Se trata de una modificación de la Regularización Dominial de Viviendas y Cancelación Anticipada, que apunta a dar por cerrados créditos pequeños. Los detalles.
Adjudicatarios del IPV podrán cancelar sus créditos con considerables descuentos
Foto: Prensa Gobierno de MendozaEl gobierno de Alfredo Cornejo envió a la Legislatura Mendoza un proyecto de ley de reforma y prórroga de la Ley Nº 9.378 de Regularización Dominial de Viviendas y Cancelación Anticipada. Una especie de moratoria para que beneficiaros del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) puedan cancelar deudas, que mayoritariamente representan cifras menores.
Se trata de la modificación del artículo 13 de dicha norma y la incorporación del artículo 13 bis, que apunta a finalizar procesos de desadjudicación de viviendas por mora, que generan costos, gastos administrativos y litigiosidad; además de mejorar la recaudación provincial.
“Este cambio está destinado a los adjudicatarios del IPV con vivienda o créditos recibidos hasta noviembre de 2017 y propone un régimen de cancelación anticipada para quienes se adhieran y una extensión de esa normativa en su vigencia, hasta el 31 de marzo de 2026”, explicó el primer mandatario en sus redes sociales.
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En tal sentido, señaló que “en muchos casos, implica mayores costos para el Estado provincial intentar cobrar una cuota, con todos los gastos administrativos que eso implica, que la deuda propiamente dicha, dado que son cuotas que oscilan entre los 30 y 5 mil pesos”.
“Es por eso, que buscamos cancelar los créditos con saldos menores o iguales al 30% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente, para optimizar y eficientizar el gasto y la gestión administrativa provincial. Cabe destacar que, si no se cancela, sigue el proceso de desadjudicación de la vivienda”, puntualizó Cornejo.
La norma se suma a otras propuestas del oficialismo para disminuir la cartera crediticia del organismo provincial, como la intimación a adjudicatarios que presentan deudas y cuentan con más de dos vehículos a su nombre; o la autorización a vender las hipotecas del IPV (incluida en el paquete fiscal de Cornejo que aprobó la Legislatura) con préstamos ajustables al coeficiente de variación salarial, que se estima en uno $10 mil millones.
La Ley de Regularización Dominial de Viviendas y Cancelación Anticipada -aprobada en marzo de 2022- puso como fecha de vencimiento el 31 de marzo de 2024 para que los adjudicatarios se apeguen a sus beneficios. La nueva iniciativa prorroga por dos años su vigencia, con posibilidad de extenderla por otro año más.
Desde su sanción, de un total de 35 mil créditos fueron cancelados 19.408. “Entonces se encuentra pendiente trabajo por realizar para que todos los créditos queden cancelados según el ideal propuesto”, postulan los fundamentos del expediente.
Todos esos créditos están calculados en pesos y conforme a la inflación imperante en Argentina sufren un proceso de licuación constante que los lleva a montos irrisorios, que -como advirtió Cornejo- oscilan entre los 5 mil y los 30 mil pesos.
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La segunda parte del programa cornejista apunta a asignarle un costo definitivo a viviendas con costos provisorios, que dificultan el cobro de la deuda. El gobierno las calculó en 4.329 -repartidas en 98 emprendimientos habitacionales- que se encuentran en esa condición, desglosado de la siguiente manera:
Para estos casos se les asignará el tipo de costo a definitivo sin trámite alguno. A partir de allí empezará a gozar de los beneficios del nuevo régimen.