El director de Andesmar, Mauricio Badaloni, calificó de "limbo jurídico" la decisión del Gobierno nacional de eliminar subsidios a pasajes de discapacidad.
"Dejan un limbo jurídico": la dura opinión de Mauricio Badaloni sobre los pasajes por discapacidad.
Foto: Yemel FilEl sector empresarial del transporte de larga distancia sumó una voz de peso en Mendoza contra la decisión del Gobierno nacional de eliminar las compensaciones económicas por los pasajes gratuitos a personas con discapacidad, trasplantados y pacientes en lista de espera. Mauricio Badaloni, director de Andesmar, advirtió que la medida coloca a las compañías privadas en una situación crítica y desvirtúa las reglas del libre mercado.
"La verdad que la medida no es buena porque en vez de dar un marco de seguridad jurídica y demás, lo dejan en un limbo", fustigó el empresario mendocino en Aconcagua Radio.
Badaloni remarcó la contradicción oficial de mantener la obligatoriedad del servicio para los privados mientras el Estado se desentiende de su financiamiento: "Nosotros seguimos afectados a la obligatoriedad, pero ellos dejan de tener la obligación de pagarlo. La verdad que es una cosa de locos".
Para echar luz sobre el funcionamiento del sector, el titular de Andesmar diferenció el transporte interurbano nacional de los sistemas urbanos o de media distancia provinciales, los cuales sí reciben fuertes subsidios directos para su funcionamiento diario.
"El transporte de larga distancia a nivel nacional no tiene ningún tipo de subsidio", aclaró de forma tajante. Según explicó, lo único que existía hasta el momento era un fondo proporcional mensual basado en la cantidad de vehículos de cada firma y la cantidad de pasajeros nominados transportados. Badaloni precisó que este ítem está lejos de ser un ingreso de máxima para las empresas: "No sé si llega al 1%, o al 0,6% o 0,7% del total del ingreso de una compañía".
Sin embargo, enfatizó que cubrir ese porcentaje es una obligación del Estado que ya venía totalmente desvirtuada, dado que el reintegro gubernamental debería representar "el 40%, 50% o 60% del valor del pasaje" real en las boleterías.
Por otro lado, Badaloni recordó que esta distorsión en los pagos derivó en una fuerte judicialización que ya cuenta con dos fallos favorables de la Justicia federal hacia los transportistas. "Viendo esto, que era inminente, lo que ha hecho el Estado es derogar la parte donde nosotros seguimos afectados pero ellos dejan de pagar", denunció.
Respecto al pasivo acumulado por el retraso de la Nación en el envío de las partidas, el empresario ratificó la gravedad de la crisis financiera: "Hablamos de una deuda de casi 30.000 millones de pesos hasta ahora. Son 10 o 12 meses que no se ha pagado, y eso ya tiene fallos favorables".
En ese sentido, lamentó el impacto reputacional que la medida genera sobre el sector privado: "Lo que más nos molesta es que se rompa una ecuación económica y que tengamos que dar explicaciones en algo tan sensible como es la discapacidad. Las gratuidades no las inventamos nosotros, son obligaciones anexas que va generando el Estado y después tiene que ver los métodos de compensación".
Sobre el cierre, y tras reconocer que el sistema actual arrastra "muchas distorsiones" respecto a los controles de los certificados y los acompañantes de viaje, Badaloni instó al Gobierno a utilizar la tecnología disponible para cambiar el paradigma de asistencia social de manera definitiva.
"Sería bueno que todos los gobiernos provinciales y nacionales dejen de subsidiar a la oferta y vayan directamente relacionado a la demanda", propuso. Su alternativa consiste en que el Estado deposite el dinero de los pasajes directamente en las cuentas de las personas con discapacidad.
"Así nosotros no tenemos nada que hacer ahí, la gente tiene el dinero necesario y elige la compañía con la que quiera viajar. Eso traería menos problemas, evitaría actos de corrupción y mejoraría sensiblemente la relación entre el cliente y las empresas", concluyó.
