El proyecto fue presentado por diputados del PRO y establece plazos obligatorios para incorporar infraestructura de carga rápida. También busca desregular la comercialización de energía para vehículos eléctricos y fijar metas nacionales de electromovilidad.
Proponen una ley que obligaría a las estaciones de servicio a instalar cargadores para autos eléctricos
La expansión de los vehículos eléctricos en Argentina podría dar un paso importante si prospera un proyecto de ley presentado en el Congreso Nacional que obliga a las estaciones de servicio de todo el país a incorporar cargadores rápidos para este tipo de unidades.
La iniciativa, impulsada por un grupo de diputados nacionales del PRO, propone transformar progresivamente la red de expendio de combustibles en una infraestructura clave para el desarrollo de la electromovilidad. Para ello establece obligaciones concretas para las estaciones de servicio, plazos de adecuación y nuevas reglas para la comercialización de energía destinada a la carga de vehículos eléctricos.
El proyecto lleva las firmas de los legisladores Cristian Ritondo, María Florencia De Sensi, Javier Sánchez Wrba, Martín Ardohain, Antonela Giampieri, Alejandro Finocchiaro, Fernando De Andreis y Emmanuel Bianchetti.
La propuesta fija un esquema escalonado según el volumen de ventas de cada estación de servicio. Por un lado, aquellas que despachen más de 500 metros cúbicos mensuales de combustibles líquidos o GNC deberán instalar, en un plazo máximo de 18 meses desde la eventual promulgación de la ley, al menos un cargador rápido en corriente continua con una potencia mínima de 50 kW.
En tanto, las estaciones que superen los 1.500 metros cúbicos mensuales de despacho estarán obligadas a contar con dos puntos de carga rápida de al menos 150 kW cada uno.
La iniciativa no diferencia entre estaciones tradicionales y aquellas dedicadas principalmente al expendio de GNC, por lo que las exigencias alcanzarían a todo el sector.
Uno de los aspectos más novedosos del proyecto es que define al servicio de carga de vehículos eléctricos como una actividad independiente de la distribución eléctrica tradicional.
Esto permitiría que los operadores privados comercialicen energía para la recarga de vehículos sin necesidad de obtener concesiones especiales del sistema eléctrico, habilitando distintos modelos de negocio.
Entre las modalidades previstas aparecen:
La propuesta apunta a generar un mercado más flexible y atractivo para incentivar inversiones en infraestructura de carga.
El texto también incorpora herramientas de gestión inteligente de la demanda eléctrica. Aquellos operadores que administren más de diez conectores simultáneos deberán implementar sistemas que permitan distribuir la potencia disponible, equilibrar consumos y responder a señales del sistema eléctrico.
Además, el proyecto abre la puerta a la futura incorporación de tecnología Vehicle-to-Grid (V2G), que permite que las baterías de los vehículos eléctricos devuelvan energía a la red en momentos de alta demanda.
Según los impulsores de la iniciativa, este tipo de herramientas serán fundamentales para acompañar el crecimiento del parque automotor eléctrico sin generar sobrecargas en la infraestructura energética.
Otro de los ejes del proyecto busca simplificar los trámites para instalar cargadores eléctricos. La propuesta limita la documentación que podrán exigir municipios y provincias para habilitar puntos de carga superiores a 22 kW y establece plazos máximos para otorgar autorizaciones.
Incluso incorpora la figura del "silencio administrativo positivo", lo que significa que si la autoridad competente no responde dentro del plazo previsto, la habilitación quedará automáticamente aprobada.
La iniciativa también fija objetivos de largo plazo para impulsar la transición hacia la movilidad sustentable.
Entre las metas previstas figura alcanzar al menos 2.500 puntos de carga públicos o semipúblicos operativos en todo el país para 2030.
Hacia 2035, el proyecto plantea continuar ampliando la red federal de carga y aumentar progresivamente la participación de vehículos sustentables dentro del mercado automotor argentino,que hoy representa el 10%.
Aunque la iniciativa recién comenzó su recorrido legislativo y deberá atravesar el debate en comisiones y ambas cámaras del Congreso, marca un nuevo intento por dotar al país de un marco normativo específico para el desarrollo de la electromovilidad, un sector que avanza a nivel mundial y que en Argentina todavía enfrenta desafíos vinculados a infraestructura, inversiones y adopción tecnológica.