietaria del colectivo siniestrado.
Sin embargo, las defensas apelaron las sentencias, lo que derivó en la intervención de la Cámara de Casación y, posteriormente, en la llegada del caso a la Corte Suprema.
Para la querella, estas condenas marcaron un precedente importante al establecer responsabilidades sobre quienes habilitaron la circulación de un vehículo en condiciones obsoletas.
El segundo expediente se centra en las responsabilidades penales por el accidente en sí. En esta causa están imputados la propietaria del colectivo y uno de los choferes. No obstante, una resolución judicial previa determinó que no existía delito que imputarles, una decisión que fue apelada tanto por la querella como por el Ministerio Público Fiscal.
Actualmente, este expediente también se encuentra en manos de la Corte Suprema, tras la presentación de un recurso que busca revertir ese fallo. En este sentido, la querella cuestiona duramente esta decisión, al considerar que deja sin respuesta judicial a las víctimas y sus familias.
"Representamos a 14 familias damnificadas y para ellas es fundamental contar con una resolución", señaló el abogado querellante, quien además advirtió sobre la prolongada demora del proceso.
En noviembre se realizó una audiencia ante la Corte en la que se ampliaron los argumentos de las partes. Desde entonces, no hubo avances ni definiciones públicas.
La expectativa está puesta en un pronunciamiento que podría conocerse en los próximos meses. Si la Corte hace lugar al planteo de la querella, el expediente avanzaría hacia un juicio oral, que incluso podría realizarse este mismo año.
En cambio, si el máximo tribunal rechaza el recurso, la causa quedaría cerrada, lo que implicaría (según advierten los familiares) la imposibilidad de obtener justicia.
El accidente vial ocurrió el 25 de junio del 2017 en la Cuesta de los Terneros, en San Rafael. El colectivo trasladaba a niños a un concurso de danzas. Volcó en Ruta 144 dejando 15 fallecidos y al menos 20 heridos.
Mario Pinelli recibió la pena más alta, con 5 años y 2 meses de prisión. Era dueño de la empresa Control Automotores Buenos Aires S.A. Lo siguió el ingeniero Mario Eusebio, condenado a 4 años y 4 meses de prisión efectiva e inhabilitación profesional por falsificar informes técnicos.
Edgardo Marcelo Gallardo, otro de los ingenieros involucrados, recibió una pena de 3 años de prisión en suspenso, además de inhabilitación para ejercer su profesión durante el mismo tiempo.
Ignacio Efraín Peralta, también ingeniero, fue condenado a 2 años y 10 meses de prisión en suspenso e inhabilitado por el mismo período. Marcia Villagra, esposa del chofer fallecido y dueña del colectivo siniestrado, recibió 3 años de prisión en suspenso por ser partícipe necesaria del delito de falsedad ideológica de documento público.
Sirlane Alves de Almeida, pareja de Pinelli, fue absuelta de todos los cargos. Había sido acusada de colaborar en la falsificación de documentos para habilitar el micro.