El proyecto crea un registro obligatorio de gestores de intereses, exige publicar agendas oficiales y busca regular las interacciones entre privados y funcionarios en decisiones del Estado.
El proyecto de Ley de Lobby ingresó a la Cámara de Diputados de la Nación.
El Gobierno nacional envió este martes a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para regular la actividad de lobby en Argentina. Bajo el nombre de “Régimen de Gestión de Intereses”, la iniciativa busca establecer reglas de transparencia sobre las reuniones, gestiones e influencias que distintos sectores privados ejercen sobre funcionarios públicos y legisladores.
La propuesta fue presentada oficialmente por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien definió la iniciativa como una herramienta para “ordenar y transparentar a todos aquellos que buscan influir sobre las decisiones públicas, con qué funcionarios y en beneficio de quién”.
El proyecto llega pocos días después de que volviera a instalarse el debate sobre la regulación del lobby en Argentina, un tema que Mendoza también tiene pendiente desde hace años con distintos proyectos que nunca avanzaron en la Legislatura provincial.
El objetivo central es garantizar “la publicidad, transparencia, trazabilidad y probidad” en las relaciones entre actores públicos y privados durante los procesos de toma de decisiones estatales.
La iniciativa sostiene que actualmente existe un vacío normativo porque Argentina no cuenta con un régimen integral que regule las gestiones de intereses tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo.
En ese contexto, el texto busca transparentar reuniones vinculadas a:
La idea es que esas interacciones queden registradas y puedan ser consultadas públicamente.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación de un Registro Público de Gestores de Intereses. Allí deberán inscribirse todas las personas, empresas, estudios, cámaras empresarias, consultoras u organizaciones que realicen gestiones para influir sobre decisiones estatales.
Además, deberán presentar declaraciones juradas informando qué intereses representan y ante qué organismos realizan las gestiones. El sistema sería completamente digital y de acceso público.
La iniciativa también obliga a publicar las agendas oficiales de funcionarios alcanzados por la ley y a informar periódicamente las reuniones vinculadas con actividades de lobby. Los reportes deberán presentarse trimestralmente y publicarse dentro de los 10 días hábiles posteriores. Según el proyecto, el objetivo es evitar que determinadas decisiones públicas se definan en “ámbitos opacos o reservados a unos pocos”.
Otro de los puntos incluidos en la propuesta establece incompatibilidades para exfuncionarios públicos que quieran realizar actividades de lobby luego de dejar sus cargos.
La intención es evitar conflictos de intereses o el aprovechamiento de vínculos y contactos construidos durante el ejercicio de funciones estatales.
