La Cámara Inmobiliaria y el Colegio de Corredores Públicos cuestionaron la iniciativa del Gobierno nacional. Advierten que pone en riesgo la seguridad jurídica de las operaciones y deja desprotegidos a compradores, vendedores e inquilinos.
El proyecto del Gobierno nacional para desregular la actividad de los corredores inmobiliarios y flexibilizar la intervención de los colegios profesionales encendió las alarmas en Mendoza. Referentes del sector salieron a cuestionar la iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y advirtieron que la medida podría derivar en un aumento de fraudes, estafas y conflictos en las operaciones inmobiliarias.
Tanto desde la Cámara Inmobiliaria de Mendoza como desde el Colegio de Corredores Públicos e Inmobiliarios coincidieron en que la propuesta implica una "desprofesionalización" de una actividad regulada y que terminará perjudicando a quienes buscan comprar, vender o alquilar una propiedad.
La iniciativa que analiza el Gobierno de Javier Milei apunta a avanzar en una mayor desregulación del mercado inmobiliario, eliminando o reduciendo requisitos para ejercer la actividad y limitando el rol de los colegios profesionales.
Desde la administración nacional sostienen que el objetivo es aumentar la competencia, reducir costos y ampliar las posibilidades de elección para los consumidores.
Sin embargo, la propuesta generó un fuerte rechazo entre los corredores inmobiliarios, quienes aseguran que la actividad no puede ser considerada únicamente una intermediación comercial debido a las implicancias jurídicas y patrimoniales que tiene cada operación.
Uno de los más críticos fue el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza, Roberto Irrera, quien aseguró que el debate no debería centrarse exclusivamente en la defensa de la profesión sino en las consecuencias que la medida puede tener para la ciudadanía.
"Más allá de la defensa de la profesión, se está cometiendo un error garrafal. Esto va a complicar más al ciudadano de a pie, a quien no tiene conocimientos sobre materia inmobiliaria", sostuvo.
Irrera recordó que la actividad fue profesionalizándose a lo largo de las últimas décadas mediante distintas reformas legislativas que establecieron requisitos académicos y regulatorios para ejercer.
"En 1973 se estableció que para ejercer como martillero y corredor se debía contar con título universitario. Después hubo reformas y en 2015 la actividad quedó incorporada en el Código Civil y Comercial con mayores exigencias", explicó.
Para Irrera, el problema central de la propuesta oficial es que deja de lado el aspecto jurídico de las operaciones inmobiliarias.
"No estamos viendo la parte jurídica. Como corredores cumplimos una función social porque intervenimos para evitar problemas que después terminan afectando el patrimonio de las personas", afirmó.
"Esto puede llevar a que se produzcan más estafas. La gente cree que se trata solamente de vender una propiedad, pero detrás hay cuestiones legales muy complejas", señaló.
En la misma línea se expresó el presidente del Colegio de Corredores Públicos e Inmobiliarios de Mendoza, Silvio Gigli, quien manifestó un "rotundo rechazo" a cualquier intento de desregular la actividad.
"Sería una desprofesionalización de una carrera universitaria", afirmó.
Gigli destacó además que la regulación de la profesión en Mendoza se encuentra establecida por la Ley Provincial 7572 y remarcó que la Nación no tiene competencia directa sobre el funcionamiento del colegio profesional.
El dirigente explicó que la matrícula profesional es personal e indelegable y constituye una garantía para quienes participan de operaciones inmobiliarias.
"Esto genera seguridad jurídica, transparencia y ética profesional. Nuestra intervención sirve para que las tasaciones sean reales, para evitar cláusulas abusivas y para proteger el patrimonio de las personas", indicó.
Uno de los principales cuestionamientos de los referentes mendocinos es que la flexibilización de los controles podría abrir la puerta a prácticas irregulares.
"Esta medida va a alentar fraudes y estafas. El mercado inmobiliario necesita leyes, normas y regulaciones. Sturzenegger confunde porque esto no es solamente una actividad comercial", afirmó Gigli.
Desde el sector sostienen que el corretaje inmobiliario implica asesoramiento técnico, análisis documental, verificación de títulos y control de aspectos legales que resultan fundamentales para garantizar la seguridad de las operaciones.
Por ello consideran que eliminar requisitos profesionales o reducir los mecanismos de control podría incrementar los riesgos para compradores, vendedores e inquilinos.
Otro de los argumentos utilizados por el Gobierno para justificar la reforma es la necesidad de ampliar las opciones disponibles para los consumidores. Sin embargo, desde Mendoza cuestionan esa visión.
"En la provincia hay alrededor de 1.500 corredores matriculados. No pueden decir que no existe libertad para elegir", sostuvo Gigli.
Para los representantes del sector, la discusión no debería enfocarse únicamente en la apertura del mercado, sino en las garantías que deben existir para proteger el patrimonio de quienes realizan una de las operaciones económicas más importantes de su vida.
"La consecuencia final será perjudicial para el consumidor. Es una desprotección total del patrimonio de las personas", concluyó el titular del Colegio de Corredores.