La iniciativa de Griselda Petri apunta a restringir medidas generales sobre bienes y priorizar embargos específicos para evitar impactos desproporcionados en contribuyentes.
La propuesta establece cambios en el Códico Procesal Civil de Mendoza.
Imagen generada con Inteligencia ArtificialLa diputada provincial Griselda Petri (UCR) presentó un proyecto de ley para modificar el régimen de medidas cautelares en los juicios de apremio en Mendoza, con el objetivo de limitar el uso de la inhibición general de bienes y evitar efectos desproporcionados sobre los contribuyentes.
La iniciativa propone reformar el artículo 250 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario, al considerar que la normativa actual permite aplicar inhibiciones de manera casi automática, sin evaluar si existen alternativas menos gravosas para garantizar el cobro de la deuda fiscal.
Según el proyecto, la inhibición general de bienes debe dejar de ser la primera opción y pasar a ser una herramienta excepcional, aplicable solo en casos puntuales. En ese sentido, se establece que los jueces deberán priorizar embargos sobre bienes específicos o activos identificables, siempre que sean suficientes para cubrir el monto reclamado.
La reforma introduce criterios explícitos de proporcionalidad, razonabilidad y menor restricción posible, en línea con principios constitucionales vinculados al derecho de propiedad y al ejercicio equilibrado del poder estatal.
En los fundamentos, se advierte que el esquema vigente termina afectando la actividad económica, el acceso al crédito y el normal funcionamiento de empresas, comerciantes y profesionales, incluso en casos donde la deuda podría garantizarse con medidas más acotadas.
El texto propuesto establece que la inhibición general de bienes solo podrá dictarse en situaciones excepcionales, entre ellas:
Además, se exige que toda resolución judicial que disponga esta medida debe estar debidamente fundamentada, bajo pena de nulidad, justificando por qué no se optó por una alternativa menos restrictiva.
Uno de los cambios centrales es que la inhibición tendrá un plazo máximo de 90 días hábiles, con revisión obligatoria por parte del juez. Solo podrá prorrogarse una vez, mediante resolución fundada.
A su vez, el proyecto habilita al contribuyente a solicitar en cualquier momento la sustitución de la medida por otras garantías, como:
El juez deberá resolver ese pedido en un plazo de cinco días hábiles.
En los fundamentos, Petri sostiene que el esquema vigente desnaturaliza el proceso de apremio, al transformar una herramienta de cobro en un mecanismo de presión.
“La finalidad del Estado debe ser cobrar lo que corresponde, no paralizar la vida económica de los mendocinos. Las medidas cautelares tienen que ser razonables y proporcionales”, afirmó la legisladora.
También se advierte que la aplicación generalizada de inhibiciones puede bloquear la posibilidad de vender bienes, acceder a financiamiento o sostener actividades productivas, incluso sin que el contribuyente haya podido discutir la deuda.
El proyecto no elimina la posibilidad de aplicar medidas cautelares en favor del Estado, sino que busca ordenar su uso bajo criterios más claros y coherentes con el propio Código Procesal.
En ese sentido, se remarca que la reforma recupera el carácter subsidiario de la inhibición, ya reconocido en la doctrina y en otras normas procesales, donde esta medida solo se utiliza cuando no hay bienes suficientes para embargar.
Según la autora, el objetivo es lograr un sistema tributario más equilibrado, que combine eficacia recaudatoria con respeto por los derechos de los contribuyentes, evitando distorsiones que afectan la credibilidad del esquema fiscal.