El gobernador estará en la última reunión del año del Consejo de Mayo para avanzar sobre el proyecto de reforma laboral que se enviará al Congreso.
Día clave en el Consejo de Mayo: define su informe final sobre la reforma labora. Alfredo Cornejo estará presente.
El gobernador Alfredo Cornejo estará este martes en Buenos Aires para una nueva reunión del Consejo de Mayo -la última del año- en la que se terminará de pulir el informe final sobre la “modernización laboral” que el Gobierno nacional enviará al Congreso.
El viaje del gobernador se da en un día clave en Mendoza ya que el Senado podría darle sanción definitiva al proyecto PSJ Cobre Mendocino y otras iniciativas vinculadas a la minería.
Los integrantes del Consejo de Mayo debatirán sobre la reforma laboral que el Gobierno nacional planea enviar al Congreso dentro del paquete de proyectos de “modernización” que surgieron del Pacto de Mayo.
El encuentro está previsto para las 13.30 en Casa Rosada y será la instancia en la que los seis consejeros ajusten los últimos detalles del informe final que el Ejecutivo utilizará como base para definir el texto que llegará a los legisladores, en el marco de las sesiones extraordinarias.
Según el borrador que empezó a circular entre los consejeros, el proyecto de reforma laboral prevé una modificación integral de la Ley de Contrato de Trabajo y normas complementarias, con tres objetivos declarados: reducir la litigiosidad, promover el empleo registrado y adaptar las reglas laborales a los nuevos modelos productivos.
Uno de los puntos centrales es la creación de un Régimen de Promoción del Empleo Registrado, que permitiría a las empresas regularizar personal no registrado o mal registrado. A cambio, se ofrecería condonación de deudas previsionales, multas e intereses, además de la baja del REPSAL para quienes blanqueen la totalidad de los trabajadores alcanzados.
El borrador también propone centralizar la registración laboral en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y eliminar el capítulo de multas por trabajo no registrado. De todos modos, mantiene que la falta de registración seguirá siendo una presunción favorable al trabajador en caso de conflicto judicial.
Otro eje sensible es el régimen indemnizatorio: se redefine la base de cálculo, fija topes equivalentes a tres veces el salario promedio del convenio aplicable y establece un piso del 67% del salario normal y habitual. Además, habilita a los convenios colectivos a reemplazar la indemnización por despido por un fondo de cese laboral sostenido por los empleadores.
El documento preliminar incluye, además, cambios en el artículo 212 sobre enfermedades y accidentes laborales, con nuevos criterios para la reincorporación del trabajador y distintos esquemas de indemnización según el tipo y grado de incapacidad.
La propuesta oficial incorpora un capítulo específico para los repartidores de plataformas digitales, a quienes define como “trabajadores independientes”. El esquema fija obligaciones fiscales y de seguridad social, pero también reconoce derechos como la posibilidad de rechazar pedidos sin justificación y el derecho a recibir explicaciones en caso de bloqueos o sanciones en la aplicación.
En cuanto a la negociación colectiva, el borrador refuerza la obligación de las partes de negociar de buena fe, prevé sanciones para quienes entorpezcan el proceso e incorpora mayores exigencias de transparencia en la información económica que las empresas deben aportar a los sindicatos.
Otro punto clave es la nueva fórmula de actualización de créditos laborales, basada en IPC más un 3% anual, y la fijación de límites para las causas en trámite, con la intención de evitar indemnizaciones significativamente superiores a las que surgirían del nuevo esquema. A esto se suman beneficios fiscales temporales —como reducciones en contribuciones patronales— para incentivar la contratación de nuevos empleados registrados.
Tras la reunión de hoy, el Gobierno nacional terminará de definir el texto que enviará al Congreso como proyecto de “modernización laboral”.
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