La visita de Kristalina Georgieva coincide con una negociación decisiva por las metas fiscales, las reformas pendientes y los futuros desembolsos del FMI.
La directora del FMI llega a Buenos Aires y Vaca Muerta para asegurar que el recorte y el ajuste continuen
Cuando la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, pise suelo argentino en la jornada de hoy, la agenda oficial mostrará un recorrido que incluye reuniones con autoridades nacionales, participación en una reunión de gabinete ampliado, actividades públicas y una estratégica visita a los yacimientos de Vaca Muerta, en Neuquén.
Sin embargo, detrás del protocolo diplomático en el polo energético, se dirime una negociación mucho más áspera. Su presencia resulta determinante para apuntalar la tercera revisión del Acuerdo de Facilidades Extendidas, una auditoría de los números oficiales al 30 de junio que representa un paso ineludible para destrabar nuevos desembolsos.
El último informe del Centro de Economía Política Argentina destaca que el principal frente de tormenta de la relación del Gobierno con el Fondo radica en el corazón de las cuentas públicas. Por primera vez, la administración nacional no logró alcanzar los objetivos fiscales pactados con el organismo. Durante junio, el Tesoro registró un déficit primario de 696.843 millones de pesos, lo que dejó el superávit del primer semestre en 6,3 billones, es decir, unos 573.974 millones por debajo del umbral exigido.
El tropiezo adquiere una dimensión algo mayor si se considera que, apenas un mes antes, el FMI había flexibilizado la meta original mediante una reducción de 1,6 billones, llevándola de 8,5 a 6,9 billones de pesos.
El panorama hacia fin de año proyecta un desafío de compleja resolución. Para el mes de diciembre, la Casa Rosada debe exhibir un superávit de 16,3 billones de pesos, lo que obliga al equipo económico a acumular 10 billones adicionales durante el segundo semestre.
Las proyecciones elaboradas por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advierten que, si se contempla la estacionalidad del año anterior, el Gobierno podría cerrar el 2026 con un saldo de 10,5 billones, arrojando un faltante estimado en 5,7 billones de pesos respecto de las exigencias internacionales.
La dinámica histórica de los primeros dos años de gestión de La Libertad Avanza, período en el cual dos tercios del superávit se concentraron en la primera mitad del año y apenas un tercio en el semestre final, vuelve sumamente improbable el cumplimiento de esta meta, según el centro de estudios.
Al rojo de las cuentas fiscales se suma una divergencia conceptual sobre la arquitectura del financiamiento. Las planillas de Washington y las del Palacio de Hacienda muestran senderos enfrentados respecto del acceso a los mercados internacionales. El programa financiero estipulado por el ministro Luis Caputo prevé emitir este año deuda por unos 4.000 millones de dólares bajo la modalidad de préstamos garantizados. De ese total, hasta principios de julio ya ingresaron 3.200 millones provenientes del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), restando únicamente 800 millones para completar la cuota. El Fondo, por su parte, proyectaba para 2026 ingresos de mercado por un total de 5.433 millones.
Esta brecha de expectativas se profundiza de cara a 2027. Mientras el organismo multilateral considera imprescindible que la Argentina recupere el financiamiento internacional, estipulando emisiones por 8.000 millones de dólares, el esquema oficial argentino directamente no contempla nuevas colocaciones de deuda en moneda extranjera para el año próximo.
En este contrapunto aparecen dos estrategias opuestas. El FMI teme que un incremento sostenido de la deuda "senior" (aquella con prioridad de cobro) termine bloqueando futuras emisiones con acreedores privados. Caputo, desde la vereda de enfrente, sostiene que enviar al mundo el mensaje de "no necesitar al mercado internacional" es la herramienta idónea para desplomar el riesgo país y lograr, de manera orgánica, el ansiado acceso al crédito.
Más allá de las urgencias de caja y el debate financiero, la letra chica del Acuerdo impone una severa agenda de reformas estructurales que el Poder Ejecutivo deberá formalizar hacia finales de este año.
El menú que exige el Fondo incluye una reformulación tributaria integral cuyo proyecto final tiene vencimiento en diciembre de 2026. La propuesta delineada por el FMI apunta a eliminar exenciones impositivas, aumentar las escalas y montos del Monotributo para equipararlas al régimen general y reducir el umbral del Impuesto a las Ganancias con el objetivo de alcanzar al menos al 20 por ciento de la población. El texto también sugiere reemplazar el actual esquema de Ingresos Brutos por un IVA dual (una suerte de "Súper IVA"), permitiendo a cada provincia fijar su propio porcentaje.
También reclama para fin de este año un registro de riesgos de cumplimiento tributario focalizado en grandes contribuyentes, además de la ejecución de tres de las seis recomendaciones prioritarias elaboradas por el Fondo en materia de combate al lavado de dinero. Hacia diciembre de 2027, el horizonte marca la presentación del postergado proyecto de reforma del sistema previsional.
Mientras el Gobierno impulsa fuertemente la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para dotarlo de mayor independencia, si bien el FMI cataloga la medida como una simple recomendación, el Gobierno podría utilizar esta medida para fortalecer sus lazos con Washington y cubrirse frente a eventuales incumplimientos de las metas establecidas.
Todo este complejo engranaje de condicionamientos ocurre frente a un calendario de pagos que no da tregua al Banco Central. Solo en el segundo semestre de 2026, el país debe afrontar compromisos por 1.130 millones de dólares de capital y 1.694 millones en intereses, frente a desembolsos proyectados de apenas 863 millones. La curva de exigencia se empina dramáticamente hacia 2029, año en el que los vencimientos de capital trepan hasta los 8.066 millones. Los giros pautados por el FMI servirán únicamente como un amortiguador parcial, cubriendo cerca del 60 por ciento de los intereses hasta esa fecha.
Más allá de los gestos, las fotos y las visitas protocolares, la tensión entre el FMI y el Gobierno por los números y las medidas finales parece inevitable y la pregunta que sobrevuela la relación es si la administración libertaria deberá recurrir nuevamente a su amigo Donald Trump para aquietar las aguas y recibir la luz verde del organismo internacional.
